Chihuahua, Chih
El día de ayer la Corte Suprema de los Estados Unidos atestó un duro golpe a las libertades reproductivas de cientos de miles de mujeres en aquel país.
Desde que se filtró el borrador de la nueva enmienda propuesta -ahora aprobada- se advirtió el enorme retroceso que recién se consolida. Esto, como resultado de un largo proceso de incidencia política en especial de grupos evangélicos y demás conservadores, que lograron derogar la sentencia Roe Vs. Wade emitida a finales de los años 70’s y que por 50 años permitió el aborto en toda la nación norteamericana.
Este retroceso fue posible ya que este lobbing fue quebrantando leyes locales convirtiéndolas en restrictivas, limitando el acceso de los servicios de aborto, tanto, que se obligó al cierre de clínicas e imponiendo regulaciones ridículamente exhaustivas al personal médico que practicaba abortos hasta asfixiar la práctica, a la par de la aprobación de leyes locales cada vez más prohibicionistas.
El aborto NO será considerado un delito en todo el país, aún hay estados de la Unión Americana en los que el derecho al aborto se considera constitucional, sigue protegido y son considerados “santuarios”.
El país se encuentra dividido más o menos a la mitad; por un lado, hay un reconocimiento amplio en búsqueda de mayores y mejores condiciones para acceder y por el otro, el factor ideológico-religioso se convirtió en norma para la legislación estatal, lo que crea una costosa inequidad en el acceso para las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.
Dichas desigualdades en el acceso ya ocurrían antes de la derogación de Roe Vs. Wade que por ser una norma federal reconocía el derecho a abortar; sin embargo, los estados tienen y emitían sus propias leyes; las restricciones tenían que ver entonces con la edad, tiempos de espera, limites gestacionales, etc, y por ser los más progresistas los estados del norte, para mujeres de Texas, Arizona, Nuevo Mexico, entre otros, resultaba sumamente complejo y costoso viajar dentro de su propio país.
Así fue como hace meses a razón de la aprobación de las leyes del “heart beat” (el latido del corazón) que limitó el acceso a las 6 semanas de gestación, comenzaron a buscar alternativas en estados fronterizos de nuestro país.
Fue entonces que múltiples colectivas de acompañantes solidarias de aborto de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas comenzaron a atender a personas provenientes del otro lado de la frontera para proveer servicios de aborto autogestionado en el entendido que la inequidad y desigualdad de acceso a los derechos en ambos países existe y que no dejarán de existir hasta que las desigualdades estructurales no desaparezcan; así sean legales, de acceso a los servicios de salud, costo, por cuestiones raciales, sociales, etc.
No se espera que suceda pronto.
Cabe recordar que Estados Unidos no posee un sistema de salud público, así que cualquier servicio de salud reproductivo tiene costo, es alto y si la situación migratoria está comprometida, se complica aún más el acceso. También, que dichas legislaciones que supuestamente pretenden “proteger la vida”, pero justo en la misma sesión acordaron no imponer límites ni restricciones a la portación de armas en la vía pública y desecharon la exigencia social de un registro previo para su compra que incluyera información sobre antecedentes delictivos y estado de salud mental.
Por eso es tan valiosa la movilización y organización de las colectivas y organizaciones mexicanas de la frontera que se han especializado en justicia reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, porque su articulación en una Red Transfronteriza de acompañamiento de aborto binacional está permitiendo el acceso a mujeres y personas con capacidad de gestar que, desde el día de ayer, de manera formal perdieron el derecho a ejercerlo.
Y no solo eso. Esta articulación ya está siendo reconocida por su capacidad de incidencia política también; ya que, en materia de progresividad de derechos humanos, legalmente no hay fórmula jurídica que permita retrocesos como el que estamos presenciando en el vecino país, al contrario, nuestra Corte está reconociendo libertades y derechos y de manera franca y abierta se ha pronunciado en contra de la criminalización por abortar.
Esto solo ha sido posible por el acompañamiento, la construcción de procesos de incidencia política en Congresos e instituciones públicas de salud y el litigio estratégico de casos emblemáticos que, llevados a la Corte, permitieron a los ministros debatir sobre la decisión reproductiva que es abortar y sus implicaciones en la vida de mujeres y niñas y no de cifras estadísticas y desde un lugar más empático.
Es por eso que las redes de acompañantes -en este momento, especialmente las transfronterizas- son la metáfora de lo posible, porque hoy son el ejemplo de construcción concreta de libertad en contextos adversos y de ilegalidad, porque de larga data han escrito múltiples y diversas formas de resistencia, que en este preciso momento acude a acuerpar, acompañar y resistir; porque son el abrazo solidario que la frontera no podrá, no puede separar ni dividir.
Todo mi reconocimiento a la Asamblea Marea Verde Chihuahua, por su constancia, permanencia y trabajo incansable que ha permitido -junto a otras colectivas- ser la columna vertebral de esta vinculación binacional.
@MarieLouSalomé