Chihuahua, Chih.

Los recientes episodios juarenses, en los que varios jóvenes han caído víctimas de los proyectiles de las armas de fuego; y luego que el pasado 8 de marzo sobreviniera una larga secuela de acciones y denuncias acerca de la creciente tendencia escolar acosadora y violentadara sexual, además de las más crecientes conductas de hostigamiento y agresiones, sobre todo escolares, -el bullying-, justamente cuando la entidad se sumerge, nuevamente, en una ola homicida, debiera llevarnos a replantearse las acciones gubernamentales acerca del entorno escolar.

El problema estriba en que recientemente, por lo menos en algunos centros escolares de educación media superior de Juárez, la frecuencia de episodios en los que las agresiones a jóvenes han escalado al nivel del homicidio con armas de fuego.

El fenómeno, presente en casi todas las culturas en el momento presente, del bullyng (exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro, o de un grupo de ellos, cuando acude a la escuela), en sociedades en las que los índices de violencia son de los más elevados del mundo, se convierte en otro factor más de los que contribuyen a elevar las cifras homicidas en Chihuahua.

Si a lo anterior se le suma la creciente presencia del tráfico de drogas, y de éstas las más baratas y de más fácil acceso, convierten a los centros escolares como lugares, no solo de mayor riesgo -especialmente aquellos asentados en las zonas de mayor tráfico de drogas y de índices de violencia- a los que la autoridad está obligada a atender de manera prioritaria, por todas las razones, y otras más a cual más de importantes, arriba expuestas, no sólo por el hecho de que se necesite efectuar las acciones necesarias para enfrentar la violencia, sino fundamentalmente porque es necesario cambiar el entorno social prevaleciente en un momento en el que un conjunto de factores contribuyen decisivamente a elevar los índices de violencia y delincuencia, particularmente en la zona fronteriza de Chihuahua.

Urge mayor atención y más compromiso a problema tan grave. 

Signo en sentido contrario a tal aspiración lo entregó el representante del gobierno del estado en Juárez, Oscar Ibáñez, quien ante los más recientes episodios en los que en dos planteles diferentes fueron asesinados dos jóvenes en los alrededores de los centros escolares, expresó que los hechos se habían suscitado en “el exterior” de los planteles, en un intento por atenuar las responsabilidades de las autoridades escolares.

No es así, de acuerdo con la ley de protección escolar, aprobada varias décadas atrás, establece que las autoridades, municipales y estatales, además de las escolares y los padres de familia, están obligadas a establecer y darle permanencia al Comité de Seguridad Escolar del plantel.

Hacerlo de ese modo -idealmente- podría detonar varias cosas positivas: Crear un ambiente extraescolar más seguro; la elevación de la participación extracurricular de maestros y padres de familia (los que pudiesen, de acuerdo a sus limitaciones de tiempo y laborales); el involucramiento de las autoridades que las llevaran, ante la sociedad, a hacer algo más que las declaraciones de que -ya se está investigando; no se volverá a presentar un episodio de esos, etc.

Probablemente, en algún lugar, en alguna escuela, en alguna colonia, tal procedimiento llevaría a evitar la muerte, la agresión o el inicio en las drogas de algunos jóvenes.

Vistas así las cosas, a lo mejor valdría la pena iniciar de este modo, o de algún otro, pero iniciar…

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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