Chihuahua, Chih.

Desatado el escándalo (bueno, no tanto, sólo en algunos sectores de la población, los más interesados en el devenir de la actual administración estatal) ante uno de los asuntos más escabrosos en el manejo de los recursos públicos y la actitud de los encargados estatales de procurar la justicia, como en muy pocas ocasiones un funcionario del más elevado nivel en la administración nos había ofrecido mayor prueba de incompetencia o de colusión que el Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel.

El fiscal soltó unas inauditas frases con relación al tema: “Los recursos del fideicomiso (del Ficosec, Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana) no son públicos, pues se trata de aportaciones que los empresarios realizan y el Estado los administra (sic)”. (Nota de Miguel Silva, El Diario de Chihuahua,10/10/2018).

¡Ay, mi licenciado Peniche! ¿Si no son públicos, entonces porqué los audita la Auditoría Superior del Estado? ¿Porqué el gobernador Javier Corral declara que los recursos del fideicomiso deben “transparentarse”? ¿Porqué el diputado Jorge Soto, presidente de la Comisión de Fiscalización de la legislatura anterior, declaró que ese asunto ya era “pasado” y que si se quería hacer algo con ese tema, que presentaran “denuncia ante la fiscalía?

Nos podría dar una respuesta del porqué si tantos funcionarios PÚBLICOS, declaran sobre el destino y uso de los recursos económicos de ese fideicomiso, que sostienen que son PUBLICOS, usted sostiene lo contrario.

No sólo declaró lo anterior el fiscal acerca de las supuestas irregularidades encontradas en el ejercicio 2015, que involucrarían a Alejandra de la Vega, actual secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, a “los empresarios Luis Lara Armendáriz, Sergio Ochoa Muñoz, Luis Octavio Muñoz Corral, Cuauhtémoc García Hernández, Gabriel Gerardo Ortiz Hernán y Samperio, Gabriel Cantú Murguía, Jorge Contreras Fornelli, Alejandra Catarina de la Vega Arizpe, Luis Mario Dena Torres y Marco Antonio Parson, todos miembros del comité técnico…”. (“Los amigos de Alejandra y la danza de los millones en FICOSEC”, Luis Rubén Salvador Trujillo, La Opción, 9/X/18).

Mario Dena es, además, el representante del gobierno de Chihuahua en Juárez.

Pero Peniche ya los exoneró pues estableció que “… hasta el momento se ha cumplido con los objetivos trazados tanto por el gobierno, como por el organismo empresarial”.

Y tales declaraciones las hace cuando se inaugurará el coloquio organizado por el gobierno de Javier Corral en contra de la corrupción.

Para combatirla se necesitan, del principal encargado de hacerlo en Chihuahua, conocimientos jurídicos y voluntad política.

Es increíble que ante una denuncia pública, con muchos visos de una muy fuerte sustentación, el fiscal, casi de manera automática, exime de responsabilidades a los denunciados y al gobierno del cual forma parte y al cual defiende, incluso exhibiendo su ignorancia jurídica o su desarrollado reflejo condicionado para defender a la administración estatal y/o a los empresarios señalados en este caso.

No tiene defensa. Si cree que no son recursos públicos los manejados por el Ficosec, malo; si, sabiéndolo, afirmó lo anterior, peor.

No es cualquier cosa la denuncia:

En la auditoría 2015 al fideicomiso creado en 2012 para “fungir como instrumento financiero para la realización de programas y acciones encaminadas a apoyar la seguridad pública y la participación social ciudadana”, con los recursos recibidos por el pago de una sobretasa del 5% al impuesto sobre nómina, se encontró que los empresarios más connotados de Chihuahua ocuparon el Consejo Técnico, el órgano de gobierno del fideicomiso, y al mismo tiempo crearon “crearon nueve asociaciones civiles y contrataron asociaciones fideicomisarias, con sus propios nombres” a las cuales, rompiendo todas las reglas de ese organismo, les transfirieron cifras millonarias.

La fuente de la denuncia es inobjetable: El informe técnico de la auditoría de legalidad, efectuada por la Auditoría Superior del Estado.

Pero no hay problema, de acuerdo con el garante de la legalidad en Chihuahua, el fiscal Peniche, no cometieron ninguna irregularidad.

¿Con estos antecedentes habrá esperanza de que combatan la corrupción del actual sexenio, y presentarse como adalides de la cruzada anticorrupción?

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