De a poco los hechos trágicos ocurridos en los últimos meses hacen que se despierten los recuerdos de la ola homicida de los años pasados. Los recuerdos se vuelven presente dolorosamente.

Pareciera que las tragedias no nos abandonan.

Una de ellos, que marcara indeleblemente al antiguo Paso del Norte, el del feminicidio que diera origen, desgraciadamente, a la tragedia conocida como “Las muertas de Juárez”, ha regresado, no con las características de lo ocurrido entre principios de la década de los 90’s y hasta mediados de los primeros 10 años del presente siglo, pero sí acentuadamente, tanto en el número de mujeres asesinadas, como en la violencia ejercida en contra de ellas, y no sólo en los casos que llegaron al extremo de cortarles la vida, sino que tal pareciera que el fenómeno de la violencia doméstica ha crecido.

Así, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la Zona Norte, fueron asesinadas 57 mujeres de octubre a mayo, por lo que “se cuadruplicaron durante los primeros cinco meses del año, comparado con el mismo período de 2006”, de ellas, 34 fueron asesinadas en la zona norte del estado. (Nota de Staff, El Diario, 28/V/17).

Sin embargo, otras informaciones precisan que son 68 feminicidios en lo que va del año, además de que hay “tres mujeres desaparecidas, por lo que se activó la segunda fase del Protocolo Alba”. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada, 26/V/17).

En Juárez también fueron encontrados restos óseos en la zona del Cristo Negro, donde en años pasados dejaron seis víctimas, aparte de que cerca había ropa femenina enterrada.

Y como antes, la impunidad es rasgo característico pues hasta la fecha, solo nueve crímenes han sido esclarecidos y sus presuntos responsables están sujetos a proceso penal, de acuerdo con un seguimiento periodístico, aunque, obviamente, ninguno ha recibido sentencia definitiva.

Por todo lo anterior, al cuestionársele al gobernador Corral acerca de estos crímenes y la aplicación de la “alerta de violencia de género contra las mujeres” afirmó que no estarían en contra de que se aplicara, lo que abre el interrogante acerca de cuales serían las condiciones que esperan para empezar su aplicación; está claro que la situación lo requiere pues es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tal medida consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. (Artículo 22 de la Ley de Acceso).

No hay margen a la duda, de acuerdo con la ley, la violencia feminicida es una forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y/o privado y “está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”. (Artículo 21 de la Ley de Acceso).

En la procuración de justicia, y más en este tipo de situaciones, la actuación oportuna de la autoridad es indispensable, precisamente por la dimensión de la tragedia, razón por la que no hay explicación razonable que justifique el hecho de no haber iniciado los procedimientos para enfrentar a la ola feminicida que nos asola.

Aplicar la alerta de violencia de género es un asunto impostergable, urgente, debe aplicarse, ya.