Chihuahua, Chih.
“Mi reconocimiento a todos los trabajadores de la Salud, de instituciones públicas y privadas, que arriesgan su vida por salvar la nuestra”
JFM
Hasta el año de 1985, pareciera que los mexicanos viviéramos flotando en una nube, inmortales, no sujetos a las leyes de la naturaleza y a las catástrofes que, por milenios, han azotado a la humanidad, un terremoto de gran magnitud nos despertó de ese sueño, y nos tumbó de la nube el 19 de Septiembre de 1985.
El costo en vidas nunca se pudo determinar con exactitud, pero se calcula entre 4,000 y 20,000, pérdidas económicas por 8 mil millones de dls de aquellos, 250 mil personas se quedaron sin casa, y cerca de 1 millón se vieron obligados a abandonar sus hogares por fallas estructurales en sus viviendas, en las cuales corrían alto peligro.
La respuesta del pueblo ante esta tragedia fue ejemplar, centenares de miles de voluntarios participaron en el rescate y apoyos múltiples a la población afectada, la respuesta del gobierno federal y de la Ciudad de México fue deficiente, negligente, y una nueva oportunidad para la clase política de hacer negocios con la tragedia.
El Presidente tardó 36 horas en dirigirse a la nación.
El gobierno japonés, con amplia experiencia en terremotos, asesoró al gobierno de México para establecer por primera vez en la historia de la república, un sistema nacional de protección civil en 1988, que contó con la asesoría de la UNAM.
Este sistema se definió como una institución dedicada a generar conocimientos especializados, para reducir riesgos.
Así nace el Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED el 20 de Septiembre de 1988, con instalaciones propias el 11 de Mayo de 1990. Es un órgano subordinado a la SEGOB; en el año 2000 se aprueba la Ley General de Protección Civil y amplía su ámbito de acción, le confiere competencias para “crear, gestionar, promover y evaluar políticas públicas, para la reducción de riesgos, conducir la escuela nacional de protección civil, coordinar sistemas de información sobre riesgos y sistemas de alerta, e impulsar una cultura nacional en materia de protección civil”.
A 35 años de la tragedia del terremoto, nos cae la tragedia del COVID-19.
Es cierto que la OMS ha felicitado al Gobierno de México por el manejo de la crisis sanitaria. En Estados Unidos, los muertos por el COVID-19 ya pasan de 1,000 y 70 mil enfermos confirmados, aquí no llegamos a 10 muertos y tenemos menos de 500 infectados.
No podemos cantar victoria, estamos en la segunda de 3 fases.
Nos cuenta el periodista Badillo de la revista contralínea, que desde el sexenio pasado la Agenda Nacional de Riesgos elaborada por el CENAPRED, ya ponía en su lista una pandemia, los gobiernos del PRI y del PAN en lugar de fortalecer las instituciones de salud pública, las debilitaron dejando cientos de edificios–hospitales en obra negra, en Juárez tenemos una prueba de esos elefantes.
El horno no está para pastelitos, y ante grandes males, grandes remedios, es tiempo de que el Presidente asuma el liderazgo constitucional que lo faculta el Art. 29, para tomar decisiones rápidas y drásticas a la altura de las circunstancias, agradezco a mi amigo Pepe López que me llamó la atención sobre este tema.
