Chihuahua, Chih.

No hay otra forma de calificar el extenuante ritmo de trabajo del presidente López Obrador -independientemente de las valoraciones que se hagan sobre la eficacia de su gobierno- que el de saber que su gestión es extremadamente corta frente al pavoroso escenario en el que le tocó gobernar a México.

Con mayor o menor frecuencia insiste en que a la mitad de su gestión se someterá al arbitrio popular para que se evalúe si continúa o no en el gobierno.

Tan loable propósito esconde una pretensión: Aparecer en la boleta electoral, como aseveran sus más acérrimos críticos, y con ello fortalecer las candidaturas de Morena y sus aliados en las elecciones de mitad de sexenio a diputados federales y las gubernaturas que se disputarán ese año (alrededor de 12-15), más las diputaciones locales y alcaldías.

Poco más de medio país irá a elecciones locales, además de las de diputados federales, que tradicionalmente concitan la más baja participación electoral.

Que aparezca López Obrador en la boleta electoral, o que, con cualquier motivo tenga una participación protagónica, será vital para el fortalecimiento de su partido y su gobierno, pues garantizaría muchos triunfos electorales para los candidatos del morenaje.

La oportunidad es de oro. El conjunto de los partidos políticos, incluidos el PAN y el PRI, arrostran una profundización de la crisis generada por la aplastante derrota sufrida en julio pasado y sus pronunciamientos contrarios al gobierno de la 4T sólo han fortalecido la simpatía ganada por López Obrador.

No es lejana la posibilidad de que en las más próximas elecciones, particularmente las que deberán celebrarse en unos meses, a gobernador en Baja California y Puebla, y otras locales en varias entidades, se presenten resultados semejantes a los del año pasado.

Si esto pasara, especialmente en Baja California, en la que el PAN ha gobernado desde 1989, constituiría el peor de sus descalabros, a lo que se sumaría el previsible desenlace en Puebla, seguramente a favor del candidato de Morena, luego de que la gobernadora Erika Alonso muriera, junto con su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle, líder de los senadores panistas y sin duda el más adelantado de los aspirantes a la candidatura presidencial en 2024.

Pero esas son las presumibles intenciones del presidente López Obrador y otras son las posibilidades de que el llamado “refrendo” presidencial tenga posibilidades de efectuarse legalmente.

Podrá realizar una consulta en los términos de las dos efectuadas hasta la fecha, pero no podría convocar a los mexicanos a que pudieran poner término a su mandato, no está facultado para ello.

Es un tema polémico, sin duda, pero hay certezas jurídicas sobre el tema.

En primer lugar, los mexicanos fuimos convocados a elegir a un ciudadano como presidente que ejercería para el período del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, no más, pero no menos, salvo por las contingencias que la Constitución General de la República establece, entre las cuales no se encuentra la posibilidad de que en una elección se determine el fin de su mandato.

El presidente de México no puede renunciar a su gestión; otro es el escenario de la comisión de algún delito, en los supuestos establecidos en el texto constitucional, pero nada más.

Sólo podrá renunciar a la presidencia “por causa grave” (“Artículo 86.- El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.), más aún, el presidente, “durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Todo esto tiene una importancia capital, la de la vigencia del principio constitucional, emanado de la Revolución Mexicana, de la no reelección, que en los tiempos modernos sólo aplica a los titulares del Poder Ejecutivo, federal y estatales pues en todos los otros cargos de elección popular ya está establecida, no sólo la reelección, sino la reelección continua, y si se modificara la Constitución para permitir el acortamiento del período presidencial vigente, en la práctica se estaría abonando el camino para la reelección pues si permite lo uno (el acortamiento del período constitucional), da paso para lo otro.

Ahora bien, puede darse el caso de que sí se aprobaran modificaciones constitucionales de esa magnitud, no podrían aplicarse para los actuales gobernantes, pues de acuerdo con distintos ordenamientos jurídicos, al ser producto de una elección, es decir, de una decisión ciudadana, para un encargo determinado, que no puede ser cambiado, y cuyas fechas fatales están plenamente establecidas, no podrían acceder a esas reformas de tal modo que los posibles beneficiarios serían los gobernantes emanados de procesos electorales celebrados posteriormente a la aprobación de las reformas reeleccionistas.

Y es que las fechas de una gestión, en este caso la presidencial, no se pueden cambiar, así una abrumadora votación determinara que, por ejemplo, López Obrador renunciara -sin haber cometido delitos de ninguna índole-, si ocurriese lo contrario.

¿Pero qué está haciendo López Obrador?

No son coincidencias los actos realizados. En las conferencias mañaneras discurre para el país entero (más de 2 millones de personas lo ven a esa hora), pontifica, dictamina, educa (de acuerdo a sus parámetros), informa, pero, sobre todo, trata de orientar a los mexicanos, (adoctrinarlos, dicen sus críticos), explica los problemas, según su personalísima versión y, luego, en las plazas públicas, frente a los suyos, consolida una presencia, no sólo mediática, sino presencial, al alcance de los ciudadanos, a los que les endilga la mayoría de sus frases y conceptos, harto conocidos, aderezados por algunos de sus dichos más famosos (Me canso ganso; nos llevaron al despeñadero; la mafia del poder; que me pongan en la lista, etc.) y en los que los gobernadores, como es lógico, son abucheados por los asistentes a los actos, mayoritariamente militantes de Morena y que sólo se hacen eco de lo que muy frecuentemente el presidente hace, burlarse de los mandatarios y dirigentes de los partidos que le precedieron en el poder.

Es incomprensible ¿Porqué se tardaron tanto los gobernadores en asimilar que serían abucheados en los actos del Peje?

¿Acaso, como ocurre con el chihuahuense, Javier Corral, no creían que estuvieran tan abajo en las simpatías ciudadanas y sólo hasta que confrontaron un escenario plenamente adverso, podrán percatarse de las calificaciones que sus conciudadanos les otorgan y se niegan a aceptarlo?

Por eso, en el colmo de la desesperación, fabricaron el sambenito de que Morena había diseñado y aplicado un operativo para que fueran abucheados los gobernadores de los partidos de oposición.

Es que no lo asimilan: Son masivamente repudiados por sus gobernados.

El caso de Corral es peor pues es el mandatario que más críticas le ha enderezado al tabasqueño, hasta el grado de intentar, dice, ser parte de los contrapesos frente a AMLO, además de lanzarle, con mucha frecuencia, acerbas críticas.

Pero la ofensiva lopezobradorista es inmisericorde, después de aplicarle el epíteto de “ternuritas” a Corral y compañeros integrantes de “los contrapesos”, ante las quejas de varios gobernadores por los abucheos, el tabasqueño casi se burló de ellos y les dijo que po’s si no quieren ir a las plazas públicas, “si no quieren exponerse a abucheos, yo los visito en privado”.

“No puedo perder comunicación con la gente. El que no quiera exponerse, yo los visito y no hay ningún problema”.

Todo apunta a una estrategia puntualmente establecida, en la que el factor central es el apuntalamiento de su dirigencia, enseguida de los programas de su gobierno y como consecuencia de lo anterior, el de Morena, al que necesita, como hasta ahora ha sido, como el instrumento político ideal para su llegada al poder, pero al que ahora prepara para darle continuidad a su proyecto político, el de la 4a. Transformación, eje central de sus acciones, pensamientos y discursos, a la que trata de imbuir en el ánimo colectivo, como la continuación de los procesos revolucionarios de la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910 con los que existen serias diferencias.

Pero ese es otro tema.

Requisito fundamental para darle continuidad será, en 2021, mantener, por lo menos, la mayoría en las cámaras, la de Diputados y Senadores, que le permitieran, entre otras cosas, la aprobación de los presupuestos del fin del sexenio, tiempo en el cual, se supone, estaría capitalizando socialmente lo realizado en la primera mitad del sexenio.

Van más allá las pretensiones, entre las que se encuentran, en primerísimo lugar, obtener por lo menos la mitad de las gubernaturas y así consolidar su hegemonía política pues, lo ha sostenido en varias ocasiones, el tiempo (de la presidencia) es “muy corto”.

No cabe duda que estamos frente a un proyecto transexenal, pero que tiene algunos candados frente a sí, uno de ellos, el de la imposibilidad constitucional de aparecer en las boletas electorales del 2021.

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