Chihuahua, Chih.

- El ataque cibernético a la Sedena desnudó al gobierno federal
- Develó numerosas mentiras presidenciales
- La Sedena se sumó a las varias dependencias federales víctimas de un ataque de tales características
- El hackeo mostró la ineficacia de la estrategia de seguridad pública
- Otorgó más elementos para acreditar los enormes avances del crimen organizado, a costa de la pérdida del control del gobierno de la 4T de numerosas zonas del país y de crecientes áreas de poder
- No solo en la sierra la que rifa es la ley del crimen organizado, también en el desierto chihuahuense
- A vuelta de rueda transitan los trailers que cruzan Villa Ahumada, después de la advertencia de los criminales, que serían “tableteados” los que excedieran los límites de velocidad, luego del fatídico accidente en el que murieron 10 personas
- Chihuahua, entre los estados con el menor número de policías estatales por número de habitantes

Es un verdadero desastre, por donde se le vea: A más de 4 meses y medio del asesinato de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y del guía Pedro Palma, en Cerocahui, el presunto asesino sigue libre; a 3 años del “culiacanazo”, Ovidio Guzmán sigue libre y los autores del terror de ese día, igual. 

Todos los días, en algún lugar del país, un grupo criminal siembra el terror, circula libremente un convoy en alguna ciudad, o perpetra alguna masacre; no baja de 70 el número de homicidios cometidos diariamente… ya son más de 135 mil los ejecutados en el actual sexenio.

En Villa Ahumada un grupo criminal amenaza con tabletear a los traileros que excedan la velocidad de sus vehículos… y lo cumple.

Hasta el 26 de enero de este año, según Enrique Irazoque Palazuelos, responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a partir de diciembre de 2018, han asesinado a 52 periodistas y a 97 personas defensoras de derechos humanos. En el actual sexenio asesinan a 10 mujeres cada día y todos los días nos enteramos de hechos delictivos en zonas casi por completo controladas por los grupos criminales.

Por si faltara algo para coctel tan explosivo, nos anochecimos el jueves con el ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo autodenominado #guacamaya.

Sirva de ejemplo, para dimensionar el gravísimo ataque sufrido por la Sedena, el siguiente episodio:

Recién llegado a Chihuahua, como jefe de la zona militar local, un general con los rangos más altos en el ejército. Por azares de la vida conversamos acerca de la violencia abatida sobre nuestra entidad a finales de la primera década del presente siglo y las medidas necesarias para enfrentarla, así como al tráfico de drogas y el crimen organizado.

Con un tono pesaroso, le relató al escribiente que a unos cuantos días de llegado al nuevo cargo, ordenó, -y encabezó- efectuar un recorrido por Guachochi y su zona aledaña. 

Adentrados en lo más agreste de La Tarahumara, conforme avanzaba su convoy empezaban a ser más frecuentes las intromisiones de los delincuentes en la radio de los vehículos militares.

Todos los que viajaban en el convoy escuchaban los reportes de los delincuentes, aderezadas con las mentadas de madre, que daban cuenta del avance de los militares -¡Ya pasaron por el cerco de Don Fulano… ¡Entraron al rancho de Mengano… ¡Le dieron vuelta al cerro bola…- 

La tensión y la desesperación entre la tropa aumentaba por momentos, hasta que el general tomó el micrófono del radio y con un lenguaje semejante les dijo que estaba bien, que se regresaría, que ya le pararan a sus amenazas.

En el camino de regreso, encontraron un plantío de mariguana y detuvieron a dos campesinos.

Al llegar a Guachochi se los dejaron al agente del ministerio público federal adscrito al lugar.

Pero éste no se los aceptó.

-N’ombre, mi general ¿Para qué me los deja? ¡Lléveselos a Chihuahua! ¡Usted se va y aquí me deja la broncota!

El jefe militar era un hombre inteligente y razonable. 

-¿Qué hizo, general?

-Pues que quería, me los llevé a Chihuahua, ahí los dejé en las oficinas de la PGR.

Los detenidos fueron liberados a los días por falta de pruebas.

El grupo criminal había accedido fácilmente a la red radial del ejército, la que, por las evidencias ahora relatadas era altamente vulnerable.

Por eso no es cualquier cosa lo revelado por el periodista Carlos Loret de Mola.

 

Ni siquiera lo más importante -con toda la trascendencia que tiene- son las revelaciones sobre el estado de salud del presidente, lo que, de suyo, ni siquiera debería conocerse por estos mecanismos, pues en tratándose de la salud del primer mandatario, debiera ser de acceso público.

No, lo hecho por el grupo de “hacktivistas” “Guacamaya”, quien sustrajo 6 terabytes de información -prácticamente toda clasificada, a través de correos electrónicos (que incluye textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores de la SEDENA, que datan desde el año del 2016 hasta septiembre del 2022-, es de la mayor gravedad, pues devela la elevada vulnerabilidad de la información manejada por la dependencia encargada de la seguridad nacional, propia de cualquier agrupamiento militar.

Parte central de las revelaciones conocidas hasta ahora -pues es tanta la información contenida en esos archivos hackeados, que deberemos esperar algunas semanas para saber que otras impactantes cosas se revelarán- son los detalles del “culiacanazo” y que muestran gráficamente las mentiras lanzadas por el presidente López Obrador, en su permanente afán de restarle importancia a los yerros de su gobierno y en querer imbuir en la población que “vamos bien, vamos requete bien…”.

Otra anécdota, que ilustra muy bien el grado de desinformación del grupo gobernante, es la de que en el reciente concierto del grupo “Firme” en el zócalo de la Cd Mx, patrocinado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cantaron ¡El corrido de Ovidio Guzmán!

A pesar de ello, el grupo fue elogiado hasta la saciedad por Sheinbaum.

Ovidio Guzmán López tenía una orden de aprehensión, con fines de extradición, girada el 2 de abril del 2018 por la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., “por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud”.

Luego de su liberación, ninguna dependencia del gobierno federal trató de intentar nuevamente su detención (y aparentemente el gobierno norteamericano, por lo menos públicamente, no volvió a insistir en la detención).

Ni la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa levantaron cargos en contra del hijo de El Chapo Guzmán -ni contra sus cómplices- por los evidentes delitos cometidos en el “culiacanazo”, en el que apareció como uno de los jefes de quienes desataron el infierno en Culiacán, responsables de la comisión de varios homicidios, lesiones, ataques a las vías de comunicación, etc.

No sólo fue vulnerada la vida de los culiacanenses, sino también la credibilidad del presidente, quien, primero negó estar informado de los hechos, versión en la que fue apoyado por el entonces Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo -hoy flamante gobernador sonorense- y, segundo, que la decisión de liberar a Ovidio había sido de los mandos civiles y militares, no de él.

Meses después debió reconocer que él lo había ordenado. 

Hoy sabemos, por #guacamaya, que así fue: “A las 19:30 horas, se recibe la orden por parte del C. Presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán López, al tomar la decisión con personal del Gabinete de Seguridad, con el fin de que cesen los desmanes, y las Fuerzas Operativas se replieguen, después de los hechos que se suscitaron en Culiacán, Sinaloa, por el operativo en contra de Ovidio Guzmán’, indica el mismo informe de la SEDENA, dirigido a su titular, Luis Cresencio Sandoval González”.

“… yo tomé la decisión, porque no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no se entiende”, dijo el presidente el 19 de junio del 2020.

Todo se deriva de una más que errónea concepción presidencial de cómo se debe ejercer el gasto público. López Obrador ha ordenado diversos recortes presupuestales a todo el gobierno federal, lo que ha derivado en un sinfín de consecuencias a cual más de dañinas para el funcionamiento de prácticamente todas las dependencias.

De acuerdo con Verónica Becerra, “especialista en ciberseguridad”, del segundo semestre del 2021 a la fecha, “cerca del 60% de las dependencias federales de México sufrieron un ataque cibernético”. (Nota de Luis Pablo Segundo, Reforma, 1/10/22).

La razón de ello, sostuvo, es el recorte en las compras de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y “por la carencia de personal altamente capacitado en la materia”. (Ibídem).

La situación se agravará en 2023 pues el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contempla un crecimiento de solo el 4% a los recursos públicos para ese fin, que en la práctica significa un decrecimiento debido al índice inflacionario, que será del orden del 8%, por lo menos.

Y el Ejército no canta mal las rancheras. De acuerdo con la misma fuente, las “licencias del sistema informático de seguridad perimetral de la Sedena vencieron el 31 de agosto. Uno de los componentes no pudo ser renovado, y los otros dos, se contrataron 20 días después”. (Ibídem).

Hay más. También en el sector privado prevalece esa vulnerabilidad: “El estudio Cyberthreat Defense Report, llevado a cabo desde 2014, reportó que México ocupa el cuarto lugar mundial en ataques de hackeo, con un 90.6% de empresas que señalaron haber sido atacadas exitosamente. Colombia ocupa el primer lugar con 94%, Turquía el segundo con 94% y España el tercero con 92%”. (Nota de El Universal, 30/09/22).

Sin duda que atender este tema es prioritario, pero otro, central en la seguridad pública, el del número de efectivos necesarios para preservarla, es de la mayor importancia.

A propósito de la polémica desatada con motivo del anuncio de la construcción de la torre centinela, en Juárez, según el reporte del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, Chihuahua “se encuentra entre los seis estados con el número más bajo de policías estatales en el país. Cuando la media nacional es de 0.9 agentes por cada mil habitantes, la entidad apenas tiene 0.3, … el informe identifica a 2 mil 395 personas adscritas a las instituciones encargadas de la seguridad pública estatal, cifra más baja que los 2 mil 559 que se reportaron el año pasado”, además de ocupar el lugar 17, por el menor “presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública estatales, con 2 mil 201.6 millones de pesos”. (Nota de Javier Olmos, El Diario de Juárez, 30/09/22).

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO): https://www.inpro.com.mx