Chihuahua, Chih.

Pocos temas como el de los proyectos de alumbrado (antes, el de Juárez, y ahora, el de Chihuahua) sirven para ilustrar la verdadera naturaleza hacendaria-autoritaria del régimen (incluido el actual período gubernamental, encabezado por López Obrador) diseñado para ejercer a plenitud el presidencialismo.

Todo está hecho para que los ciudadanos y las instituciones deban rendir culto y pleitesía al titular del Poder Ejecutivo. Y deben hacerlo porque el presidente es el cuasi propietario del presupuesto federal.

No sólo, es el principal recaudador que deja a los estados y municipios prácticamente en la inopia.

En números cerrados, el gobierno federal ejerce el 80% de los ingresos nacionales, los estados el 19 y los municipios el 1% restante. En aquel 80 por ciento van incluidos el Poder Legislativo, el Judicial y el resto de los organismos autónomos.

De ese modo, los municipios, incluidos los de mayor presupuesto, están prácticamente a merced, -para acometer las obras mayores necesarias para sus gobernados- o del presidente y sus dependencias, o del endeudamiento, o el de la concesión y la inversión público-privada.

No hay margen para que de las finanzas municipales se emprendan, por ejemplo, la rehabilitación del alumbrado público, o de la pavimentación de las extensas áreas populares que no cuentan con este servicio.

No sólo eso, tampoco tienen los recursos suficientes para proveer de una adecuada atención (rehabilitación y mantenimiento) de los espacios públicos (lo que debiera incluir el personal encargado de la atención social, promotores deportivos, culturales, etc.), ya fueren parques, instalaciones deportivas y/o culturales.

¿Es un problema solamente de las ciudades mayores de Chihuahua?

No, a donde volteemos la vista, las ciudades, de medianas hacia arriba, tienen graves problemas de pavimentación, ya sea de mantenimiento de la carpeta asfáltica de las principales y más céntricas vías, o de las colonias de la periferia. A esa generalidad se escapan solamente algunas calles y avenidas de las más céntricas de las ciudades.

¿Por qué?

Por el pacto hacendario, inamovible para los partidos del antiguo régimen gubernamental y que el gobierno de López Obrador está obligado a cambiar, si desea efectuar las profundas transformaciones anunciadas; si es así, deberán cambiar las reglas, tanto de la distribución de lo recaudado, como de la recaudación.

No sólo eso, si se desea obtener una mayor recaudación y llevar a que “los más ricos paguen más impuestos” está obligado a proponer y obtener una reforma fiscal que derogue el régimen de consolidación fiscal, por medio del cual los más grandes empresarios, entre los que se cuentan algunos de los asesores presidenciales, eluden el pago de más de 400 mil millones de pesos anuales.

¿Todo lo anterior tiene que ver con el proyecto anunciado por la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, y del muy probable del de Juárez?

Mucho.

Bajo el esquema hacendario actual, con el marco jurídico vigente en materia de endeudamiento y con el monto presupuestario existente para estos municipios (y los semejantes en el país), las administraciones municipales, si desean emprender la rehabilitación total del alumbrado público no tienen más opciones que la propuesta por el equipo encabezado por Campos, que es el de la concesión para obtener lo anterior, sin invertir más recursos que los empleados anualmente a través de los ingresos del Derecho de Alumbrado Público (DAP) y las aportaciones que se hacen del presupuesto municipal.

¿Que es semejante al esquema de la bursatilización? Sí. Porque se comprometen ingresos propios, pero que tienen un destino ya presupuestado que es el de pagarle a la CFE el consumo de energía y lo restante, emplearlo en el mantenimiento del alumbrado.

Sin duda, la mejor vía sería mediante un empréstito de la banca oficial. Tal opción tropieza con la ley de Disciplina Financiera que lo impide y la escasez de recursos de la banca gubernamental para apoyar semejante proyecto.

Así, las opciones se reducen a no cambiar el alumbrado público, o hacerlo a través de esquemas como los propuestos por los alcaldes de Juárez y Chihuahua, en tanto no cambien el esquema hacendario y el régimen fiscal que le permita a la federación obtener más recursos del gran empresariado, y a estados y municipios aumentar sus ingresos por las vías señaladas.

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