Chihuahua, Chih.

Hoy deberán los diputados locales designar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Lo harán en un entorno notoriamente adverso, no sólo para la fuerza gobernante en la entidad, sino también para los procesos democráticos en general, y en particular para el gobierno de Chihuahua.

Dos días atrás, el mismísimo titular del Poder Ejecutivo, Javier Corral admitió haber entrevistado a 21 aspirantes a magistrados ¡personalmente, dijo!

Mayor demostración de su injerencia en el Poder Judicial no podíamos encontrar, por eso adquiere más importancia el proceso designatorio del defensor de los derechos humanos en el estado.

Más relevancia la tiene si consideramos que sobrevendrán tiempos aún más difíciles en la preservación de los derechos humanos, en la procuración de justicia y en la demarcación de los límites de la autoridad militar, que puede no tener la contención necesaria.

Además, por la relevancia que nuevamente adquiere el estado y en particular Juárez, por la reincidencia homicida, se hacía -se hace- pertinente que la persona designada fuera de un perfil ajeno a los que ahora han sido postulados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), integrada por los dirigentes de los grupos parlamentarios.

En lugar de escoger a una terna con candidatos ajenos las filias partidistas -o de gobierno- los diputados le apostaron a sus propios candidatos, a los más cercanos y estamos ante la posibilidad cierta de que el grupo gobernante nuevamente construya una mayoría calificada y resulte electa Irma Villanueva, de una terna que complementan Karla Gutiérrez y Carlos Gutiérrez Casas.

Deberá asentarse que los propuestos cuentan con los requerimientos de capacidad y experiencia en el tema, pero no podemos dejar de lado que lo más requerido en la presente etapa es la de hombres y mujeres con similares capacidades, pero alejados de los círculos partidarios y del poder público y/o político, más en un organismo tan sensible y tan necesario para los chihuahuenses.

Pero tal conceptualización no es la que priva en los hombres del poder político del ámbito “aldeano”, como nos clasificó el gobernador Corral.

A cambio crece, con los días, en la medida que el quinquenio avanza y se acercan las fechas electorales, la tendencia por aumentar el control de todo el entramado institucional que le otorgaría al gobernante la falsa ilusión de que podrá perdurar su obra de gobierno y ejercer los controles gubernamentales más allá de su período.

Se equivoca.

Y lo sabe.

De ello empiezan a desgranarse las evidencias, diariamente, que lo muestran hasta cierto punto desesperado, con un ánimo más intolerante que el de los primeros días, especialmente con los más vulnerables de la sociedad.

Dos episodios dan cuenta de ello, uno de ellos evidencia, además, que algo ocurre al interior de su gobierno: El episodio en el que empuja levemente a un reportero que intenta abordarlo en la vía pública y que lo empuja para que lo deje conversar con el secretario de Salud, Jesús Grajeda, que no encuentra otro momento para abordar, evidentemente, asuntos de extrema importancia pero que, por lo mismo, deberían ser discutidos en el ámbito privado.

Pero el ánimo intolerante es lo llamativo y refleja que la marcha gubernamental no va bien.

El otro episodio es el ocurrido en Salvárcar en el que, nuevamente, el mandatario no atina a recibir las quejas y protestas de los ciudadanos, algo que, en ese aspecto, sí debiera imitar a su compañero de partido, Felipe Calderón, que, precisamente en ese lugar, decidió recibir las reprimendas de los padres de los jóvenes masacrados de Salvárcar.

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