Chihuahua, Chih.

  “Nunca he dicho que sacaremos al ejército de las calles, lo reitero, nunca lo he dicho…”.

“No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista”.

    “… los han lanzado (a los militares) a la calle a una aventura… con una estrategia fallida y para eso no se necesita al ejército en las calles… ”.

“… Se retirará el ejército y la marina del combate al narcotráfico, y no se les utilizará para resolver conflictos del orden social para suplir la incapacidad del gobierno y mucho menos para reprimir al pueblo…”: Andrés Manuel López Obrador, en distintos momentos.

¿De este tipo de técnicos o profesionistas sí acepta el presidente?

Resuelto a usar a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia y al crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador les ordenó “participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial…”.

La actuación de los militares estará “subordinada” a los mandos de la Guardia Nacional (GN), dice la orden presidencial; por lo tanto, estarían bajo la conducción del Coordinador de la Comandancia de la Guardia Nacional, el general en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, licenciado en Administración Militar, Master en Seguridad y Defensa Nacionales y Doctor en Defensa y Seguridad Nacional. (Nota de Daniel Galeana, El Sol de México, 11/IV/19).

Egresado en 1977 del Colegio Militar, fue asignado a las Guardias Presidenciales. En 1989 fue transferido al Estado Mayor Presidencial, donde fungió hasta 1990 como subjefe de la Sección Cuarta, y fue el responsable de la planeación y ejecución de las actividades logísticas de las giras y eventos oficiales del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Entre otros cargos ha sido coordinador de grupos interinstitucionales en trabajo de campo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Antes de llegar a este cargo, entre 1993 y 1994, fue subjefe de estado mayor de la Fuerza de Tarea Marte XXII, con sede en Badiraguato (lugar de nacimiento del Chapo Guzmán y de Rafael Caro Quintero), dedicada a la erradicación de plantíos de enervantes en el “Triángulo dorado”, la confluencia montañosa de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, en la que desde la década de los 70’s del siglo pasado se “combate” al narcotráfico con el uso de las fuerzas armadas.

Luego, entre 2003 y 2004, estuvo al mando del batallón de operaciones contra el narcotráfico en Tamaulipas, Durango y Sinaloa. De ahí pasaría al CIAN en 2006, con Felipe Calderón, dependencia encargada de dirigir las actividades de inteligencia de las fuerzas armadas en contra del narcotráfico, dependencia que se transformaría en el Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico (GIAN) durante todo el sexenio del panista.

Lo sucedido en ese sexenio es un increíble fiasco. Marcó, hasta ahora, la agenda del país en el combate al crimen organizado.

Como para presumirlo. Su tesis de doctorado fue sobre la “Participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en la Estrategia de Combate al Narcotráfico”, durante el sexenio de Felipe Calderón!

Hoy dirige la Guardia Nacional un hombre que tuvo responsabilidades mayores en el sexenio de Calderón, cuando se declaró la “guerra” al narcotráfico y en todo el país se intentaba “posicionar” al Cártel de Sinaloa y en especial al más conocido de los jefes de esta organización, El “Chapo” Guzmán.

Además, que se encontraba con alguna capacidad de mando en la zona que fue -y es- una de las más “cuidadas” por las fuerzas militares, precisamente en el combate al narcotráfico.

La dependencia dirigida por Rodríguez Bucio en el sexenio calderonista era la encargada de proveerle al ejército, a la policía federal y al presidente la información necesaria para combatir a los traficantes de drogas en México. 

Asombra ese nombramiento, no porque haya acusaciones concretas en su contra por alguna ilegalidad cometida, sino porque, como ahora lo sabemos por las declaraciones de Genaro García Luna, y las previas de El Chapo Guzmán y las de Vicente Zambada (hijo del Mayo, citadas por Anabel Hernández en el libro “El Traidor”) en las que durante largos años el lugar al que llegaban los embarques de droga procedentes del sur del continente, era a Culiacán, a las bodegas a disposición del Mayo. De ahí salían a los EU.

Nunca, nadie, se percató de ello, ni las autoridades policiales, ni las militares, ni los encargados (los órganos de inteligencia) de recopilar información del tráfico de drogas.

Ahora, el presidente le ordenó al jefe de la inteligencia de ese período que se coordine con los titulares de la Defensa y la Marina Nacional para combatir a la delincuencia y que construya a la organización policial que lo hará, además de instrumentar la estrategia que combatirá a la violencia presente en la sociedad.

Más allá de analizar la constitucionalidad del decreto presidencial -cosa que los gobernadores y dirigentes del PAN han anunciado que harán, y no debiéramos detenernos mucho en los panistas, que acusan a AMLO de incongruente y dictatorial, cosas que arrostran, incluso con este decreto. Es lo que soñaban alcanzara Calderón. Ahora critican a quien lo pretende hacer- lo que desarma es la incongruencia gubernamental, que genera una buena dosis de incertidumbre e impotencia pues, en la práctica, el presidente López Obrador le dice al país que, para construir una fuerza policial confiable, necesitará cuatro años más y que, en tanto, hará algo contra lo cual había luchado, y no sólo él, sino cientos de miles de ciudadanos a lo largo de, por lo menos, cuatro décadas, por erradicar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y que lleva a concluir que puede ser una falacia alcanzar tal meta.

Se dijo que sería más fácil construir la policía que se necesitaba a partir del uso de un conjunto -más de 70 mil elementos militares- de activos disciplinados, formados, con elevados niveles de probidad y con preparación para el combate. Ahora resulta que necesitan ¡Más de cinco años! Para hacerlo y aún está en veremos.

Bueno, a juzgar por los antecedentes de quienes tienen esa responsabilidad, está claro que no hay posibilidad alguna.

Fueron de los que tuvieron las principales responsabilidades, precisamente en la época de la cual emergió la ola de sangre, violencia y  crimen que asola al país.

En tanto que Calderón decidía iniciar la “guerra” en contra del crimen organizado -y hasta casaca militar se calzaba- y lanzar al ejército a las calles, la principal oposición de entonces, la liderada por López Obrador, apuntalada por una pléyade de organizaciones de la sociedad civil -derechohumanistas, feministas, académicos, universidades, organismos internacionales (gubernamentales y no gubernamentales)- que no solo deploraron tales acciones, sino que encabezaron el rechazo activo a tales medidas.

El país entró a un baño de sangre que no ha terminado; no sólo eso, ni siquiera se ha atenuado, al contrario.

Con diferencias, incluso en plena pandemia, los índices delictivos van a la alza y los enfrentamientos entre las bandas y los sostenidos con las fuerzas públicas se repiten cotidianamente.

Así, los homicidios en 2019 llegaron a 29 mil 421, para un promedio diario de 80.6.

La tendencia no parece descender en el primer trimestre de este año , en el que ocurrieron 7 mil 279 homicidios, para un promedio diario de 80.87, ligeramente superior al del año anterior. 

De ese modo, de mantenerse, 2020 será el más violento de la historia del país, por segundo año consecutivo bajo el gobierno de López Obrador, a pesar de la incorporación de más de 70 mil efectivos de las fuerzas armadas a la Guardia Nacional.

De acuerdo con estos datos, que son, ya, del gobierno de la 4T, la tasa de homicidios se mantendrá en los 22 por cada 100 mil habitantes.

Compárese con los 5 de los EU y de los 3 de Europa, o los 2.3 de Asia, los 13 de Africa, los 17 de toda América, o las 6.1 del mundo.

Ese es nuestro lugar, por el grado de violencia existente en el país.

En otros delitos de alto impacto, el gobierno de la 4T registra las más altas cifras de la historia nacional.

En el robo a negocios, el año 2019 registró 116 mil 205 y el número de extorsiones denunciadas ascendió a 8 mil 500 en el año, cifra, ésta última que dio un salto pues los años anteriores, si bien registraba una tendencia creciente, fueron 6 mil 432 en 2018, lejos de las del año inmediato anterior -2017- que fueron de 5 mil 812.

Las extorsiones en 2019 superaron, de lejos, las registradas en 2013 (8 mil 213), el año récord en esta materia.

Por otra parte, la incidencia de robo a casa habitación y el robo de vehículos mostraron un descenso, pero en este rubro, la cifra de vehículos robados diariamente es de espanto: ¡372 autos!

Combatir toda esta delincuencia requiere, sí, fuerza, pero, sobre todo, inteligencia.

Y voluntad.

Además, requiere de una sociedad que se desentienda de la fé para enjuiciar los actos del gobierno. 

No se pueden aprobar o reprobar los actos gubernamentales con base en lo que “se cree”.

La verdadera transformación democrática de la sociedad mexicana se dará en cuanto los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos y obligaciones de manera racional.

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