Chihuahua, Chih.

En medio de la tormenta despertada por la difusión-distribución de los nuevos libros de texto gratuito, a la que contribuyó en buena medida el gobierno de Chihuahua, -tema al que acudiremos el próximo domingo- la instalación de un retén sobre el Periférico de La Juventud en la capital del estado el sábado anterior, en una de las horas pico del tráfico, ha despertado no poca preocupación en una buena parte de la sociedad chihuahuense.

El retén fue instalado por la Policía Vial, (que pasó a ser Subsecretaría de Movilidad del Estado desde el año pasado) dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyo titular es Gilberto Loya Chávez, para «revisar la documentación de los automovilistas», lo que originó retardos de hasta dos horas para muchos chihuahuenses.

Los policías estatales revisaban que los vehículos contaran con la tarjeta de circulación y la póliza del seguro vehicular, además de que los conductores contaran con su licencia de manejo vigente. 

En ningún momento se informó que efectuaran revisiones como una medida coadyuvante de la seguridad pública, tampoco se había presentado alguna acción violenta (asesinato, robo, detección de alguna  célula criminal, etc.) que ameritara el despliegue efectuado, con varias patrullas, con más de dos decenas de agentes que cerraron casi todos los carriles en el sentido sur-norte de la rúa.

¿Qué se pretendía en realidad?

¿Mejorar la seguridad pública?

Por supuesto, no.

Y si ninguna de las dos situaciones mencionadas era el motivo del retén, entonces lo único que quedó fue el intento de recaudar más, a costillas de quienes no hubiesen pagado los derechos vehiculares, las placas, o las licencias de conducir, o todas las anteriores.

Cualquiera que fuese la razón, la medida es absolutamente ilegal; nadie puede ser molestado en su persona o bienes, y uno de éstos  son los vehículos de los conductores, sean propios o sólo los tripulen -salvo algunas excepciones, definidas claramente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- más si se toma en cuenta que la administración estatal cuenta con una serie de herramientas y medidas para incentivar el pago de los anteriormente mencionados.

Además de que, en todo caso, la acción administrativa para exigir el pago debió hacerse de manera individual y no afectando a decenas de ciudadanos.

Por si faltara algo, tal medida sólo se realizó en una arteria vial, en una sola ciudad (de las que en el estado la vialidad es responsabilidad del gobierno estatal), como si efectuarla de ese modo fuese a motivar al pago a los rezagados.

Pero la medida, al no encontrarle (por lo menos el escribiente) justificación o la suficiente motivación racional concitó la preocupación en dos sentidos:

Uno, el de que se efectuó en uno de los períodos en los que la dependencia atraviesa por una de los momentos más críticos, que han evidenciado sus increíbles fallas (además de estar sometida a las presiones y fuego de las bandas criminales) y, segundo, que se convirtió en una más de las, por desgracia, no tan infrecuentes medidas efectuadas por algunas de las dependencias estatales en las que es evidenció la ausencia de la necesaria sensibilidad política y, por si fuera poco, la ausencia de la necesaria coordinación entre los funcionarios estatales involucrados en una medida de tal envergadura.

De lo anterior da cuenta que, hasta la fecha, nadie del gobierno estatal ha explicado los objetivos de tal medida, los alcances y las metas obtenidas de ella y sorprende que tampoco el Secretario de Finanzas haya presentado el informe correspondiente que justificara la puesta en marcha de la medida.

Por el contrario, en la semana, dio a conocer que, gracias al estricto cumplimiento de los planes financieros de esa oficina, las finanzas se comportan de mejor manera que lo esperado al inicio de la administración.

¿Y entonces?

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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