Chihuahua, Chih.
En los últimos días ha tomado visibilidad una vertiente que exige que las escuelas se abran en calidad de urgente, básicamente con dos premisas que pretenden colocarse como el bien mayor a ponderar por sobre cualquier eventual argumento: garantizar el derecho a la educación de niños y niñas y las afectaciones en la salud mental y emocional por dos años de confinamiento.
Al margen de ser un tema controversial que requeriría el análisis de diversas aristas, el posicionamiento de “Abre mi escuela” sirve para evidenciar la desigualdad estructural, las asignaturas pendientes del estado en materia educativa y la intromisión de poderes fácticos que, en un ejercicio retórico de tergiversación de derechos, parecieran el celoso cuidado de sus privilegios y no una defensa de derechos.
Tras una breve búsqueda en google, “Abre mi escuela” arroja ser un movimiento nacional que en otros estados se ha posicionado de manera franca contra la política de salud frente a la pandemia del gobierno federal, han cuestionado la política de vacunación, no para solicitar ampliar su cobertura sino porque exige la de un cierto tipo (una que permita viajar a Estados Unidos), que paga la producción de contenidos para sus redes sociales teniendo a Ciro Gómez Leyva y Carlos Loret de Mola como principales titulares de los mismos y ha logrado gestionar y conseguir ex secretarios de salud, de Acción Nacional la mayoría, que en el juego político, sirven perfecto para desacreditar el manejo de la pandemia de la actual administración.
Lo que, desde luego, no se puede soslayar. El juego político de la derecha se cuela por todos lados.
Sin embargo; hablando del tema de derechos habría que considerar aspectos que son relevantes al momento de erigir su defensa.
Son los momentos de crisis que las reflexiones colectivas hacen considerar proteger ciertos valores, el bien común y la vida como elementos primordiales para la sana convivencia y la eliminación de la violencia; así, las guerras y las pandemias han sido lo que en medio de procesos que representan superar las condiciones que llevan a la ruina y la miseria para dar paso a la construcción de lo nuevo, la lucha por el reconocimiento de nuevos derechos se hace presente.
Esa es una realidad concreta que no podemos dejar de lado para entender que -en medio de la presente pandemia- la vida como la conocíamos ya no volverá y entre otras cosas, las escuelas y los procesos educativos también se verán impactados del mismo modo. La escuela no será como antes y en la pugna entre el derecho a la educación y el de la salud se tienen que encontrar vías que permitan cualquier mediación posible.
En videos que “Abre mi escuela Chihuahua” ha hecho circular en redes con exigencias a la gobernadora, se han esgrimido una serie de dichos (que no alcanzan carácter de argumento) que rebosan clasismo y llaman a normalizar la discriminación: no todas las escuelas están en condiciones para el retorno presencial ya que, entre el vandalismo que en dos años de ausencia ha dejado graves daños y la consideración que las comunidades escolares se encuentran conformadas por docentes y personal administrativo que se enferma y de modo personal y familiar padece los efectos de crisis de salud y la precarización laboral, pareciera estarse considerando que maestros y maestras son empleados de responsables de familia y las infancias y no, nada mas alejado de la realidad.
Al exigir el regreso de “las escuelas que si pueden volver” (en su mayoría privadas) existe la suposición de que hay otras muchas que no pueden hacerlo y la obligación del Estado es garantizar que regresen todas para que el derecho de las infancias a la educación se garantice y al hablar de salud mental, también se considere la de las personas que hacen funcionar los planteles, es decir, para hablar de manera justa y equitativa de un regreso presencial debería considerarse al personal docente.
Por otro lado, la supuesta alternativa que dicho movimiento ofrece es que “empresarios se hagan cargo” refiriéndose a rehabilitar las escuelas que no se encuentran en condiciones; pero suponiendo sin conceder que asumieran el gasto millonario de las múltiples escuelas que no se encuentran operativas, de verdad ¿se desea que el sector empresarial se haga cargo de la infraestructura escolar? ¿a cambio de qué?
Digo, hoy mas que nunca con el presente gobierno estatal vemos como es que se gestiona la deuda adquirida con empresarios con políticas y proyectos que protegen sus intereses, porque de buena fe y gratis no hacen nada.
Cierto es que la presencialidad en las aulas y los nuevos modelos educativos que se adapten a las necesidades de contextos excepcionales como el que estamos viviendo requieren de discusiones más amplias, informadas, responsables, incluyentes y que deje oír voces de quienes se involucran en dichos procesos; porque en efecto, las infancias requieren socializar, aprender de modo lúdico en sus primeras etapas, luego, la convivencia para aprender a relacionarnos en sociedad, por eso apunto a que es un tema controversial, porque la exigencia se está manifestando desde muy diversos espacios.
No obstante, de ningún modo y bajo ninguna circunstancia la exigencia debería ser por los motivos equivocados: la imposición de solo una clase social educándose mientras otra queda sujeta a la histórica exclusión, pasar por alto la precariedad del cuerpo docente, la intromisión de grupos empresariales en la educación para imponer desde programas educativos de carácter religioso hasta adquirir concesiones y licitaciones publicas en el sector, todo lo anterior, fomentando aún más las brechas de desigualdad.
Este es un buen momento para empoderar a las comunidades escolares, de construir puentes de diálogo que involucren a las autoridades educativas con las comunidades escolares extensas y que siempre se coloquen estos en un marco de respeto a los derechos humanos con perspectiva de infancias, juventudes, género y pertinencia cultural.
Abramos la escucha, la empatía, abatamos el clasismo.
@MarieLouSalomé
