Chihuahua, Chih.

“...que esa multitud andando o en el suelo, no está en la plaza como usted y cualquier otro pueden estar en una plaza de su país, sino que viven en la plaza, son la población de la plaza, viven y duermen y comen y se enferman y se mueren en la plaza, bajo ese cielo indiferente sin una nube, bajo ese tiempo donde no hay futuro porque ahí no cabe la esperanza.”

Julio CORTÁZAR, Último Round.



Pareciera general la indignación por el asesinato de Rafita. Las personas al unísono declaran en redes sociales y en tanto espacio como es posible la ira y frustración que despierta un crimen tan atroz.

“La sociedad que brama” fue el título de una colaboración que le fue publicada a la de la pluma cuando en Laderas de San Guillermo el niño Christopher Raymundo Márquez Mora fue asesinado en mayo de 2015; aunque con diferencias sustanciales: la respuesta institucional articuló a todas las entidades gubernamentales para planear programas de intervención a pesar de que nunca fueron una realidad.

En este caso, ha sido nula. Ni eso, ni para cubrir las apariencias. Las autoridades juarense han mostrado una insensibilidad que pasma y que coloca nuevamente a Juárez en la tradición del abandono gubernamental casi histórica que padece en todos los sentidos. Autoridades municipales y estatales no han emitido declaraciones que satisfagan a las víctimas directas, indirectas y a la sociedad manteniendo invisible el problema del robo de infantes y la pederastia.

La situación de pobreza se asocia con una mayor exposición a vivir situaciones de violencia. Es menester colocar el énfasis en la violencia sexual en contra de niñas y niños que se suma a una cadena de sucesos que van dando cuenta que las violaciones y el abuso sexual es uno de los tipos penales más recurrentes y sin embargo no en todas las legislaciones es considerado como delito grave. Sumemos que vinculado a las expresiones de violencia de género, se encuentra también la desaparición forzada. El 30% los registros de desapariciones en México son de personas menores de edad (6,725 RNPED 2006-2014). En el mismo periodo en el segmento de 15 a 17 años de edad, 7 de cada 10 personas desaparecidas eran mujeres. Este es otro tipo de violencia que puede terminar en trata, violencia sexual o feminicidio. Incluidas niñas, demasiadas.

De modo reciente, la discusión en Argentina sobre la despenalización del aborto polarizó a nuestra sociedad como a muchas otras. Los posicionamientos de los sectores conservadores (en México el Frente Nacional por la Familia) apuntaban a “Salvar las dos vidas”, a pesar de que no hay muestra significativa que compruebe que las condiciones de clandestinidad inhiban a las mujeres de abortar cuando se ven en la penosa necesidad de hacerlo; el asunto queda en el aire, ¿qué sucede con la sociedad que tiene una posición bien definida en contra de la decisión de las mujeres sobre su deseo de ser o no ser madres? ¿Por qué no se hacen cargo de la situación de vulnerabilidad en la que viven las infancias y las violencias con las que conviven?

Hacerse cargo primeramente implica reconocer que el tutelaje deriva de la falta personalidad jurídica de las y los menores para tomar decisiones sobre su proyecto de vida y en este caso, la autonomía que si pueden ejercer por ser personas al ser sujetos/as de derechos se encuentra bajo el paraguas de los derechos humanos; de ahí, que sea el mismo estado el que garantice su protección.

Sigo considerando que hay una cuestión de doble moral social al señalar la supuesta obligación de las mujeres a parir cuando no hay garantías para hacerlo. Rafita es muestra palpable de ello. Las acusaciones han versado a su madre y abuela señalando que debieron haberlo cuidado mejor, poco apunta a que las condiciones de seguridad en su colonia son casi nulas y de ahí, que el mismo gobierno municipal en materia de prevención no sea cuestionado y el estatal, no haga grandes avances en las investigaciones.

Porque la sociedad se ha volcado a cuestionar, señalar y culpar a las mujeres que se encontraban a cargo del niño…no a su padre…no a las autoridades, como si las únicas responsables de su cuidado fueran ellas, relevando incluso al estado por sus omisiones.

La desaparición y posterior aparición del cuerpo del menor reflejó socialmente la necesidad de tener válvulas de escape a los estragos que el sistema político genera. Los gobiernos no procuran, no gestionan ni garantizan seguridad, ¿qué nos queda entonces?

Se dice que todas las vidas importan, incluso las de las personas no nacidas; pero, cuando nacen ¿quién se hace cargo?

Peor aún, ¿qué tiene que suceder para que en la valoración de las víctimas no haya categorización?

En este sistema, en la sociedad chihuahuense queda resuelto ante los recientes hechos que las vidas no valen igual, que hay muertes que se lamentan de distinto modo, que hay víctimas que motivan reformas de ley, movilizaciones nacionales, posicionamientos políticos, la atención de actores relevantes y otras, que solo generan la posibilidad de que las personas den salida y escenario para reflejar su odio y prejuicios.



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@MarieLouSalomé