Chihuahua, Chih.
La estafa maestra fue el nombre de una investigación periodística, una alianza entre periodistas de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, esta investigación documentó ampliamente el desvío por decenas de miles de millones de pesos, con evidencias aportadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El dinero salió de la SEDESOL, siendo titular de la misma Rosario Robles. La secretaría contrata 18 universidades públicas, las universidades subcontratan con más de un centenar de empresas privadas, la ASF descubre que gran parte de las empresas privadas no existían o no contaban con los recursos mínimos de personal, ni de capital, ni de tecnología, para presentar resultados de los contratos que les fueron adjudicados.
Toda esta forma de operar, que pudiéramos denominar: delincuencia organizada institucional, se diseñó así, para robar a la nación, evitando el proceso de licitación, puesto que la misma ley federal de adquisiciones autoriza a la adjudicación directa de contratos sin licitación, en los casos en que ambas partes, quien otorga el contrato y a quien se le adjudica, forman parte del gobierno.
Cuando se inició a cuestionar públicamente este artificioso procedimiento para robar a la nación: Enrique Peña Nieto, siendo Presidente de la República, en el año 2013 afirmó: “Rosario Robles (ex Secretaria de Desarrollo Social y ex Coordinadora del Gabinete para el México incluyente), ha sido últimamente muy atacada por las acciones que ella coordina en la cruzada nacional contra el hambre, no te preocupes Rosario…”
Solamente en este programa, supuestamente para combatir el hambre, la ASF detectó desvíos por cerca de 1,000 millones de pesos.
Un periodista con buena fama pública: Ricardo Rafael, afirma que el juez a cargo del proceso contra Rosario Robles, tiene buena trayectoria, es un juez honesto. El ordenar la prisión preventiva por 2 meses para que la Fiscalía fortalezca el expediente, es un buen principio, sin olvidar que las mañosas leyes vigentes en México, buena parte fueron redactadas no con el objeto de perseguir a los corruptos, sino de consolidar la impunidad, el delito por el cual se acusa a Rosario: ejercicio indebido de funciones, no es un delito grave, y por lo tanto eventualmente puede salir con derecho a fianza, si se da el caso que durante el proceso no se acumulen otros delitos que sí sean graves.
Propuestas a nuestros legisladores federales:
modificar la ley de adquisiciones con el objeto de obligar a toda entidad pública que contrate con universidades, a someterse al dictamen de un ente público, que verifique: 1. la capacidad de la universidad de efectuar el trabajo para lo cual fue contratada, 2. La capacidad de la empresa subcontratada, de realizar la parte que le corresponda. Todo esto previo al otorgamiento de los recursos.
otorgarle facultades a la ASF para que las investigaciones que realicen, y que presente a la Fiscalía General, la fiscalía tenga, no la opción sino la obligación de abrir una carpeta de investigación, y que en dicha investigación la ASF sea coadyuvante, para evitar que se le dé el clásico carpetazo.
Está bien combatir la corrupción en anteriores administraciones, está mejor combatir, pero sobre todo evitar, la corrupción en la presente y futuras administraciones.
Son muchas las leyes, procedimientos e instituciones por reformar, no queremos que los legisladores naden de muertito, los necesitamos cambiando todo lo que tengan que cambiar, que lo legislen bien y rápido.
El combate a la corrupción, consigna principal de Andrés Manuel en campaña, y ahora como Presidente, solo será creíble en la medida que –ahora sí– se encarcele a las ballenas de la corrupción.
No solamente a los charales.
