
Chihuahua, Chih.
Este domingo inician las campañas para reemplazar a la mitad del Poder Judicial federal, incluidas todas las personas ministras de la Suprema Corte, decenas de magistrados y cientos de jueces federales, un total de 881 cargos.
Durarán dos meses. Habrá 3,424 candidaturas. La jornada electoral es el 1° de junio y las nuevas personas juzgadoras inician su encargo el 1° de septiembre. Asimismo, habrá elecciones de jueces locales en 19 entidades.
Nunca antes había existido una elección tan grande y, sin embargo, nunca antes había habido tanto desconocimiento de la población. Según El Financiero, el 55% de la población está poco o nada enterada sobre las próximas elecciones judiciales y al 47% le interesa poco o nada participar. Es probable que vote aproximadamente 10% de la lista de electores, de los cuales la mayoría serán votantes movilizados, principalmente por Morena y los gobernadores del país.
Pero el mayor problema democrático de este proceso es que equipara la elección de un juez con la de un diputado. Se traslada el principio de representación territorial -propio de las elecciones legislativas- al sistema judicial, sin atender cómo funciona la jurisdicción en México. Y aquí empiezan los problemas porque -incluso- es difícil explicarlo como será evidente en los siguientes párrafos.
Un diputado representa a una población agrupada en un distrito electoral, pero un juez no "representa" a personas agrupadas en un circuito judicial. En México hay 300 distritos electorales y 32 circuitos judiciales.
En cada distrito electoral se elige a un diputado, pero en cada circuito judicial elegiremos a muchos magistrados y jueces que con frecuencia poco tienen que ver con las personas que ahí viven: de hecho, las personas a quienes atienden -los justiciables- con frecuencia viven en otras entidades o regiones.
Por ejemplo, un tribunal colegiado en materia administrativa ubicado en la Ciudad de México puede recibir asuntos presentados por personas o empresas radicados en Veracruz o Sonora por tratarse de reclamos contra el gobierno federal; o bien, un juez de distrito especializado en materia de competencia económica puede resolver asuntos que tengan que ver con sucesos ocurridos en Nuevo León o Jalisco.
Y, sin embargo, quienes elegirán a esas personas juzgadoras serán habitantes de la capital, aunque poco o nada tengan que ver con lo que hacen esos magistrados o jueces.
En una elección territorial de diputados o gobernadores los votos se depositan para candidatos con base en la información de su vida, de su obra y de su oferta de campaña. La gente sabe qué hacen (los diputados hacen leyes y los gobernadores dan seguridad).
En esta elección judicial los votantes podrán emitir muchos sufragios sin saber quiénes son los candidatos ni qué hacen ni para qué sirven (pienso en un magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial o un juez en materia de competencia).
Será como aventar papeles al aire: los ganadores no serán los que cachen más papelitos, sino quienes cuenten con el respaldo previo de la industria de la movilización.
El principio de una elección democrática es inexistente. Votar por un diputado para que haga leyes en mi beneficio es diferente que votar por un juez que solo puede hacer justicia con base en la ley.
La función de un juez no es la representación política, sino resolver conflictos entre partes con base en la ley.
López Obrador dijo que el voto popular purificaría al Poder Judicial de la corrupción y el nepotismo. Pero en este momento -días antes de que comiencen las campañas- la mayoría de los candidatos están buscando dinero para fondear sus campañas y solicitando apoyo a los movilizadores del voto, sean partidos, sindicatos, alcaldes o gobernadores.
Efectivamente, el sistema actual permitía la cooptación de jueces mediante sobornos; pero el nuevo sistema promueve la cooptación política aun antes de que empiecen las campañas.
Esta elección judicial será como jugar ajedrez sobre un tablero de damas chinas: las reglas no encajan con el terreno, y el resultado está condenado al caos.