Chihuahua, Chih.

La preocupación se ha asentado en los hogares de Chihuahua: La oleada violenta presentada en prácticamente toda la entidad y ya adquirió niveles de extrema gravedad.

Tiene características diferentes a la presentada en 2008-2011. Quizá los resultados no sean, aún, los de aquella, pero el hecho de que aumente la frecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados, cada vez más numerosos, hasta el grado de poseer la capacidad de mantener bajo su control a poblados enteros de las dimensiones de Uruachi, Las Varas, Madera, Gómez Farías y Zaragoza; y de que sus enfrentamientos, incluso los ocurridos en zonas tan cercanas al centro del estado, como lo es el corredor Cuauhtémoc-Rubio, concita aún más preocupación pues denota dos cosas: La fuerza de los grupos armados y, al contrario, la debilidad del Estado mexicano para enfrentarlos.

No hay la menor posibilidad de atenuar la responsabilidad del actual grupo gobernante en Chihuahua, la tiene, y mayor, pero la crisis de seguridad pública en la entidad deberemos ubicarla, sí en el entorno nacional, pero fundamentalmente en el internacional, en virtud de la importancia que tiene Chihuahua en el trasiego mundial de las drogas.

¿Qué ocurrió diferente al pasado?

Hasta el 2011 -y hasta ahora, también- la confrontación entre las bandas criminales se caracterizaba por el ataque a mansalva de unos a otros, en operaciones con objetivos generalmente individuales y en las que lo principal era el factor sorpresa -de ahí el nombre de ejecuciones- y de ninguna manera el enfrentamiento armado, esos llegaron a ocurrir en muy pocas ocasiones, del mismo nivel que los sostenidos con las fuerzas policiales y/o militares.

Tal modelo incluyó varios episodios de ejecuciones colectivas, pero al fin y al cabo se trataba de los ajustes de cuentas entre ellos, con graves repercusiones en la sociedad, que se volvió rehén de las bandas criminales que, por otras vías intentaron, y lograron, financiar sus actividades de todo tipo.

Al tiempo que sucedía esto, sobre todo en las dos grandes urbes chihuahuenses, en el occidente de la entidad se desarrolló un cuasi control de los grupos criminales, los que impusieron a lo largo de la segunda mitad del sexenio de José Reyes Baeza y todo el de César Duarte una especie de toque de queda, especialmente en las carreteras de Cuauhtémoc a la sierra y, por supuesto, en esta parte de La Tarahumara, la de la parte central, cosa distinta a la del sur de la sierra, lo que no dejó de presentarse a lo largo de estos 9 años.

Hoy es distinto, los grupos criminales no solo efectúan toda clase de recorridos -a bordo, a veces, de decenas de camionetas pick up’s modificadas para alojar armamento superior a los “Cuernos de Chivo”- y establecen retenes en una zona que abarca Bachíniva, Cuauhtémoc, Namiquipa, Rubio, Madera y Uruachi, a la carretera entre Parral y Jiménez.

Y sus incursiones suelen conformarse de cientos de hombres, muchos de ellos originarios de las zonas de conflicto.

Además, en abierto contraste al pasado, ahora se enfrentan decenas -y a veces cientos- de integrantes de una banda contra números semejantes de las otras, llegando, en momentos, a conformarse una abierta guerra de “posiciones”, en el lenguaje típico de los conflictos bélicos. Ya no se trata de una ejecución, seguida por otra del grupo contrario, ahora es un abierto enfrentamiento armado, que llegan hasta las 8 horas de duración, como el de Uruachi.

Frente a este escenario, lo realizado por las autoridades es deprimente.

No hay, hasta ahora, un mensaje del gobernador Javier Corral en el que aborde expresa y extensamente el tema; no hay, ni siquiera, un llamado a la calma a la sociedad, no aparece el gobernante preocupado por el bienestar de sus gobernados.

Al contrario, el silencio y la inactividad pública son los rasgos principales de los últimos días, al grado que el último acto público sea el celebrado en la colonia Laderas de San Guillermo, municipio de Aquiles Serdán el miércoles anterior y luego, según algunas notas periodísticas, el traslado a la Ciudad de México a efectuar previsibles reuniones previas a la del Consejo Nacional de su partido, el PAN.

No hay mejor escenario en la relación con las fuerzas federales. El titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Oscar Aparicio, reportó que ante su petición de auxilio a las fuerzas armadas, para acudir al enfrentamiento de Uruachi, la respuesta fue que no había los elementos necesarios.

Sostenido en muchísimas ocasiones por infinidad de actores, de todas las áreas, el rechazo a la participación militar en el combate al tráfico de drogas y en general al crimen organizado, por ser actividades, no sólo distintas, sino contrarias a la función militar, hay momentos en los que la participación de las fuerzas armadas son necesarias para prevenir “graves perturbaciones al orden público”, como es el caso, amén de la PGR, en conjunto con las fuerzas policiales locales, pero bajo el más estricto respeto al Estado de Derecho y la vigilancia de organismos derechohumanistas, tanto nacionales, como internacionales, para hacer frente a la situación de extrema gravedad en el occidente de Chihuahua, de Cuauhtémoc a las regiones aledañas.

No sólo debería pensarse en un operativo policial, amplias zonas han quedado devastadas económicamente -amén de la migración que de a poco se empieza a presentar- lo que requiere la más amplia participación del gobierno del estado y el de la república que haga posible enfrentar las gravísimas condiciones de pobreza y desigualdad social presentes en la zona.

No deja de ser paradójico que en ellas se asienten algunas de las empresas mineras más prósperas de Canadá -y del mundo-, especializadas en la explotación del oro de Chihuahua, y que sus actividades expoliadoras las desarrollen en medio de un acentuado clima de violencia y miseria.

Por otra parte, es de tal magnitud el conflicto -al momento de redactar estas notas llegan las informaciones de otros enfrentamientos en los municipios de Buenaventura e Ignacio Zaragoza- que vuelve no creíble el argumento que los grupos criminales se disputan el mercado local del “cristal”.

No tiene tantas dimensiones el consumo y el nivel de adicciones en Chihuahua -aunque no deja de preocupar el incremento de cristal, sobre todo en las capas económicas más bajas- y fortalecería la convicción de estar frente a un nuevo episodio de los enfrentamientos de los más poderosos grupos del narcotráfico por el acceso al mercado de EU.

De ahí la pertinencia de las aseveraciones de la Coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia, Astrid González, quien, junto a otros actores sociales de Juárez, expresen su preocupación por los conflictos en la sierra: “La narcoguerra que se vive en la Sierra podría trasladarse de nuevo a esta ciudad (Juárez), que ya de por sí registra un alza en los delitos, advirtió”. (Nota de Javier Olmos, El Diario de Juárez, 20/X/17).

Además de afirmar, al igual que Edgardo Buscaglia que “No está controlado Chihuahua” en materia de seguridad, igual que otros estados donde impera el narcotráfico. (Ibídem).

Por su parte, Samuel González, “fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR (después SEIDO) y experto en seguridad”, asentó que al reconocer el Sub Secretario de Gobierno para la Zona Norte, Ramón Galindo, que la lucha de los grupos armados es por el control de las zonas, “es un reconocimiento explícito de que ha perdido (El estado) el control del territorio… Quien afirma que la violencia se da por el control del territorio está sosteniendo que el Estado no tiene el control de su propio territorio, que lo tiene la delincuencia organizada y por lo tanto se permiten luchas por pedazos del territorio”.

“El problema está en la falta de control de las instituciones y la incapacidad del Estado de tomar la ley por la mano e imponer el control de la violencia”, aseguró. (Ibídem).

Ahora bien, un aspecto, hasta ahora desdeñado por las autoridades, puede presentarse, de continuar la ola criminal como hasta ahora. En todo conflicto bélico las bajas de una parte y otra, de todo tipo, incluidas, por supuesto, las de los participantes, pero también la de la pérdida de las líneas de abastecimiento, alimentación, dinero, etc. llevará a que los beligerantes busquen resarcirse de ellas a partir de la sociedad civil.

Esa fue una de las causas del incremento de los índices delictivos a fines del sexenio antepasado y mediados del pasado, entre ellos los secuestros y las extorsiones, además del robo de vehículos, negocios y domicilios.

¿Habrán contemplado tal escenario?

Frente a todo ello, duele el silencio del gobierno del amanecer. Y la explicación del Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, -la ola de violencia “es fruto de las cosas que no se hicieron en el gobierno anterior”- no le dice nada a una sociedad alarmada, preocupada ante una situación que comienza a ser desesperante para la mayoría y que, para algunos chihuahuenses, no tan poquitos, tiene las dimensiones de una verdadera tragedia.

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