Arguyendo que el Consejo de la Judicatura Estatal ordenó reabrir dos sendas denuncias presentadas por ciudadanos, una en contra del ex Gobernador Duarte y su Secretario de Hacienda Jaime Herrera, por peculado y enriquecimiento ilícito; y otra en contra de Carlos Hermosillo, ex titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), ex Director de Administración de la Secretaría de Hacienda y actualmente diputado federal del PRI, por los mismos delitos, el gobernador Javier Corral anunció que se investigará a los funcionarios de la Fiscalía General del Estado que en el gobierno de César Duarte ordenaron archivar dichas denuncias.

No hay lugar a dudas, en un mensaje videograbado, Corral señaló al ex fiscal Jorge González Nicolás como el responsable de ordenar el archivado de las denuncias “violentando el procedimiento de la investigación, todo lo cual ha quedado demostrado en la audiencia de control, y constituye no sólo una falta administrativa, sino un delito”.

Los días 12 y 14 de diciembre, la Judicatura Estatal de Chihuahua, a través de dos Jueces de Control, ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) reabrir las investigaciones en ambos casos, pero también “las que se presenten ahora contra quienes vulneraron el orden jurídico”.

Esa orden fue acatada de inmediato por el Fiscal Peniche, que revisará las carpetas judiciales levantadas en contra de los ex funcionarios que fueron archivadas sin llevar a cabo la investigación de los hechos denunciados.

En una declaración, Peniche sostuvo que investigará para “establecer si existió responsabilidad del Ministerio Público y de los servidores públicos que hubiesen instruido o tolerado el indebido archivo de los expedientes”. (Nota de Pedro Sánchez Briones, Reforma, 15/XII/16).

Corral subrayó que se presentarán las denuncias de manera contundente en términos de su caudal probatorio, y de manera muy responsable y cuidadosa para no poner en riesgo su solidez, hasta obtener justicia y advirtió que actuará “con pleno respeto al debido proceso, y también con toda decisión y firmeza, no sólo para que sean castigados los que cometieron los delitos, sino también para recuperar los bienes o el dinero que sean fruto de lo indebido”.

Tales declaraciones, pero, sobre todo las acciones judiciales realizadas y las que se realizarán, le añaden otras aristas al indudable conflicto existente entre el gobernador Corral y el alcalde Armando Cabada, respecto al nombramiento de González Nicolás como responsable de la seguridad pública municipal en Juárez.

A la luz de lo informado por Corral y Peniche, derivado de hechos incontrovertibles, como lo son la presentación de las denuncias y el archivado de ellas sin efectuar las investigaciones correspondientes y sin notificarles a quienes las presentaron, además de la premura por ordenar que se archivaran, esto es, no darles curso, a días de que terminara el gobierno de Duarte (una de ellas se archivó el 29 de septiembre de este año), le añade indudablemente un intolerable tufo de impunidad, y evidencia la complicidad de quienes estaban encargados de la aplicación de la ley en la procuración de justicia; de manera principal al entonces fiscal Jorge González Nicolás.

Entonces, si las investigaciones corroboran lo que se sabe hasta el día de hoy, es probable que nos encontremos ante un inédito escenario, el de que el jefe de la policía de la principal ciudad de Chihuahua sea sometido a un proceso judicial, por la aplicación indebida de la ley y otros delitos derivados de la intención de evitar que se aplicara la ley a compañeros suyos de la administración encabezada por César Duarte, en el sexenio del oprobio al que fuimos sometidos los chihuahuenses.