Chihuahua, Chih.

¿Qué hizo convertirse a un Frente Amplio Progresista en una alianza que pretende “hacer historia” con ultraconservadores?

El 24 de enero de 2012, Andrés Manuel López Obrador visitó Ciudad Juárez para presentar la agenda de género (que se pretendía fuera), donde además se leyó el manifiesto de las mujeres progresistas en el auditorio de la UACJ, en el cual se reconoció la situación de emergencia nacional y que, con fundamento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se hizo la declaratoria -aunque simbólica- de la Alerta de Género Nacional.

En aquel momento, se consideraban apenas 26 puntos trabajados, dicha agenda estaba programada para presentarse el 8 de marzo siguiente. Jamás alcanzó a ver la luz.

En la visita a AMLO le acompañaban mujeres líderes de varios sectores sociales, pero se puso especial énfasis en las académicas e intelectuales, que al cuestionarles de modo personal la postura del ex jefe de gobierno sobre el derecho a decidir (interrupción legal del embarazo), aseguraron que solo era cuestión de números, que no sería posible la presidencia si abiertamente se declaraba a favor de la postura porque la misoginia en este país le haría perder simpatías y votos; “nomás que gane, luego le exigimos y se posicionará”.

Sonaba lógico; como feministas todas, sabíamos de las resistencias que enfrentamos las mujeres para ser reconocidas como sujetas de derechos en ejercicio pleno de nuestra autonomía.

Al paso de los años (en campaña o no) Andrés Manuel insistió en lo mismo. Decía respetar todas las opiniones y que dichas decisiones serían sujetas de consultas públicas nacionales; como si en una suerte de no querer comprometerse por sus dichos, pareciera pretender dejar una decisión gubernamental y su poder de incidencia frente al legislativo como eventual titular del ejecutivo federal en manos de la ciudadanía para que se confrontara en temas que requerían la contención que la voluntad política otorga cuando se trata del reconocimiento de derechos fundamentales.

Ni en el peor de los escenarios posibles, era de imaginarse lo que se presentaría.

El pasado 18 de junio con la Firma del Pacto de Unidad se hizo evidente lo que sería la pragmática estrategia de Morena para ganar la presidencia del país. Así, personajes tan cuestionables como Jaime Beltrán del Río, Víctor Valencia de los Santos, Héctor Barraza y Cruz Pérez Cuellar fueron protagonistas del repudio de las bases que a todas luces, rechazaban replicar prácticas de los partidos “de siempre”, porque integrar a sus filas a reconocidos operadores priistas y mapaches de conocida militancia panista, algunos asociados con el duartismo, resultaba inconcebible para quien había construido con trabajo y esfuerzo un instituto político diferente con valores como la integridad.

Bertha Luján, presidenta del consejo político en entrevista radiofónica en Aserto, confirmó que eran necesarias estas las alianzas para ganar la presidencia con un amplio margen, de tal suerte que no fuera posible un fraude electoral por diferencias porcentuales en los resultados finales de la elección.

Hace unos días supimos que la designación de la fórmula para contender al senado recayó en la maestra e investigadora Bertha Caraveo y en Cruz Pérez Cuellar, ex líder panista de pensamiento y praxis ideológica conservadora y operador del duartismo.

Al día siguiente, el líder de Morena y ahora único precandidato a la presidencia, firmaba un pacto para ir en alianza con el Partido del Trabajo y el del Encuentro Social.

La respuesta no pudo ser peor. Las reacciones adversas se sumaron a las del anuncio de un día anterior. Morena, de supuesta agenda progresista, se sumaba a un partido que tiene como plataforma política cancelar los derechos de personas que no coinciden con su agenda moral cristiana, entre ellos, la comunidad LGBTTI y las mujeres.

Las contradicciones no son pocas. Parte del movimiento feminista que acompañó a AMLO desde el 2006 y que veía la posibilidad de, al fin, -con un gobierno incluyente- se reconociera la interrupción del embarazo como un derecho a ejercerse en todo el país o aprobar el matrimonio igualitario como un pacto civil que iguala los derechos y responsabilidades de las uniones entre personas del mismo sexo, ve derrumbarse esa posibilidad. Otra, es que a pesar de ahora proponer algo así como una amnistía con los grupos del crimen organizado para detener la guerra contra el narco, se ha opuesto de modo permanente a la legalización de las drogas, empezando por la mariguana.

Y es que, para fines prácticos, la alianza en costos reales implica que, de las 150 candidaturas por mayoría relativa, 75 distritos son para el PES y el PT. Para el Senado, 32 también por la misma vía, 16 son para los aliados de Morena según datos del Reforma.

Es decir, de nada sirve tener un gabinete paritario (como el que fue dado a conocer ayer) si se tienen parlamentos en contra. Ahí es donde las alianzas descolocan las incompatibilidades ideológicas. Es decir, las controversias entre las agendas progresistas, como la feminista y la perspectiva de género, se enfrentarán a la visión de la supuesta “ideología de género” porque ahí donde algunas personas vemos el ejercicio de derechos, otras, ven la posibilidad de legislar de modo regulatorio y prohibicionista elecciones íntimas y personales.

El avance del PES y su incremento en las bancadas legislativas nos enfrenta a retomar discusiones que ya no deberían caber en una sociedad democrática, por ejemplo, qué es un derecho y cuál es su delimitación.

Para muestra un botón: en el Congreso local, el diputado Israel Fierro gestionó y enfrentó lo necesario para hacer albergar en el recinto que representa uno de los poderes del estado de carácter laico, la presentación del libro negro que es el supuesto “marco teórico” de la “ideología de género” auspiciándose en el derecho a la libertad de expresión cuando es ampliamente sabido (apegándonos al texto constitucional) que este no ampara discursos de odio.

Imagine cuando la bancada de derecha ultraconservadora crezca y así obtenga más poder de gestión e incidencia al legislar, también el retroceso en materia de derechos humanos que eso implicaría; se anularían ganancias históricas conseguidas con las luchas por la autonomía, democracia y libertades.

Y eso, gracias al patrocinio de Morena.

marielacastroflores.blogspot.mx

@MarieLouSalomé