Chihuahua, Chih.

El gobierno mexicano, en el afán de frenar la inflación y la carestía, convocó a un reducido de empresarios con el fin, dijo, de frenar ambos fenómenos económicos, a la firma del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía, que, sostiene, “reducirá 8% el precio de 24 productos de la canasta básica y fortalecerá la producción nacional”, para que “el Gobierno y la iniciativa privada enfrenten de manera conjunta el problema inflacionario y el aumento a los precios”, que en septiembre la inflación de los alimentos subió 4.2%.

En el marco del Acuerdo, a las empresas firmantes se les expidió una licencia única universal que las exime de todo trámite y permiso en cuestiones de importación, distribución y envasado de alimentos e insumos, y serán ahora, ellas, las empresas, las que verificarán “que los alimentos e insumos que produzcan, importen y distribuyan sean de calidad y cumplan con las normas sanitarias de inocuidad”!!!.

Mayor abandono de las tareas que debe realizar el Estado Mexicano no puede haber. Ahora serán las grandes empresas de la industria alimentaria -y de otros rubros- las encargadas de verificar lo que debiera ser responsabilidad exclusiva de los gobernantes.

Pero tales medidas ponen en riesgo importantes ramas de la industria alimentaria, entre ellas las de muy importantes grupos de productores agropecuarios de Chihuahua, que se encuentran entre los principales artículos de exportación de la entidad y de cuya producción y comercialización dependen extensas franjas de la población chihuahuense.

Es totalmente esquizofrénico el acuerdo pues, por un lado “liberaliza” absolutamente la importación de mercancías, y por el otro resolvió prohibir la “exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases”, lo que puede contravenir, no solamente lo contenido en el TMEC (El Tratado de Libre Comercio), sino afectar seriamente a cadenas muy importantes de la producción.

Ahora el presidente López Obrador quiere suspender las inspecciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que un grupo de empresarios importe insumos y alimentos sin la vigilancia fitozoosanitaria del Estado, incluso hasta el grado de despedir al titular de ésta que debiera ser una de las dependencias más eficaces en la materia.

Entre las empresas firmantes están las atuneras Tuny y Grupo Pinsa Dolores; Grupo Gruma-Maseca y Minsa, productoras de harinas para tortillas; Bachoco, San Juan y Grupo Socorro Romero Sánchez, huevo; SuKarne, Grupo Gusi, Opormex, Sigma Alimentos, en el sector de carne de res y cerdo; Verde Valle en semillas; y las cadenas comerciales  Walmart, Soriana y Chedraui.

Ante la medida del gobierno mexicano, productores de Chihuahua, encabezados por “el presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, Arturo González, así como del Consejo Nacional” le pidieron al Senado de la República, “que no apoyen la libre importación de productos sin certificar su inocuidad”. (Nota de Manuel Quezada, El Diario de Chihuahua, 11/10/22).

Increíble, el mandatario que más estridentemente ha despotricado en contra de los empresarios más poderosos, entre los que ha calificado a algunos como parte de la “mafia del poder”, ahora les concede facultades extremas, entre las que destacan el cuidado de la salud de los mexicanos, para que las mercancías introducidas al país, casi libremente  por ellos, no generen plagas o enfermedades al campo nacional.

Y ello en perjuicio de una dependencia que se ha convertido, a lo largo de más de 20 años, en parte del cuidado, que forma parte de las políticas de seguridad nacional del Estado mexicano. “Porque el principal objetivo del Senasica es prevenir los riesgos a la salud de la población, y además generar condiciones de productividad del campo”.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)

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