Chihuahua, Chih.

La designación de los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa era el último eslabón faltante para la constitución del hasta ahora elefante blanco, en materia burocrática, del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ha concluido.

Era una de las piezas fundamentales -hipotéticamente- en el entramado que le permitiría a la sociedad chihuahuense combatir la corrupción gubernamental, divisa señera de la actual administración estatal, y principal problema del país, según el presidente López Obrador.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es el órgano jurisdiccional dotado de autonomía para dictar sus fallos, ante quien se presentarán las controversias entre la Administración Pública, Estatal y Municipal, y particulares, en materia de responsabilidad administrativa.

La faena ha sido redonda para el gobernador Corral. De tres magistrados, logró colocar a tres de los suyos en esa estructura. Durarán en ellos la friolera de 15 años, tiempo suficiente para que, de presentarse algún imprevisto, como, por ejemplo, el hallazgo de alguna cosa mal hecha durante su administración, no haya problema alguno, que para eso estarán sus amigos en el Tribunal Superior del Estado, en la Fiscalía Anticorrupción, en la Auditoría Superior del Estado, en el Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción y, también, en el Tribunal de Justicia Administrativa.

Superó a César Duarte. Con facilidad.

Lo lamentable es que en el último eslabón fue acompañado vergonzosamente por, y esa es la sorpresa, los legisladores de Morena.

Para designar al primero de los nuevos magistrados, Alejandro Tavares Calderón, el gobernador Corral contó con los votos de los legisladores de Morena, no así en la designación de Gregorio Daniel Morales Luévano; pero en la de Mayra Aída Arróniz, convenientemente, ¡5 de los 8 diputados de Morena se ausentaron!

No sólo eso, el diputado Miguel Colunga, líder de la fracción de Morena y, además, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado ¡Tampoco estuvo en una de las sesiones más importantes de la actual legislatura, ni más ni menos que la sesión en la que se elegiría a la tercera magistrada! ¡Era el funcionario que debería conducir el proceso en los momentos en los que el Pleno del Congreso no alcanzaba la votación requerida!

¿Porqué no estuvieron?

La ausencia de los legisladores de Morena implicaba la disminución del número de diputados para aprobar la designación, así, en lugar de requerir 22 votos para designar a Mayra Arroniz, era suficiente con 20 ¡Bonito favor le hicieron al “Nuevo Amanecer”! ¡Hasta con 19 votos tenían!

Es una increíble desmesura la realizada por el grupo gobernante, ni Duarte se atrevió a tan descaradas maniobras; la diferencia es, nada más, de grado; Corral y Duarte han hecho cosas semejantes, pero lo que hicieron el gobernador, sus compañeros y sus corifeos legislativos no tiene parangón en la historia reciente de Chihuahua.

Para ocupar las 3 magistraturas nombraron 1) a la representante electoral del PAN en tiempos de Fernando Alvarez; 2) a un subordinado de la entonces Secretaria de la Función Pública, Estefany Olmos, además, ¡funcionario relevante de la Fiscalía en el juicio en contra de Alejandro Gutiérrez (La Coneja)! y, 3) al socio del magistrado Leo Alvarado, integrante de la comisión especial, encargada de la selección de los candidatos a esos cargos.

¡N’ombre, y nos salvamos de que designaran al yerno del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el diputado Jesús Villarreal, lo que se evitó solo porque el “ruido de los medios” lo impidió!

¿En qué está pensando el grupo gobernante al imponer a rajatabla tan reprobables nombramientos?

¿Y los “morenos” qué? No le terminan de sanar los golpes que le propinaron los policías de Corral al líder de los diputados, Miguel Colunga, cuando ya hacen las maniobras que hacían los legisladores priistas cuando al estar en contra de alguna reforma que el presidente, o el gobernador les ordenaba, se salían del recinto parlamentario para no aprobarla. Les quedaba algo de vergüenza.

Y el total de los diputados, de todos los partidos, los panistas incluidos ¿En dónde están?

El sábado golpearon al presidente del Poder Legislativo, los policías estatales son presuntos violadores del fuero legislativo, no sólo del diputado Colunga, sino del total del Poder Legislativo, por la función del morenista, y ninguno fue capaz de alzar la voz para, por lo menos, exigir la investigación de la golpiza de Sacramento.

Es una desvergüenza total.

Miren, los designados pueden tener buenas calificaciones profesionales, pero lo cierto es que ninguno de ellos terminó en los primeros 5 lugares, tanto en las calificaciones de conocimientos, como en la evaluación de las entrevistas.

Sí, porque por calificación teórica, los magistrados deberían ser Karla Reyes (91 puntos) Esteban Díaz (87) y Héctor García (84), muy por encima del 75 de Tavares y del de Morales con un 76, o del de Mayra Arroniz, con un 78.

¿Y entonces, porqué están ahí?

¿De qué sirve que un grupo de profesionistas acuda a las convocatorias, exhiba sus mejores calificaciones y al final no elijan a los mejores?

¿Se acuerdan lo que hizo César Duarte con los consejeros del Ichitaip? Sus diputados impusieron, y hasta en dos ocasiones, a las peores calificaciones.

Bueno, pues ahora lo hicieron igual, pero mejorado.

Vayamos por partes.

Mayra Arroniz fue la representante electoral del PAN en 2018 y actualmente se desempeñaba como asesora del grupo parlamentario del PAN, bajo las órdenes directas del líder, Fernando Alvarez. Hoy es magistrada.

Alejandro Tavares se desempeñaba en como secretario de sala comisionado a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia desde el año pasado. Anteriormente estuvo como secretario en la Tercera Sala Familiar y de Control Constitucional. Pero, además de haberse desempeñado bajo las órdenes del magistrado Alvarado, junto con éste fundó un despacho de abogados, además de ser propietarios de un restaurant.

A pesar de esos antecedentes, Alvarado no se excusó de participar como integrante de la Comisión Especial, encargada de la selección de candidato. Peor aún, lo hizo representando al Poder Judicial, supliendo al Presidente, Héctor Pablo González.

Es un hombre con la suficiente capacidad jurídica y profesional como para saber que estaban en un clarísimo conflicto de interés ¿Porqué continuaron? ¿Acaso porque les aseguraron “que no habría problemas”?

A su vez, Gregorio Daniel Morales Luévano, a quien se le señalaba como testigo protegido en el juicio contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en realidad fue quien interpuso una de las demandas en contra del ex subsecretario priista. En una de las últimas audiencias en el juicio de La Coneja Gutiérrez, Morales presentó como prueba que la gasolinera propiedad del hijo del acusado había recibido un pago por combustible vendido al gobierno, pero que extrañamente el pago se había realizado un día después de emisión de la factura.

Puede ser un profesionista capaz, pues se desempeñó como Coordinador de Unidades de Control en la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado con Estefany Olmos. Ahí mismo fue Director de Procesos de Investigación, director General Jurídico y de Responsabilidades. el abogado de Gutiérrez expresó, “le están dando su premio, es su medalla por los servicios brindados a favor del gobierno de Javier Corral”.

Ahí está el problema, con ellos no hay, ninguna, garantía de imparcialidad, ni de alejamiento del titular del Poder Ejecutivo; no hay, como lo pregona el gobernador Corral, respeto a la división de poderes en Chihuahua, al contrario, estamos peor, y eso que ya estábamos bien mal en tiempos del ballezano.

Por lo menos Duarte no acusaba a los líderes y participantes de los movimientos sociales, de estar coludidos con el narcotráfico y no amenazaba con la cárcel, que no otra cosa es lo que pretendió decir Javier Corral, cuando advirtió que los líderes de Sacramento serían investigados.

¡Híjole! ¡Cuánta desmesura!

Pero el problema para el “Nuevo amanecer” está en que, por todo lo anterior, hay elementos suficientes como para que el Poder Judicial de la Federación revoque esos nombramientos; apestan a desaseo jurídico, del peor.

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