Chihuahua, Chih.

El título de la presente entrega es una evocación de aquella discusión, entre los distintos grupos de intelectuales que, a fines de los 80’s, se disputaban los favores del todopoderoso presidente Carlos Salinas de Gortari.

Como resultado de ello se ganaron el mote de “intelectuales orgánicos”.

No eran los primeros que incursionaban en tan lucrativa actividad, en la que lisonjeaban a más no poder al mandatario.

Javier Corral buscó, y obtuvo, el apoyo de un grupo de activistas y dirigentes de la izquierda chihuahuense, tanto la partidaria, como la social, para las elecciones del 2016.

Apoyarlo, en su momento, parecía lo políticamente correcto, era la época en la que el duartismo ahogaba la vida pública y la candidatura de Enrique Serrano parecía la plena continuidad del ballezano.

Acumular fuerzas para evitarlo era indispensable.

Hasta la mayor parte del entonces electorado de Morena lo entendió así. El 2% votó por su candidato, Javier Félix, pero los candidatos a diputados y alcaldes morenistas alcanzaron el 10% de la votación.

En ese contexto, que activistas como Lucha Castro, Alma Gómez y Gabino Gómez accedieran a puestos de poder en el gobierno del nuevo amanecer parecía lógico. Igual que otros dirigentes políticos, destacadamente Víctor Quintana, cuya abrupta salida de Morena y la cruel denostación que le hiciera el mismísimo Andrés Manuel López Obrador fueron de los hechos más lamentables de aquella campaña.

Lo esperable de esa participación es que el nuevo gobierno se imbuyera de las concepciones de tales dirigentes y que la actuación de ellos contribuyera al fortalecimiento de las instituciones democráticas de la entidad; que su desempeño permitiera el desarrollo de una política social de alcances verdaderamente transformadores.

Pero lo realizado por quienes fueron los principales dirigentes de El Barzón-Chihuahua y de las decenas de miles de deudores caídos en cartera vencida, Lucha Castro y Gabino Gómez, es una lamentable y enorme decepción para muchos chihuahuenses.

No son responsables únicos, por supuesto, de los hechos que comentaremos a continuación, pero son, sin duda alguna, parte del equipo gobernante y son copartícipes de las políticas públicas y de muchas de las posturas del gobierno de Javier Corral.

Y si no las compartieron, callaron, callaron, callaron…

Hoy están en medio de otro escándalo judicial.

Una jueza ha decidido otorgar un amparo mediante el cual debiera anularse la designación de 56 jueces, debido a una serie de irregularidades cometidas por los encargados de elaborar las bases del proceso, de su calificación y de su evaluación, tareas que están asignadas a la consejera -del Consejo de la Judicatura- Lucha Castro, quien a la postre puede ser señalada de ser la autora de la comisión de varias irregularidades denunciadas por el también integrante de ese Consejo, Joaquín Sotelo.

Castro, en acuerdo con Corral, pretendió designar a su antojo a esa cantidad de jueces. Para ello, rompió todas las reglas establecidas.

A su vez, Gabino Gómez, sin participar en el gobierno, se convirtió en algo así como el encargado de los movimientos sociales.

Alcanzó su clímax en la “Caravana por la dignidad”, movilización en la que fue el jefe operativo.

Pero quizá una frase suya, en respuesta a los periodistas, es lo más representativo de su actuación pública en este tramo del actual gobierno.

Interrogado acerca de si la administración de Javier Corral estaba haciendo su trabajo para erradicar el feminicidio, secamente contestó: “Habría que preguntarle a él, aquí no estamos en un foro para determinar o no si hay trabajos ideales”. (Nota de La Opción, 24/VI/19).

Lejos de los días en que lidereaba las protestas por los feminicidios que ocurrían en Chihuahua, cuestionando severamente a los gobernantes, el dirigente del Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM, organización fundada fundamentalmente por Lucha Castro) agregó que “cuando tenemos que levantar la voz, lo hemos hecho permanentemente, los gobiernos van y vienen”, pero no fue capaz de exponer una postura ante el agravamiento de los feminicidios en el actual gobierno, que nos ha llevado, en el año 2018, a ocupar el quinto lugar nacional de feminicidios y en la cifra oficial de mujeres desaparecidas, tercer lugar, en tasa proporcional, según informó en el mismo evento, Ruth Fierro, coordinadora de CEDEHM. (Ibídem).

Pero si en estos aspectos, quienes accedieron al gobierno con Corral procedentes del activismo social, han arriado las banderas -lo cual, sin duda, es muy malo- lo efectuado por Lucha Castro es inconmensurable.

Probablemente ninguno de los dirigentes del vastísimo movimiento de deudores de los 90’s llegó, siquiera, a soñar que uno de ellos llegaría a tan elevado puesto en el Poder Judicial de modo tal que le permitiese incidir en la correcta aplicación y administración de la justicia. Castro llegó ahí y lo realizado es radicalmente contrario a lo que el movimiento, del cual formó parte fundamental, concibió.

La jueza de distrito, Matilde del Carmen Gonzalez Barboza, que ya había ordenado la restitución de los jueces provisionales, removidos ilegalmente, “consideró que hubo violaciones a las condiciones de equidad, que hacen ilegítimo el procedimiento utilizado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua… La valoración no fue objetiva, lo que violentó los términos de la convocatoria…”. (Nota de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario de Juárez, 26/VI/19).

Más. El proceso generó incertidumbre con respecto a la idoneidad de los ganadores “y con ello pone en riesgo a la sociedad porque no se respeta el principio de seguridad jurídica”, asienta la juzgadora. (Nota de la Redacción, 25/VI/19).

Y le ordena al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua declarar nulo el proceso de designación del total de las plazas concursadas pues consideró que el Consejo de la Judicatura hizo una valoración indebida de un examen práctico, pues “cada aspirante fue revisado por un solo evaluador y no por un órgano colegiado…”. (Ibídem).

Por supuesto que es el primer episodio de este proceso y que el Poder Judicial del Estado aún tiene la posibilidad legal de impugnarlo, pero en la semana corrió, muy fuerte, el rumor que en reuniones previas de los magistrados había una tendencia muy marcada, especialmente de los de materia penal, de no inconformarse ante el amparo pues había la percepción que se perdería en todas las instancias.

Todo por la ambición del grupo gobernante de controlar, así fuera por los peores mecanismos, el Poder Judicial.

Hoy están en medio de una las peores catástrofes que el Poder Judicial de Chihuahua haya sufrido jamás, en lo que es una plena continuidad del episodio en el que la Suprema Corte de Justicia destituyó -por primera vez en la historia del México independiente- al presidente de un Tribunal Estatal.

Estamos a punto de que un gran número de juzgadores sean destituidos a causa de la decisión de un grupo de gobernantes que creyeron ser emisarios del futuro y resultó ser que están anclados en el viejo México de los 40’s, el de los cacicazgos regionales que tanto sufrimiento produjeron a lo largo de décadas, cobijados en el no menos viejo partido del régimen, el PRI, pero que ahora regresaron a Chihuahua -nunca se fueron estas prácticas- revestidos de un “Nuevo amanecer”, cobijados por quienes enarbolaron cuanta causa social se erigía en Chihuahua y hoy, ante el agravamiento de los feminicidios, apenas atinan a contestar, tibiamente, “pregúntenle a Corral”.

Ahora se entiende su ominoso silencio ante las represiones desatadas en contra de los manifestantes del “gasolinazo” y los de las casetas; en distintos momentos de la actual administración.

Son los “activistas orgánicos”.

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