Para acreditar, de manera sencilla y veraz, el retroceso político de un país es más que suficiente echar una mirada retrospectiva a las notas periodísticas de años o meses anteriores. Así, por ejemplo, para criticar una cierta problemática actual, muchos editorialistas acudimos a colaboraciones de antaño para referir, con las mismas palabras, pero con diferencia de fechas y actores políticos, la problemática social y política de hoy en día.



Tal es el caso del Padre Hesiquio Trevizo, quien trascribe un artículo periodístico de su autoría ¡De hace 20 años!, sin que el mismo pierda vigencia y presencia. En otras ocasiones, para que nuestros lectores tengan una visión más amplia de un tema actual, es menester citar editoriales pretéritas ya que facilita su comprensión, y nos permite dar una explicación más allá de su contexto coyuntural.



La reciente declaración del presidente Peña Nieto en la que reiteró su postura de no dar marcha atrás al ’gasolinazo’: “No hacerlo así, sólo nos llevará a poner en riesgo la condición de estabilidad que hemos logrado construir en los últimos años y eso es lo más valioso que hoy tenemos los mexicanos, que permite que haya empleo en nuestro país, que haya una inflación baja, que haya una recuperación gradual en el poder adquisitivo de las familias mexicanas…”



A pesar de que admite que la ‘Reforma Energética’ se dio sin imaginar siquiera “la caída de los precios del petróleo (que) no estaba en el radar cuando se cambió la legislación… compartir el riesgo con la iniciativa privada evitará grandes endeudamientos del gobierno, como ocurrió hace 50 años, cuando éste invirtió sólo en las áreas de explotación y producción”.



Esa es la justificación financiera del Gobierno Federal: los recursos adicionales que genere el ‘gasolinazo’ serán utilizarlos para “mantener el precio de la gasolina, ya que dejar de aportarlos a acciones prioritarias habría significado que prácticamente se hubiera tenido que cerrar buena parte de las escuelas del país; porque 200 mil millones de pesos representa casi la mitad de la nómina que se paga a maestras y maestros de primaria y secundaria”.



Recordemos que hace unos meses el propio Peña Nieto, a pregunta expresa respecto a su expresión sobre el ‘mal humor social’, declaró que “es parte de una nueva realidad… Las redes han impreso un cambio al sentir social, al humor social. En buena medida se han convertido en la plaza pública, donde escuchas distintas voces y expresiones. Tienen impacto en distintos segmentos de la población. Pueden ser opiniones bien fundamentadas o no” (La Jornada, 23 de mayo).



La reacción de los actores políticos de oposición fue inmediata y contundente: El dirigente nacional del PRD, Agustín Basave, afirmó que Peña Nieto “sigue sin entender que el asunto del ‘humor social’ no es un problema hormonal colectivo, sino un malestar por la corrupción y el autoritarismo”.



Para la diputada panista Cecilia Romero, el mandatario federal “vive en otra realidad. Lo que no ve es que ese enojo lo genera la desigualdad que persiste en el país y que temas esenciales como el combate a la corrupción sigan pendientes”.



Sólo así, podemos entender y justificar la revuelta social que vive el país: las desafortunadas y tendenciosas declaraciones de Peña Nieto -como una ‘Caja de Pandora’- ha expulsado al mundo exterior el ‘mal humor’ acumulado por años en las redes sociales; cuya materialización es, ni más ni menos, el violento reclamo social del que somos testigos desde el inicio del 2017.



Paralelamente, el sector maquilador han iniciado acciones mediáticas para desprestigiar las protestas sociales, con el burdo argumento de las millonarias pérdidas económicas que les ocasionan los bloqueos de las carreteras. Obvio, a ellos y a la clase política, les tiene sin cuidado el precio de la gasolina.



Mientras tanto, líderes sociales y actores políticos han unido esfuerzos para que el gobierno estatal le exija a Peña Nieto la derogación del IEPS.