Chihuahua, Chih.
“Un hoyo negro”; así describe Alberto Athié, el comprometido activista defensor de las víctimas de pederastia clerical, a la situación en la que se encuentran inmersas las personas que soportan o padecieron en algún momento de la vida, abuso sexual en la niñez.
Y es que la afectación es tanta y el daño es tan profundo que, no solo la salud física y mental queda lastimada, también anímicamente las emociones padecen a través de los años un espiral de dolor y desamparo que solo un profundo trabajo terapéutico y de acompañamiento puede ofrecer herramientas para comenzar a entender el proceso vivido, reacomodar las responsabilidades para colocarlas en quien agrede y desvanecer las culpas que se generan a causa de que las agresiones se viven en absoluto silencio y posteriormente en soledad, puesto que los perpetradores eligen víctimas que cursan de cierto grado de vulnerabilidad para poder activar mecanismos de coacción efectivos como amenazas a la misma persona afectada o a su familia; la ridiculización, discriminación, golpes, el trato diferenciado con intención de dañar, insultos, gritos, explotación, tratos inhumanos, tortura física, emocional y mental, son otros.
Nadie merece eso, menos niños y niñas.
El abuso sexual en la infancia es reconocido como un factor de riesgo asociado a trastornos mentales de tipo depresivo, de ansiedad, personalidad, sexuales, fobia social, adicciones y padecimientos físicos como las infecciones sexuales, entre otros (Filipas HH, Ullman SE. Child sexual abuse, coping responses, self-blame, posttraumatic stress disorder, and adult sexual revictimization).
Según datos de la UNICEF, aproximadamente en el 88% de los casos están implicados miembros del núcleo familiar cercano, por lo que los casos de abuso son mantenidos como secreto familiar y en consecuencia se transmiten generacionalmente. A pesar de que se han pretendido definir factores de riesgo, el registro y estadística sobre la problemática arroja que no existe una diferencia sustancial entre la condición social y económica de las familias y los agresores, tampoco si existe una relación estrecha entre el consumo de drogas, alcohol y los abusos, que en muchos casos si pero no es definitoria.
La vulnerabilidad no solo se enquista en los hogares, el país entero genera las condiciones que permiten que niños, niñas y adolescentes sean tratados como mercancía o producto de consumo.
La necropolítica, el abandono institucional, el endeble marco jurídico y el desinterés social, han convertido a México en el primer lugar mundial en producción de pornografía infantil (Senado, 2014), dicha actividad mueve un estimado de 24 mil millones de pesos anuales y junto al narcotráfico es la actividad ilícita más redituable en el mundo. De ahí la dimensión política que hace comprender porqué como problemática social grave se encuentra invisibilizada. A pesar, incluso, de que, por ser país productor, signifique hablar también de un país consumidor.
Para sumarle a la escalofriante narrativa; según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país es el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), México tiene asignado uno de los presupuestos más bajos para combatir el problema y tan solo el 1% de los recursos para la infancia está destinado a la protección y prevención de los delitos antes mencionados.
A pesar de la incidencia de los delitos, la casi nula participación del estado se ha traducido en la implementación de políticas restrictivas (en su tradición prohibicionista de estigmatizar lo que no entiende o lo que no desea abordar) –sobre todo, en lo que tiene que ver con los delitos de carácter cibernético- en los que se ha registrado un alza en el ciberbullying; de los que se denuncian, menos de un 1% son judicializados y la pederastia solo se considera delito grave en 25 de los 32 estados de la república.
Otro asunto que se ha desechado de manera deliberada es la atracción de la competencia. La pederastia es un delito del orden federal, que por no querer sobrecargar la agenda, reclasifica los delitos al fuero común, asignándolos como abuso sexual o estupro impidiendo la visibillización de la gravedad que los reviste.
Otra de las dimensiones políticas que coadyuva al encubrimiento de pederastas y de las violaciones como delito, es el discurso de grupos conservadores que supuestamente tienen la “defensa de la familia” como agenda de trabajo y que no se pronuncian por las agresiones que si afectan en realidad a las familias y a todo el tejido social.
Porque no se entiende cómo es que se proteja más una vida por nacer que la de niños, niñas y adolescentes que padecen en silencio los abusos sexuales y violaciones que son cometidos por ministros de culto, sacerdotes, padres, hermanos, primos, abuelos, padrinos, tíos, al interior de sus propios hogares.
¿Qué clase de oligofrénica sociedad es esta que prefiere cerrar los ojos y callar ante el abuso sexual infantil prefiriendo proteger pederastas?
¿A quién le importan las infancias?
¿A quién?
marielacastroflores.blogspot.com
@MarieLouSalomé
