Chihuahua, Chih.

Durante décadas, la institución del juicio político fue meramente decorativa. Al extremo de que, hoy en día, a pesar de que el Congreso Local ha expedido la Ley de Juicio Político y de Declaración de Procedencia (LEY), en la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL) existen lagunas jurídicas que propician la denegación de justicia en los juicios políticos promovidos en la pasada Legislatura.

Así, por ejemplo, en la LOPL se establece que las comisiones de dictamen legislativo serán permanentes “y desempeñarán sus trabajos durante el período de la Legislatura”; y deberán estar integradas “a más tardar, en la cuarta sesión posterior a la de instalación de la Legislatura”.

En tratándose de las comisiones jurisdiccionales no se precisa un plazo para su integración. Lo anterior, obviamente, porque no son comisiones permanentes y su creación depende de hechos futuros e inciertos; como lo sería la presentación de un juicio político.

Sin embargo, en un párrafo aislado, la LOPL establece que “en lo no previsto para estos cuerpos colegiados (comisiones jurisdiccionales y especiales), se estará a lo dispuesto para las Comisiones de Dictamen Legislativo”. De la simple lectura de este párrafo, se desprende que el Pleno del Congreso debió integrar -el jueves pasado- una comisión jurisdiccional.

En cuanto a su integración, la actual Legislatura deberá respetar, escrupulosamente, lo dispuesto en la LEY: “contará con cinco miembros propietarios y tres suplencias, misma que reflejará la composición plural del Congreso”. Yo me pregunto: ¿Hasta cuándo se conformará una comisión jurisdiccional para seguir el trámite del juicio político promovido en contra de Javier Corral y ‘Lucha’ Castro?

Resulta increíble que, a pesar de haber transcurrido más de cuatro meses, el Congreso ni siquiera ha dictado el acuerdo de admisión del juicio político promovido en contra de Javier Corral (a) “El César Duarte II”.

Mucho menos se ha convocado al Pleno para resolver el recurso innominado en contra de un acuerdo verbal aprobado por la Junta de Coordinación Política en la pasada Legislatura.

Ahora bien, si tomamos en cuenta el precedente de inhabilitación decretado hace unos días en contra del exgobernador de Nayarit, por el Congreso Local de esa entidad federativa; la efectiva integración plural de una comisión jurisdiccional adquiere una extraordinaria relevancia política en el Estado de Chihuahua.

Recordemos que el Congreso nayarita aprobó la inhabilitación por 12 años del exgobernador Roberto Sandoval para ocupar cargos públicos, al acreditarse el uso indebido de recursos para beneficiar a candidatos del PRI en 2017; y con ello, violentar los principios de neutralidad y equidad electoral; y por haber otorgado un ‘fiat notarial’ al ex auditor general del Órgano de Fiscalización.

Una vez que sea admitido el juicio político en contra de ‘El Cesarín’ Corral, dada su reiterada y constante violación a los derechos humanos en perjuicio de cientos de chihuahuenses; se presentará otro juicio político, para que la actual Legislatura acumule ambos juicios, y de esta manera, cuente con las pruebas suficientes para decretar la inhabilitación de Javier Corral.

Un tópico paralelo, que tiene que ver con la cínica sumisión política de los diputados panistas que integraron la pasada Legislatura, es la relativa a la omisión de actualizar la LOPL en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos legislativos.

En efecto, los diputados panistas trataron -inútilmente- de hacernos creer que enarbolaban la bandera de la anticorrupción oficial; mientras tanto, encubrían sus propios actos de corrupción al no establecer el órgano de control interno que investigue la corrupción legislativa.

En otras palabras, corrupción e impunidad legislativa garantizada. Ni más ni menos… Yo me pregunto: Este tópico, ¿Está en la agenda de los diputados morenos? ¿Hasta cuándo será posible sancionar los actos de corrupción de los diputados?