Semanas atrás el gobernador Javier Corral afirmó, ante la discusión desatada por el “veto” que le impusiera a la designación de Ignacio Rodríguez como Auditor Superior del Estado, que la discrepancia entre las posturas de los diversos Poderes era una manifestación de la “normalidad democrática” existente en Chihuahua a partir de su ascenso a la titularidad del Poder Ejecutivo.

Luego hubo oportunidad de constatar la existencia de tal “normalidad”, tanto, que hasta la fecha subsiste la controversia acerca de la legitimidad de la permanencia de Armando Valenzuela.

Si el gobierno estatal se ha distinguido por la generación de distintas resoluciones controversiales, muchas de ellas hasta presuntamente violatorias del marco legal, ahora estamos frente a la más agria disputa entre los poderes Judicial y Ejecutivo del que tenga memoria el escribiente.

Efectivamente, que el Pleno del Poder Judicial tomara la determinación, por unanimidad, de promover “un juicio de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de las ‘superfacultades’ otorgadas al nuevo Consejo de la Judicatura”, es inédito, probablemente hasta un hecho histórico. (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario/Chihuahua, 7/VI/17).

Es una postura tajante la del órgano superior del Poder Judicial de Chihuahua. Se opone a que le quiten muchas de las facultades reservadas al Pleno de Magistrados, contempladas en las normas constitucionales, no sólo del ámbito local, sino del federal; por ello, dicen, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “con la pretensión de que esa instancia analice y, en su caso, enmiende algunos preceptos de la reciente reforma constitucional respecto de los que, se estima, pueden contravenir la Constitución Federal”. (Comunicado del TSJ, 6/VI/17).

Buscan, dijo el Presidente del TSJ, Julio César Jiménez Castro, “contar con un Consejo de la Judicatura Local que de manera legal, transparente, profesional, imparcial y ética, tenga a su cargo la administración, la vigilancia, la disciplina y la carrera judicial… un Consejo eficaz, con instrumentos legales adecuados”. (Ibídem).

La “repasada” jurídica a los otros dos poderes es de antología. Les dicen, el total de los magistrados, que el entramado normativo que dio origen al Consejo de la Judicatura, “no guarda correspondencia con nuestra Ley fundamental, ni con la interpretación que de ésta han hecho la doctrina y, a través de la jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. (Ibídem).

“Se estima que existen disposiciones que no se ajustan a normas constitucionales”, manifestó Jiménez Castro en la sesión extraordinaria del TSJ.

A la ineptitud en materia jurídica, el titular del Poder Judicial le agregó otra deficiencia del Poder Legislativo: la de no haber “escuchado” los planteamientos de los integrantes del Judicial.

Pero tal falta de operación no se le puede atribuir la exclusividad a los diputados de la actual legislatura, también a los integrantes del Ejecutivo que abren, en este mismo tema, otra veta de discrepancias y de controversias que también deberá resolver la SCJN.

Y asentamos que también, porque, por otra parte, el abogado Gerardo Cortinas Murra ha impugnado el nombramiento de Luz Estela Castro, como integrante del Consejo de la Judicatura, por incumplir con el requisito de no contar con más de 65 años.

En ambas vertientes se recurre a la SCJN a fin de que determine cual es la interpretación más correcta, cosa saludable, pero que podría haberse salvado con los instrumentos políticos que están a la mano de autoridades realmente convencidas de cambiar los modos de gobernar.

Sí, porque bastaba con hacer un pequeño examen del cumplimiento, o no, de los requisitos constitucionales, en el caso de las designaciones para la Judicatura, y de no exponer, ni a la designada, ni al designador, ni a las instituciones al desgaste político y a la confrontación social, hoy existente a partir de tan polémico nombramiento.

Y en el caso del segundo, hacer lo contrario a lo realizado por el gobierno anterior: reunirse con las agrupaciones de abogados de la entidad, poner a su consideración las reformas y hacerlo del mismo modo con los magistrados, y esperar y debatir sus opiniones.

¿Cuesta trabajo hacer eso?

Indudablemente, pero notablemente menos que el provocado por la actual situación.

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