El cinismo y sinvergüenza de los legisladores mexicanos aflora en cada ocasión en que las muestras de descontento popular exigen que se apruebe un descuento de sus ‘dietas’. Tal es el caso reciente de la diputada federal priista Susana Corella (#LadyNoMeAlcanza) cuando, en una entrevista, le pidieron su opinión respecto a las medidas de austeridad para contrarrestar el aumento de la gasolina.
Su respuesta, sin duda alguna, merece ser registrada en los anales de la historia política de México: “La gente piensa que un diputado federal gana mucho y no es así, son muchos los gastos… mis ingresos (como legisladora federal) no me alcanzan para cubrir mis gastos personales”.
Esta legisladora priista, llega al extremo de quejarse porque “van a quitarnos algunos de los pues no sé qué beneficios”. Y al ser cuestionada de que si va a devolver el dinero del ‘bono navideño’, su respuesta -con una mezcla de impudicia y coraje- fue: “¿qué voy a devolver?, te estoy diciendo que no me alcanza”.
Y el caso del senador panista Javier Lozano, no se queda atrás. A pregunta expresa de qué si como legislador está a favor de las medidas de austeridad ¿por qué no quiere reducir su sueldo? Su respuesta, fue que “el país necesita políticos de calidad, y esto podría conseguirse reduciendo a la mitad del número de legisladores… Yo vivo de esto, esa demagogia de decir con mucho gusto doy la mitad de mi salario ¿y luego a robar o qué?”.
En Chihuahua, la tendencia es semejante. Así lo confirma la declaración del Secretario General de Gobierno (SGG), César Jáuregui Robles, quien en días pasados afirmó que “el sueldo de los funcionarios públicos de la administración estatal ya es bajo y por eso no se da el recorte al salario… y por ello no se puede hacer más ajuste, por lo que se optó por otras medidas para la racionalización del gasto del gobierno estatal”.
Y como si la Administración Pública Estatal fuera una empresa privada, y el SGG su gerente, Jáuregui Robles sostiene que “los salarios (burocráticos) que se pagan son bajos, (por eso) las administraciones públicas enfrentan un problema para contratar personal, debido a que los sueldos que ofrece en ocasiones no son atractivos y la gente opta por la iniciativa privada, por lo cual, es importante que se conserven salarios competitivos”.
La declaración del SGG, deja en evidencia la miopía hacendaria del gobierno corralista. En efecto, los actuales funcionarios de gobierno ignoran que la cuestión del reclamo social no es en sí el monto de los salarios que devengan los altos funcionarios de gobierno y de los organismos autónomos. No. Por supuesto que no.
El motivo del descontento social es otro: La excesiva cantidad de funcionarios públicos y la extrema desproporción entre el sueldo que reciben y el desempeño del cargo. Aunado a que dicho sueldo, no solo resulta ser notoriamente inconstitucional, sino además, se traduce en un insulto para los millones de mexicanos que reciben un sueldo miserable de, cuando mucho, tres salarios mínimos.
Por ello, resulta oportuno citar los comentarios, publicados en la ‘Revista Fobres’, del analista económico Emmanuel Ameth: “A los diputados mexicanos poco les importa que su nación sea víctima de la desigualdad extrema, pues la dieta que perciben, la promueve… Pobreza y marginación son una constante, igual que el flagrante abuso por parte de los diputados y de la cúpula política mexicana”.
“Además, si los ingresos de los diputados son comparados con el sueldo mínimo, recordando que en México 45% de los trabajadores tiene una remuneración inferior a dos de minisalarios, estos representantes del pueblo obtienen una dieta 124 veces superior, único cociente de tres dígitos dentro de los países evaluados…”
Definitivamente, ya es tiempo de que el reclamo social exija la reducción de los salarios de los funcionarios públicos estatales, municipales y de los organismos autónomos. Yo me pregunto: ¿Cuál será la postura de Javier Corral al respecto?
COMPENSACIONES BUROCRÁTICAS
A finales del 2016, el actual gobernador declaró que tenía pensado “realizar una reestructuración de salarios de los servidores públicos y analizar la homologación conforme a la responsabilidad y funciones de los servidores públicos… (en) los salarios que perciben los funcionarios existen mecanismos de corrupción, porque los sueldos que perciben los empleados de Gobierno son menores a las compensaciones”.
En esa ocasión, Javier Corral fue enfático al expresar que iba a hacer muchos ajustes en un sistema que no está claro de ingreso salarial y compensaciones: “Lo que vamos hacer es un tabulador único, incluso para homologar salarios de igual responsabilidad y función ya que hay unas disparidades tremendas.”
Por lo anterior, por este conducto y de manera gratuita, le recuerdo al SGG que, por mandato constitucional, todos los servidores públicos estatales tienen derecho a “recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo; misma que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.
A mi parecer, resulta evidente que el actual SGG carece de una de las virtudes esenciales de la política: la prudencia; por ello, le sugiero que evite hacer declaraciones subjetivas y dogmáticas que pongan en entredicho la credibilidad del ‘Sr. Gobernador’; o bien, que sea su subalterno, Joel Gallegos, quien en el papel de “personero oficial” sea quien emita la versión oficial del gobierno estatal.