Chihuahua, Chih.

Ahora sí que no se entiende lo realizado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). El viernes de la semana anterior el el coordinador de Análisis Técnico Jurídico y Prospectiva de la Fepade, Julio César Bonilla Gutiérrez, informó que la dependencia de la PGR había “solicitado formalmente el juicio de procedencia ante el Congreso local, es decir, en este momento el tema está en manos de los legisladores locales”, (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario de Juárez, 1/9/17), pero el domingo el director general adjunto de la FEPADE, Carlos Tovar Galicia, precisó que la “solicitud de declaración de procedencia (desafuero) para ejercer la acción penal en contra de la diputada Karina Velázquez Ramírez se encuentra en la Cámara de Diputados”. (Nota de Itzel Ramírez, El Diario de Juárez, 3/IX/17).

¿Y entonces, a quién creerle?

No hay margen a la duda, la denuncia presentada por la secretaria de la Función Pública del gobierno de Chihuahua, Rocío Stefany Olmos, fue ante la FEPADE, por tratarse la presunta comisión de delitos federales.

A su vez, la diputada Blanca Gámez (PAN), ex presidenta de la Mesa Directiva, declaró haberse enterado que la dependencia de la PGR había solicitado información de la Dip. Velázquez a la secretaría de Asuntos Interinstitucionales del Congreso del Estado.

¿A quién creerle? Cuesta trabajo asimilar que el abogado Bonilla Gutiérrez no supiese que para proceder en contra de la legisladora parralense debía solicitarse el desafuero ante el Congreso de la Unión.

Pero tales confusiones no eximen a los funcionarios gubernamentales, diputados y líderes de los partidos que discutieron la integración de la nueva mesa directiva del Congreso acerca del riesgo que se corría al nombrar a la Dip. Velázquez como presidenta ¿No le preguntaron, acaso, a la secretaria Olmos?

De toda esta situación ¿Alguien le informó al gobernador Corral? ¿O nadie lo hizo antes de que éste emitiera la famosa declaración beisbolera -“No tengo pelota incómoda con la diputada Karina Velázquez”- en lo que aparece como parte de un indeseable arreglo político entre el grupo gobernante y la nueva dirigencia del PRI?

Son muchísimas interrogantes ante un asunto que no debió ocurrir, que merecía, por lo menos, una cierta congruencia política y un mínimo de sensibilidad hacia una sociedad tan agraviada -y lo mostró en el proceso electoral- como la chihuahuense, ahora dolida por lo que es una enorme lentitud de quienes prometieron la aplicación de justicia a los supuestos responsables de la comisión de infinidad de actos ilícitos en contra de los chihuahuenses.