La jornada comicial de los procesos electorales concurrentes del año próximo será el primero de julio del 2018. Si el Congreso Local no modifica la calendarización electoral aplicada en el 2016, el proceso electoral local iniciaría el 2 de enero; es decir, habría que atrasar un mes el inicio de los comicios locales.

De ser así, el plazo fatal para publicar las nuevas reglas electorales, sería la última semana de septiembre. Sin embargo, la reforma constitucional deberá ser aprobada y publicada, a más tardar, en julio; para que los partidos políticos tengan tiempo suficiente para negociar la reforma a la Ley Electoral.

Así las cosas, es oportuno precisar los tópicos constitucionales más importantes que serán objeto de debate legislativo: a) reducción de diputados (de mayoría y ‘pluris’); b) reducción del financiamiento público a partidos políticos; c) modificación a la distribución del financiamiento público; d) nuevo procedimiento de asignación de ‘pluris’; y e) requisitos de elegibilidad más rigurosos.

En cuanto a la reforma constitucional en materia electoral, debe tomarse en cuenta que la propia Constitución del Estado establece que las reformas o adiciones podrán “ser parte de la misma”, siempre y cuando “el Congreso las acuerde por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes”. En otras palabras, se requiere una mayoría calificada de, cuando menos, 22 diputados.

En la actual Legislatura, el PAN no cuenta con los diputados suficientes para ser mayoría simple (16); por lo cual, dada la fragmentación parlamentaria, es necesario contar con el apoyo de 6 diputados de otros grupos parlamentarios. Lo anterior, obligaría a Miguel La Torre a negociar con los diputados del PANAL (3), PVEM (2) y el PT (2); para sacar adelante cualquier reforma constitucional; y porque no, lograr un apoyo adicional con los diputados del PES, PRD y MC: Sumando así, 26 votos para aprobar los nuevos principios electorales que serán aplicados en el 2018.

En cuanto a los grupos parlamentarios del PRI (5) y Morena (2), resulta obvio que asumirán una postura de oposición ‘responsable’; el primero, para evitar una parcialidad excesiva en las nuevas reglas electorales que les compliquen, aún más, sus pocas probabilidades que tienen de obtener triunfos electorales. El segundo, para justificar su papel de corriente política que busca un verdadero cambio en la vida pública del país.

Ahora bien, en anteriores colaboraciones he expresado mi postura en el sentido de que la realización de “Foros y Mesas de Trabajo”, previo a la reforma electoral, para darle participación a la ciudadanía chihuahuense es una burda estrategia legislativa para que el PAN logre sumar a los minipartidos y sacar adelante una reforma electoral que le mayor margen para conservar los triunfos electorales obtenidos en los comicios del 2016.

En días pasados, adicionalmente a la calendarización de los “Foros y Mesas de Trabajo”, el coordinador de la bancada panista anunció la creación de una “Mesa Técnica” en materia electoral, la cual será la encargada de “procesar y analizar la información recabada de los foros públicos”.

En el sitio oficial del Congreso del Estado, se da cuenta de la siguiente información: “Legisladores locales acordaron el turno de las iniciativas en materia electoral, para que sean enviadas a las Comisiones Primera y Segunda de Gobernación, y sea constituida de manera inmediata la Mesa Técnica electoral, a fin de analizar en ella los temas correspondientes”.

Al revisar la integración de estas dos comisiones resalta la falta de representación plural de todas las fuerzas políticas, en especial, la de Morena. Sin embargo, en el Reglamento Interior del Congreso se precisa que ambas comisiones legislativas conformaran una nueva Mesa Directiva, ya que habrá de funcionar como una sola ‘comisión ordinaria’.

Yo me pregunto: ¿El PAN ya negoció cuáles serán los partidos políticos que integren la mayoría en la comisión unida?



INICIATIVA ‘FURRIS’:

El diputado panista Jesús Villarreal presentó una iniciativa de ley para reformar el Art. 40 de la Constitución Local con la finalidad de reducir el número de diputados ‘pluris’: de 11 a 7; es decir, eliminar 4 diputaciones plurinominales. Los argumentos esgrimidos por este diputado, son los siguientes:

“En mis recorridos por mi distrito y en contacto con la ciudadanía, como diputado local, me hace cada vez más evidente la necesidad de realizar ajustes a la forma en la que los servidores públicos debemos ejercer la representación política. Una constante crítica que escuche durante mi campaña, es que la clase política no tiene un comportamiento decoroso en el ejercicio del poder, que suele aprovecharse de su puesto e influencia para obtener beneficios que contrastan con las carencias de gran parte de la población”.

“A nosotros como clase política, y más como diputados, responsables de autorizar el gasto público y fiscalizar su ejercicio apegado a la ley, nos toca hoy, ponerle un alto a ésta tendencia, acotar en lo que resulte razonable, la representación política a los estándares más exigentes de la relación, representación gubernamental, gasto público y ciudadanía efectivamente representada” (¿?).

“…el monto total a ahorrar sería por la cantidad de trece millones seiscientos mil pesos para la próxima Legislatura, ello sin considerar, los demás servicios o gastos que se deben de prestar a cada diputado, lo que representaría más de un 4.12% de reducción del actual presupuesto del Congreso. Dinero, dinero… dinero vil metal.