Chihuahua, Chih.
Para quien tiene interés y para quien no también, es sabido que el aborto es ya un tema del que se habla en todo el país, para bien o para mal pero decididamente con una fuerte inclinación a su despenalización social porque la legal, aunque sean pocos los estados en los que ya se armonizaron sus códigos penales atendiendo a los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el avance indiscutiblemente ha sido a pasos agigantados y es que, la lucha que se emprendió hace tres décadas por grupos feministas que se concretó con el reciente festejo de los 15 años de la despenalización del aborto en Ciudad de México y un movimiento feminista joven e impetuoso que insiste en ya no pedir permiso al Estado para ejercer sus decisiones reproductivas, han obligado a toda instancia a reconocer el aborto como lo que es: como un derecho.
Y es que el aborto encierra otros varios como el derecho a la salud, el derecho a la seguridad personal que implica que ninguna mujer o persona con capacidad de gestar debe correr riesgos físicos o emocionales por interrumpir su embarazo; el derecho a la privacidad que tiene que ver con que nadie -persona o institución- tenga posibilidad de divulgar tus decisiones por ser personales; el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, porque al vivir en un Estado laico, nadie puede imponer sus creencias religiosas sobre las decisiones reproductivas de nadie mas y finalmente, el derecho a la no discriminación y a la igualdad, a que todas en el país podamos acceder a servicios de aborto indistintamente del lugar del territorio nacional donde nos encontremos porque para el tema, quien no puede acceder libremente como en Chihuahua, donde se vive discriminación por no poder acceder y peor aún, por correr el riesgo de ser criminalizada.
Históricamente, el aborto como práctica siempre ha estado presente y se ha registrado desde la antigüedad.
En la Grecia antigua se consideraba que los fetos no tenían alma y filósofos como Platón y Aristóteles recomendaban abortar como medida de control natal, curiosamente orientada a las familias pobres. Con la popularización del judeocristianismo la concepción de la maternidad pasó a dividirse en esferas: la pública y la privada.
La practica dejó de ser un tema público para convertirlo en privado y solo afectar a las mujeres. Un impulsor de este planteamiento fue Tomás de Aquino que, si bien no reconocía que las mujeres tuvieran alma, si decía que el espíritu era sustancial, entonces propuso que el aborto debía ser delito y pecado a la vez. Pronto, estas concepciones comenzaron a permear las instituciones y la gestión del Estado que tuteló desde entonces, el ejercicio de la sexualidad de las mujeres.
A pesar de las sanciones y las leyes restrictivas a lo largo y ancho del mundo las mujeres siguieron abortando en la clandestinidad poniendo en riesgo su vida, hasta que mujeres pobres de las favelas brasileñas como participantes de un estudio clínico descubrieron que entre los efectos secundarios del misoprostol se encontraba precisamente, la interrupción del embarazo; a partir de ahí, la clandestinidad dejó de ser una sentencia o un riesgo mortal para las mujeres.
Así, este medicamento ha servido -según la amplia documentación, estudios y ensayos clínicos del Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ginecobstetricia- para proveer abortos seguros a mujeres pobres o aquellas que viven en contextos de ilegalidad en todo el mundo, incluido nuestro país.
Y como la rueda de los tiempos ya giró, los debates también. Antes las discusiones giraban en torno a que abortar en la clandestinidad (como sinónimo de riesgo mayor o de muerte) debía resolverse desde una intersección entre desde la salud pública, los avances médicos y las leyes. Hoy, los abortos seguros en casa desde la clandestinidad han provisto a las mujeres y personas con capacidad de gestar de una alternativa segura y eficiente para ejercer sus decisiones reproductivas, en tanto, a través de los instrumentos legales vigentes, se sigue construyendo la ruta de acceso para adquirir servicios de aborto como lo que son: un servicio médico que por tener el Estado la obligación de garantizar derechos, estos deben ser no solo legales, también gratuitos.
Es por ello que desde los Congresos lo que se requiere y urge reconocer es que el aborto es un servicio médico y que, de así desearlo, se debe adquirir sin juicios y sin estigmas, porque las mujeres y personas gestantes ya saben que es su derecho y lo están ejerciendo libremente, por desgracia no con el acompañamiento del Estado, lo que sigue manteniéndoles en la incertidumbre jurídica y recibiendo un trato discriminatorio.
Habría que quitarle el estigma a la palabra ABORTO para que, entre otras cosas, se deje de considerar que cuando el artículo 4° constitucional menciona DERECHO A DECIDIR se refiere únicamente a parir.
@MarieLouSalomé
