Chihuahua, Chih.

Rezuman ambición, gobiernistas y opositores. 

No bien terminan de calificar las elecciones de junio pasado, cuando ya, unos y otros, en Chihuahua, se aprestan a la siguiente parada electoral.

Henchidos de amor “por el pueblo”, le pusieron los aparejos (o, más seguramente, alguien lo hizo por ellos) a sus caballos y corrieron velozmente, a bordo de sus vehículos -probablemente todos oficiales- a montarse para tomarse la foto en el cierre de la cabalgata villista, allá en el Parral de los amores del afamado general, quien sigue convocando a tanto político.

¿Cuántos votos y simpatías generará esa manifestación ‘villista’?

Y si esa es la conducta de la clase política en la ‘aldea’ local, (según la definición de Javier Corral) otra, acaso más ambiciosa, es la de la nueva clase política hegemónica. 

Ambiciona obtener algo que los votos de los ciudadanos no les otorgaron, pero como son los que ahora «mandan», por la fuerza de la coacción, del hostigamiento y el acoso, intentan alcanzar.

¿Es válido que los alcaldes promuevan los supuestos logros de sus administraciones?

¿Es válido que un ciudadano común promueva su imagen en los medios y en diferentes formas de anuncios?

Pues, sí, en ambos casos, pero, en todo caso, los funcionarios públicos deberán sujetarse a lo que dice la ley, y ésta especifica que no debe hacer promoción personal de su gestión (aunque el presidente López Obrador lo hizo a lo largo de todo el sexenio, y no hablo de las ‘mañaneras´, sino de los spots de radio y televisión que, siempre, lo mencionaron por su nombre) y que, llegado el momento, los organismos electorales deberían cuantificar la publicidad y sumarla a los gastos de campaña o precampaña.

Si rebasara los montos asignados, podrían hasta perder la candidatura.

Todo eso dice la ley, que fue violada una y otra vez por el partido en el gobierno y ahora, destacadísimos integrantes de la oposición en el país, -gobernantes en lo local- señaladamente el alcalde deliciense, Jesús Valenciano, promueve sus obras gubernamentales en Juárez y Chihuahua.

Ello fue elogiado por la gobernadora Maru Campos y no solamente, incitó a que otros aspirantes al gobierno lo hicieran de manera semejante,  «Está muy bien, yo celebro que promuevan el trabajo que se está haciendo porque como lo dije en un principio, luego no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay detrás para pavimentar una calle o para tener un centro deportivo. Enhorabuena al alcalde Valenciano que promueve lo bien que se está haciendo… Esto es de competencia, a ver quién trae las pilas más puestas, las Duracell o las Energizer…». (Nota de Pedro Fierro, Tiempo, 16/7/24).

Nada más que si eso se hace con dinero público, entonces estamos frente a la probable comisión de un delito y eso nadie debe convalidarlo.

Lo anterior pasa por alto algo muy importante: Quien cometió aquel titipuchal de ilegalidades era el partido en el gobierno. Ahora es el partido hegemónico. Al paso de los días nos iremos dando cuenta del enorme cambio de calidad ocurrido en el país a partir del 2 de junio.

Porque Morena no sólo ganó las elecciones, sino que ahora -de López Obrador hacia abajo- actúan como si el marco legal no existiese, o si lo hay, entonces debe aplicarse solo en su beneficio.

De ahí el déjà vu que muchos sentimos el pasado miércoles, cuando la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, emuló a sus antecesores del priato -entre 1946 y 1988- que eran quienes determinaban, porque formaba parte de sus funciones y facultades, el resultado de las elecciones y, por tanto, quienes serían los nuevos funcionarios federales.

Ese día, por instrucciones presidenciales (así se decía antes, en esa época, para los que no lo saben) Alcalde dió a conocer cuántos diputados federales alcanzaría cada uno de los partidos.

Esa facultad, constitucionalmente, está reservada a los organismos electorales.

Toda la faramalla que soltó fue para justificar dos cosas: Primero, que Morena y su bloque sí alcanzaron la mayoría calificada y, segundo, que la «oposición busca aplicarle la cláusula de sobrerrepresentación a Morena y partidos aliados para evitar que se apruebe la reforma al Poder Judicial».

Del mismo modo se le podría argumentar el caso contrario: Morena no quiere que se le aplique esa cláusula, porque quieren reformar el poder judicial a como ellos pretenden.

Toda la discusión ha girado acerca de si se le debe aplicar tal cláusula, por igual, a partidos y coaliciones, o sólo a los primeros, más allá si participaron en coalición.

En 1998, el presidente del Comité Nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, impugnó que no se le aplicara a las coaliciones, como pretendía el PRI. El tabasqueño alegó que no hacerlo rompía con el principio buscado por el Constituyente, de otorgar la más alta representación proporcional en la cámara y que no considerar que la sobrerrepresentación -alcanzada por las coaliciones- rompía con es principio.

El asunto fue resuelto por unanimidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la propuesta de la entonces ministra, Olga Sánchez Cordero, la primera secretaria de Gobernación de AMLO: Deben considerarse las coaliciones como si fueran un solo partido en las asignaciones de diputados plurinominales.

Hoy están con los papeles intercambiados.

Cosas de la vida… y de los políticos mexicanos.

Pero ¡Oh! Cosas de los números.

En una conversación coincidente entre el escribiente y el abogado José López Villegas, quien, entre otras cosas, ha sido representante del PRI en los órganos electorales, arribamos a conclusiones terroríficas para el morenismo:

Incluso, sin considerar las coaliciones, la 4T ‘reloaded’ no alcanza la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Hay un hecho incontrastable: Los morenistas alegan que hacer la reforma judicial es un «mandato popular».

Sólo que para hacerla se requieren 2/3 partes de senadores y de diputados.

Noticia: En ninguna de las elecciones los candidatos del bloque oficial alcanzaron los dos tercios de la votación. 

Ni Claudia en la presidencial (61%), ni los diputados de Morena-PT-PVEM (58.32%), que son los porcentajes válidos para asignar cargos, después de descontar los votos nulos y los de los partidos que no alcanzaron el 3%.

La Constitución establece que se deben otorgar los diputados pluris en el número necesario para alcanzar la debida representación proporcional y que no rebasen el 8% de sobrerrepresentación. 

Si un partido obtuvo el 50% de los votos, no puede tener más del 58% de los diputados. Pero no es obligatorio darles diputados hasta que alcancen el 8%.

Aún más, la asignación de diputados se hace del partido con más votos, al que obtuvo menos.

Pero Alcalde dijo: «De acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada».

Según ella, Morena tendría 161 diputados por los distritos ganados (equivalente al 32.2% de los diputados) y de acuerdo con sus cálculos, le añadirían 87 plurinominales dando un total de 248, con lo que llegaría al 49.6% de los diputados, habiendo obtenido el 43.4% de la votación.

Aquí aparece el primer cuestionamiento ¿De dónde sacan esos números si Morena, como partido obtuvo el 43.54% de la votación y para que esa sea la cifra de diputados sólo debería tener 217 y no los 248 ambicionados por Alcalde.

Cosa semejante pasa con PT y PVEM.

El PT ‘ganó’ 38 diputados por mayoría, equivalente al 7.6% de los diputados, pero su votación fue del 5.8%. Ya está suficientemente representado.

Se le asignarían más diputados después de terminar las rondas de todos los demás pues fue el partido con menor votación, pero AMLO pretende que se le asignen 12 pluris.

A su vez, el PVEM, que ganó 57 diputaciones, equivalentes al 11.4%, por lo que ya no debiera recibir más diputaciones pues obtuvo el 8.95% de la votación y la 4T quiere que se le otorguen 18 más, sin más explicaciones que esa es la cifra ‘presidencial’.

Así, el bloque gubernamental estaría conformado por 217 de Morena, 32 del PT y 57 del PVEM, para un total de 306, lejos de los 334 necesarios para contar con mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Todo lo anterior sin entrar a la discusión de si las coaliciones debieran ser tratadas como si fueran partidos.

A su vez, el PAN, que ganó 32 distritos, equivalentes al 6.4% de la votación, debería recibir 58 pluris, para contar con 90 diputados, equivalentes al 18%, número semejante a la votación alcanzada, que fue del 18.02.

Luego, el PRI, que ganó 9 distritos, debería recibir 50 diputados y alcanzar 59 en total, que equivalen al 11.8% de los diputados y que es la votación alcanzada (11.87%).

Finalmente, Movimiento Ciudadano, que obtuvo el 11.65% de la votación debiera contar con 58 diputados, 57 pluris, más el que ganó de mayoría relativa.

Así, la Cámara se compondría (hipotéticamente) de 306 diputados de la 4T, 90 del PAN, 59 del PRI y 58 de MC.

Las cifras anteriores arrojan un total de 513 diputados, que se ajustarían con base en las complicadas fórmulas contenidas en la ley (que aquí se simplificaron, sin que falte a lo señalado por la ley) y que, primero en el INE, y luego en el TEPJF, las ajustarían.

Si lo hicieran con el criterio de otorgar la mayor representación proporcional en la Cámara, que represente mejor la decisión ciudadana, sería más probable que le disminuyeran pluris a todos los seis partidos, y si hubiese un sesgo progubernamental, entonces PAN, PRI y MC tendrían menos, pero sería un despropósito que a la 4T le adjudicasen los 13 ‘sobrantes’.

De todos modos, 306 más 13 no hacen mayoría calificada; para alcanzarla se necesitan 334. Se quedarían a 11 diputados de obtenerla.

La 4T obtuvo el 58.32% de la votación, de ninguna manera el 66%. Tal porcentaje equivaldría a 291 diputados ¡Pero López Obrador quiere que el INE le otorgue 373 diputados, equivalentes al 74.6% del total de los que integran la Cámara!

Pura ambición, y de las buenas, como la de los ‘villistas’ de Chihuahua.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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