Chihuahua, Chih.
Ante el feminicidio de Danna y las irregularidades de la autoridad en la investigación, la pregunta generalizada, es ¿qué requiere la autoridad para actuar cuándo se encuentra comprometida la vida de una mujer? Palabras más, palabras menos, la reflexión colectiva nos lleva a pensar en la ineficiencia de la fiscalía y su profundo desdén cuando de mujeres se trata.
El caso de Danna resulta emblemático no solo por convertirse en mediático tras la sobreexposición a la que se sometió la madrugada en que, en medio de una transmisión en vivo realizada por una prima de la víctima, familiares expusieron los detalles y sobre todo, lo neurálgico que hace cuestionar la actuación de la autoridad: desarrollaron todo una cronología finamente detallada de cada momento sensible para la búsqueda y hallazgo de la joven y que, en su conjunto, evidenciaron la negligencia que se reflejó en la dilación de una orden de cateo que, siendo realizada la diligencia, reveló el lamentabilísimo hecho: fue asesinada.
Es decir, la familia realizó la búsqueda, informó a la autoridad, dio a conocer el sitio preciso de la ubicación de la joven y a los agentes ministeriales solo les restó resguardar la locación para no comprometer las evidencias de una investigación abierta y en curso, incluso de familiares, amigos, vecinos y activistas que presionaban al unísono para su pronta intervención, amagando hacer lo propio si no urgían la tan esperada orden.
Aquí hay un par de puntos que me gustaría abordar: uno de ellos es la prolongada demora para su obtención, de la que solo podemos suponer que fue por no encontrar algún juez disponible para su firma.
Si bien es cierto que fue de madrugada; desde noviembre del año pasado se preveían retrasos en el Poder Judicial por la salida de jueces y magistrados, lo que vino a confirmarse la semana anterior dándose a conocer la suspensión de plazos procesales por el proceso de entrega-recepción resultado de la elección judicial, probablemente, ni siquiera encontraban a algún juzgador aun en funciones.
Por otro lado, no podemos apartarnos del hecho de que, si no fuera por la decidida acción de la familia sabiendo a su hija en riesgo, Danna hoy sería una desaparecida más si su búsqueda hubiese solo dependido de la Fiscalía.
Y es que, si dependiera solo de la Fiscalía, los Índices de impunidad acumulada en casos de feminicidio, que en Chihuahua ascienden a 98.8% probablemente serían de 99 o 100%.
El dato obtenido del informe de la organización Impunidad Cero sobre el Índice de Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en el 2022 ilustra sobre el tratamiento de los casos y el actuar de la autoridad desde el momento de la integración de las carpetas de investigación.
Se pueden suponer múltiples factores que intervienen en la falta de acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas (sus familias); sin embargo, la constante es la rampante impunidad que orienta a que se protejan los derechos de los agresores y feminicidas por sobre la vida y la dignidad de quien afectan.
Y para muestra, un botón: Angela Pichardo es una joven oriunda de Ciudad Aldama que fue atacada al punto que su agresor solo dejó de golpearla cuando la creyó muerta.
A pesar de eso, el magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez desestimó la causa modificándola de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar, decisión derivada de que la agente del ministerio público que lleva el caso omitió deliberadamente enunciar todas las lesiones que le infringió a Angela, como la fractura de la mandíbula y craneales que padeció y que la colocaron en riesgo de muerte.
Las evidencias de la magnitud del daño fueron presentadas por la defensa de la joven en audiencias posteriores y peritos expertos también mostraron dictámenes que demuestran que Jesús Manuel (el agresor) es violento y un riesgo para la sociedad; lo que exponencialmente vulnera a Angela y a su familia, que en este momento, se encuentran desplazadas de su hogar por la amenaza latente que representa que J.M. esté suelto, luego de cursar solo 4 meses de prisión preventiva.
Angela Pichardo y su madre ahora navegan en medio de la incertidumbre.
La decisión del magistrado cuestionado y que otrora fue sometido a proceso penal por ser señalado por corrupción, liberó a un potencial feminicida revictimizando no solo a la víctima sino a su familia y comunidad, puesto que el mensaje es claro: no solo le otorgó la posibilidad de llevar su proceso en libertad, le dio un paso directo de impunidad haciendo saber que alguien capaz de esa violencia no será tocado por la autoridad, ni aún casi matando a alguien.
Nuevamente las familias son las que frente a la ausencia de la autoridad y la negligencia del estado que falla sistemáticamente en garantizar derechos, tienen que hacerse cargo como pueden y con lo que tienen para salvaguardar la vida, aun a pesar de encontrarse en medio de un profundo riesgo y tantas amenazas, porque las y los operadores de la justicia siguen eligiendo trabajar sobre mujeres muertas que ponderar que los esfuerzos de las sobrevivientes, revictimizándolas y sumándole eslabones a la cadena de violaciones y violencias a las que ya de por sí, vivieron.
Y que lamentable, porque es como si magistrados como Jorge Ramírez las castigaran a ellas por no haber muerto y tener la osadía de seguir con vida.
@marielousalomé
1. https://diario.mx/estado/2024/nov/21/preven-retrasos-en-poder-judicial-por-salida-de-jueces-1042168.html
2. https://elcongresista.mx/politica/chihuahua/poder-judicial-chihuahua-suspende-plazos-entrega-recepcion/
3. https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=177&t=comunicado-solo-1-de-cada-10-homicidios-dolosos-ha-sido-esclarecido-en-6-anos
4. https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/2025/aug/12/deja-magistrado-libre-a-potencial-feminicida-722966.html?fbclid=IwY2xjawMWNptleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFVU256M1dOcW9uVVRIcDlrAR6cO3UnCK7KPoAKPnOBoHBB2rKtznMObBZlQnKjSRj76d-cx2m8j0noK5Vt_g_aem_AIMk13ySdE3l3KjOovxLQw
