Chihuahua, Chih.

Sumamente interesantes y divertidas resultan las ‘conversaciones’ en las redes sociales respecto al nombramiento de algunos funcionarios del nuevo Gobierno federal, en las que se ha recurrido, de nueva cuenta, a la insana práctica de reformar la legislación para beneficiar a un personaje que no cumple los requisitos establecidos en la ley vigente.

Así, por ejemplo, la exigencia de satisfacer ciertos requisitos, como tener una edad mínima, haber cursado una carrera universitaria y tener años de experiencia profesional en el área de la dependencia de gobierno en la que se habrá de laborar; los cuales son, para un amplio sector de la sociedad, discriminatorios.

Para los aduladores de López Obrador, es más que suficiente tener la ‘capacidad’ necesaria para ‘suplir’ estos excesivos requisitos legales para ocupar cargos en organismos cuyo ámbito de competencia exige no sólo una amplia preparación académica, sino además, experiencia comprobada en el ramo.

A mi parecer, lo divertido de estas ‘conversaciones’ virtuales es que para los ‘amlovers’ y ‘pejezombies’ la profesionalización de la función pública es “puro rollo de los defensores del Prian”, ya que no es necesario ser un profesional, ni mucho menos tener una cierta edad para ejercer, con eficiencia, los cargos públicos.

Al extremo de que una considerable cantidad de legisladores federales y locales son “jóvenes con una gran capacidad para cumplirle al pueblo, cuya inexperiencia se suple con su gran amor por México”. En efecto, tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso Local, hay ‘baby’ diputados morenos que, a pesar de su corta edad, se jactan de ser dignos representantes de los mexicanos.

Ahora bien, con total independencia de la supuesta y comprobada ‘capacidad’ para representarnos ante las asambleas legislativas, la inmensa mayoría de los diputados, federales y locales, prefieren dedicarse a realizar ‘gestorías sociales’, en vez de ocupar su tiempo en modernizar la legislación para garantizar una regulación justa de las relaciones socioeconómicas y políticas entre la sociedad y el Gobierno.

En otras palabras, la sociedad chihuahuense exige que nuestros representantes políticos en el Congreso Local den prioridad a su deber constitucional de legislar en beneficio de la sociedad; en vez de andar realizando ‘gestorías’ que no dejan de ser más que burdas prácticas asistencialistas.

Recordemos que el Poder Legislativo es el órgano estatal mediante el cual se aprueban las leyes que regulan las relaciones sociales de un pueblo; mismas que deben promover -en lo posible- una plena convivencia entre los gobernados en un marco de libertad, igualdad y justicia social.

Por desgracia, las malas prácticas legislativas que imperan en nuestro país han derivado en una distorsión de la función legislativa: los diputados dedican la mayor parte de su tiempo en repartir despensas y ropa en las comunidades vulnerables de nuestro estado, motivo por el cual ameritan ser llamados ‘gestores legislativos’.

Por lo anterior, resulta urgente exigir a nuestros supuestos ‘representantes políticos’ que, en primer lugar cumplan su obligación de “resolver las iniciativas de conformidad con los procedimientos y plazos previstos en la Constitución Local y en esta Ley”.

Y parodiando la famosa canción de María Dolores Pradera: que el tiempo que les quede libre se dediquen a “realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes, para la atención de las necesidades colectivas de la población chihuahuense”.

Por último, recordar que en legislaturas pasadas, el papel de los coordinadores legislativos del partido político en el poder, quedó reducido al vergonzoso papel de ‘edecanes legislativos del gobernador en turno

Yo me pregunto: ¿Qué diablos andaba haciendo Fernando Álvarez en México acompañando al gobernador y a varios ediles en la presentación de controversias constitucionales? ¿Acaso busca asumir el papel de ‘dama de compañía’ del inútil de Javier Corral?