Chihuahua, Chih.

“Águila, no pierdas tu tiempo

 tratando que te enseñe a volar una tortuga.”

Jodorowsky

La descalificación es un arma política usada y tolerada, es parte del juego. Por eso es infrecuente que los dimes y diretes lleguen a los tribunales para sancionar el vituperio. Para eso hay una arena específica reconocida, la de los medios de comunicación, la prensa.

Cuando se llega al gobierno con un proyecto claramente definido y expuesto, sin importar su orientación, es normal la reacción de quienes encuentran afectados sus intereses personales con el proyecto en curso. Después de varios decenios concentrados en adelgazar los derechos sociales, las urnas decidieron ponerle fin a esa política y se levantó la animadversión de los que resultaron afectados por el cambio de sentido. 

Una muestra clara de hacer patente el desacuerdo es formulando afirmaciones sin sustento. Así se puede decir, AMLO no tiene estrategia ¿De veras se lo creen? Una cosa es no estar de acuerdo y otra muy distinta demostrar que el actual gobierno no tiene estrategia. AMLO es un ignorante ¿De veras se lo creen? Una cosa es no coincidir y negarse a aceptar que haya saberes diferentes y otra muy distinta desconocer que el actual gobierno dispone de un acopio y selección de información para impulsar sus acciones.

Hay dichos que reflejan la desesperación, la mala fe o la vesania de quien los profiere cuando afirma que AMLO es un dictador, un tirano. El resentimiento se estrella con la realidad, no hay elemento para demostrarlo, se trata de figuración retórica. Las libertades en México se mantienen incólumes. Hay libertad de cultos, de prensa y pensamiento, de comercio y tránsito, de asociación y reunión, elecciones libres. 

Todo este conjunto de libertades queda fortalecido con el principio de no recurrir a la represión, no hacer del uso de la fuerza pública para limitar o suprimir libertades.

Desde un principio la estrategia de López Obrador ha estado orientada a fortalecer los menguados derechos sociales sin cancelar libertades, reordenando prioridades, desactivando las tuberías de la corrupción. Es un reto de no fácil resolución cuando hay historial y estructuras de componenda entre lo público y lo privado, al grado que la corrupción, como el crimen organizado, tiene base social. Base que, por ejemplo, se anida en instituciones académicas, como lo demostró el reportaje de la Estafa Maestra expuesto por el medio digital Animal Político.

En los últimos años se fueron desmontando derechos sociales en lo agrario, en lo laboral, en la educación, en las pensiones y, por supuesto, en la salud pública. En este último rubro, desgastando la operatividad de los servicios de salud del Estado, colocando en una bolsa aparte a los funcionarios para ser atendidos por los hospitales privados al proporcionarles un seguro de gastos médicos mayores. Una manera de desacreditar los servicios de salud del Estado.

El primero de enero pasado, día que inició formalmente la operación del Instituto de Salud para el Bienestar, desató una ola de descalificaciones en contra el mismo. De la noche a la mañana hay expertos sobre los servicios de salud pública por todos lados, pronosticando el fracaso del INSABI. Son pocos los que se han dedicado de tiempo atrás a denunciar el deterioro del sector salud. Así como otros aprovecharon para depredarlo, sin que se sepa de denuncias en curso de los exsecretarios de Salud. Mientras tanto, el elefante reumático sigue ahí.

Por ello es importante y decisivo dejar de oponer el régimen de libertades al menú de derechos sociales, no se trata de una elección por eliminación. Un Estado fortalecido al servicio y protección de sus ciudadanos no plantea de principio tal dilema. Pero los intereses creados sí se lo plantean.

Salud y larga vida y luchar para vivir.

Profesor por Oposición de la Faculta de Derecho de la UACH.

@profesor_F