Chihuahua, Chih.

- AMLO decreta la opacidad plena sobre las obras, servicios y bienes que contrate su gobierno 
- Militarización de la vida pública, rasgo central del gobierno de la 4T
- La sombra del presidencialismo en Chihuahua. Pasado y presente, similares
- Liberación de los 3 agricultores de La Cruz: Fruto de la coincidencia de voluntades políticas
Justamente a la mitad del camino, el presidente López Obrador emitió un “Acuerdo” mediante el cual declaró de “interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, prácticamente todas “los proyectos y obras” de su interés.

Sin duda, este “acuerdo”, y la militarización de la vida pública, que justifican la percepción de que pretende convertirse en la única voz mandante en el país, son los principales rasgos de la primera mitad del sexenio.

El acuerdo -que en la práctica es lo mismo que un decreto presidencial- “blindó”, prácticamente, todas las compras, adquisiciones y obras que realizará el gobierno federal pues las declara de “seguridad nacional”, lo cual implica que estarán bajo reserva, por tanto, no se podrá acceder a la información sobre ellas.

Peor, no estarán bajo la jurisdicción de las leyes de las adquisiciones, por lo que se podrán adjudicar directamente, sin licitaciones, ni la aprobación de los requisitos legales existentes.

Además, estarán cerradas a la inspección ciudadana; no se podrá acceder a la información sobre todas ellas y podemos afirmar que el acuerdo-decreto implica al total de las adquisiciones, compras y obras del gobierno federal durante el mandato de López Obrador. 

¡Viva la opacidad!

Aunque el presidente intentó atenuar el efecto legal del acuerdo emitido al catalogarlo de un simple “acuerdo interno” entre las dependencias, para acelerar las obras, dijo. No es así.

Abarca a un sinfín de ellas: “… infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

¡Todo!

Las consecuencias del acuerdo son gravísimas. A López Obrador le molestan las miradas y las investigaciones inquisitorias. Si ya en esta primera mitad superó a Peña Nieto en el porcentaje de las obras adjudicadas directamente -82%, frente al 78% de Peña-, ahora la opacidad será completa.

Es, al modo de los gobiernos autoritarios, “fast track”.

El acuerdo ordena a las dependencias encargadas, a otorgar autorizaciones “provisionales”, a la “presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras”, a fin de garantizar la “ejecución oportuna”. 

La autorización deberá emitirse en ¡un plazo máximo de cinco días hábiles!

Si transcurre ese tiempo sin emitirse, “se considerará resuelta en sentido positivo”!!!!

Además, la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses, tiempo en el que deberán obtener la definitiva.

No hay margen a la duda, mediante este acuerdo, se pondrán en la más completa opacidad todas los contratos de construcción y de compras del gobierno mexicano; ningún afectado podrá recurrir a la justicia federal; nadie podrá impugnar la adjudicación de las obras; tampoco se podrá acceder a los contratos, ni a las cantidades pactadas, tampoco se conocerán por esta vía a los beneficiarios de los contratos.

Por si fuera poco, la Auditoría Superior de la Federación no podrá  publicitar la revisión al gasto ejercido en esos proyectos y, con toda seguridad, no podrá aplicar sanción alguna.

Para defenderse, el presidente arguyó que era para evitar que las personas afectadas “se ampararan”.

Va más allá el alcance del acuerdo: ¿Qué dependencia ambiental emitirá una resolución, sobre el impacto ambiental de una obra, en cinco días? ¿Y luego de un año de iniciada una obra, quién se atreverá a detenerla?

El acuerdo se lanza en el momento en que las Fuerzas Armadas han tomado como parte de sus tareas -ordenadas por el presidente- infinidad de asuntos que, constitucionalmente, debieran será ajenos a ellas.

La militarización se agudiza y, no precisamente a cuenta gotas, va evidenciando las consecuencias negativas de tal hecho, como lo demuestra el informe publicado, en junio de este año, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Prodh), intitulado “Poder militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”.

Así lo afirmó en la introducción del informe:

“… Las promesas de campaña del entonces candidato generaron expectativas sobre una revisión del modelo de seguridad y, específicamente, sobre el posible inicio de una gradual desmilitarización de la seguridad pública. 

Sin embargo, muy pronto se anunció la creación de la Guardia Nacional; la participación en ésta de las Fuerzas Armadas comenzó a poner en duda las expectativas levantadas, aun cuando en principio la reforma constitucional por la que fue creada esta nueva corporación preservó su carácter civil y mantuvo abierta la posibilidad de generar controles externos para impedir que fuese un vehículo para profundizar la militarización. 

Pero lo que ocurrió después acabó con cualquier expectativa. Las leyes secundarias de la Guardia Nacional se hicieron a la medida de las Fuerzas Armadas. Después, en mayo de 2020, en medio de la pandemia, se emitió un Acuerdo Presidencial por el que se dispuso de la Fuerza Armada Permanente para realizar labores de seguridad pública en todo el territorio nacional hasta 2024. Esto… incumplió con las obligaciones internacionales de México y supuso una inédita entrega de funciones al sector castrense que, además, fue rematada con la decisión, tomada en octubre de 2020, de adscribir a los mandos territoriales del Ejército las unidades operativas de la Guardia Nacional”.

Más. “… Los cambios jurídicos están siendo acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales ordinarias…”.

“En contrapartida, algunos de los patrones documentados de violaciones a derechos humanos no han cambiado… y los casos nuevos no han desembocado en procesos de justicia y verdad. 

Aun así,… el Presidente de la República anunció que promoverá una reforma constitucional adicional para asegurar que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional –‘como una rama’, así como existe la Fuerza Aérea-…”.

El informe del Centro Prodh culmina estableciendo que “… en México urge un proceso de gradual desmilitarización de la vida pública para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar en la lógica propia de una democracia que apuesta por la vía civil”.

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La liberación de los 3 de La Cruz es un éxito, en primer lugar, del movimiento, por su resistencia, la profundidad social y su persistencia; y en segundo lugar, por la actuación de dos funcionarios, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la gobernadora, Maru Campos.

No la tuvieron fácil. 

El tercer López tuvo, de entrada, la resistencia presidencial. La mandataria chihuahuense tampoco tuvo un entorno cómodo, sobre todo ante la inacción de las instancias federales.

Se sostuvieron y obtuvieron lo que es una muy justificada victoria ciudadana a la que contribuyeron, también, los abogados defensores de los agricultores y en la última parte, Maclovio Murillo.

Falta la liberación de Andrés Valles.

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La renuncia del rector de la Uach, Luis Fierro, y la del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Pablo González, así como la llegada de Abelardo Valenzuela al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, retratan nítidamente el cambio en el mando de los poderes públicos de Chihuahua. Sin duda que nos muestran a una gobernadora plenamente empoderada, a tal grado que, se presume, ha sido el factótum de tales cambios.

Lo anterior no implica un cambio en las pretensiones del poder; sí por el contrario, en los modos, tiempos y ritmos de lo que efectuaron sus antecesores más recientes. 

Los resultados se advierten similares, esperamos lo contrario, el respeto a la división de poderes, a la autonomía de los organismos; lo urgimos en el ámbito federal, también en el local. 

Pero no todo es responsabilidad del grupo gobernante, parte esencial lo son los funcionarios del Poder Judicial y la comunidad universitaria que actúan, por desgracia, al son del poder.

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)