Chihuahua, Chih.

De acuerdo con la investigación de las pruebas presentadas en la impugnación del equipo jurídico de Armando Cabada, realizada por los magistrados del Tribunal Estatal Electoral sobre la revisión de las boletas electorales, efectuada por la Asamblea Municipal Electoral, es un verdadero batidero.

Las supuestas trapacerías realizadas nos remontan a la era cuaternaria en materia electoral y son suficientes como para fincar cargos de carácter penal y administrativo en contra de varios de los funcionarios del Instituto Estatal Electoral, entre ellos, de manera principal, a los integrantes de la Asamblea Municipal.

Sus acciones le otorgaron el triunfo al candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, integrada por Morena, PES y PT, Javier González Mocken, en una inaceptable emulación de cuando éramos el país del fraude electoral, el que se practicaba de las maneras más burdas:

De acuerdo con las actas de la revisión de los votos emitidos, cuestionados por haber dudas en cuanto a la verdadera voluntad del elector, incluidos muchos de ellos catalogados como nulos, los magistrados electorales exhibieron las discrepancias entre el número de votos para uno ú otro candidato y lo asentado en esa acta -individualizada, le denominaron- que llegaron, en varios, a casos a ser del orden ¡De los 100 votos!

El procedimiento fue simple, como antes, si existían 109 votos para Cabada, en el acta asentaron solamente 9!

Y como ese caso, varios, -En un total de 43 casillas hubo errores e inconsistencias que vulneraron la votación- de tales dimensiones, que el recuento revirtió el resultado y le otorgó una ventaja de 849 votos a Cabada sobre González Mocken: 175 mil 982 votos para Cabada, 175 mil 134 para González Mocken.

El dictamen fue aprobado por mayoría de 4 votos a 1, el del magistrado Jacques Adrián Jáquez Flores, quien presentará un “voto razonado” pues, dijo, la gravedad de las faltas cometidas en este recuento lo llevan a sospechar, sustentadamente, que tales fallas debieron abarcar al total o a la casi totalidad de los resultados de las casillas, por lo que, sostuvo, debió hacerse un recuento total de la elección.

Cosa diferente a la planteada por González Mocken quien afirmó que impugnará la elección debido a la compra masiva de votos.

El problema es que deberá aportar las pruebas documentales necesarias para acreditar esa compra, y haber presentado, en las etapas previas las impugnaciones respectivas.

Las conclusiones de los magistrados son apabullantes en contra de la actuación del “Instituto Estatal Electoral”, así lo dijeron al establecer ·un ganador que no era”, como lo dijo Julio César Merino, ratificado por César Wong, quien aseveró que “el IEE no cumplió con los principios rectores de la elección” y al sostener que “No fue correcto el trabajo de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez” pues encontraron “diferentes consistencias en el recuento”, por lo que compartieron la opinión de “darle vista” al INE, la Fepade y la FGE del dictamen, para que estas instancias, dentro de las facultades de cada uno, finquen las supuestas responsabilidades de los funcionarios del IEE, que pueden llegar hasta las penales.

Por otro lado, parecieran desmesuradas las expresiones del presidente estatal de Morena, Martín Chaparro, quien arguyó que los magistrados “debieron pedir la anulación de la elección, al detectar los errores en el conteo que hizo la Asamblea Municipal Electoral de Juárez”, cosa que pedirán, dijo, al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), debido a que el equipo de Cabada presentó la impugnación al resultado del recuento de solamente 75 casillas, y no sobre el total de las casillas.

Los magistrados no pueden actuar de motu propio, en estos casos, pues para hacerlo tendrían que contar con todos los elementos de prueba presentados por las partes y analizarlos para dictaminar sobre ello.

Por lo pronto, hasta no haber resolución del TEPJF el candidato triunfador es Cabada.

González Mocken deberá presentar todas las evidencias y argumentaciones necesarias, si quiere sobre el total de la elección, pero fundamentalmente deberá combatir lo argumentado por los magistrados del TE, es decir, está obligado a demostrar que las actas “individualizadas” del recuento, impugnadas por Cabada, sí corresponden al número de votos emitidos y analizados por la Asamblea Municipal.

Y tal determinación no tiene nada de “legaloide”, como ya se califica en las redes sociales el dictamen del TEE, son simples cuentas y anotaciones en actas, eso es lo que está en discusión.

¡Híjole, y algunos creíamos superada esta forma de hacer fraudes electorales!

Y esa es la otra arista del problema ¿Los representantes, candidatos y dirigentes de Morena tenían conocimiento de tan rupestres maniobras fraudulentas, realizadas por los funcionarios electorales?

Están obligados a responder puntualmente los argumentos de los magistrados del TEE, y no solo en el TEJPF, sino ante los chihuahuenses, deberán, no solamente clamar que hay una intención de violentar la determinación ciudadana, sino demostrarla.

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