Chihuahua, Chih.

Desde que la represión existe por cualquier motivo sea ideológico, religioso o político siempre ha encontrado definición respecto a quien emblematiza como “enemigo” que, en oposición al poder o sistema vigente (el imperio, la patria, el pueblo) para contenerles creó instituciones y dispositivos de control convirtiéndoles en una función social. 

Es así como el control público a partir de diferentes contextos históricos se caracteriza por estar sujeto al poder político al que sirve; estos elementos han tenido la posibilidad de administrar miedo para obtener sumisión. 

La derecha, cuyos gobiernos, desde las dictaduras y sus recientes gobiernos, han sido emblemáticos en el uso de la misma para socavar el poder de la representación y potencia política de la disidencia ante las omisiones de las instituciones del Estado, de las violaciones de derechos humanos y sus decisiones de carácter económico que sin la disuasión que representa la irrupción de cuerpos policiales que hacen uso legítimo de la fuerza sobre las manifestaciones, no podrían avanzar.

Para este 8M, el gobierno de Chihuahua encabezado por Maru Campos -primera mujer en gobernar la entidad- se convirtió en la más abyecta forma de ejercer control público que hayamos visto en las últimas décadas. 

Definida una ruta para la marcha y dos puntos de arribo que, en su cálculo no falló al pronosticar que cerca de 20 mil mujeres acudirían a la manifestación en su máximo punto. A su paso las calles, edificios públicos e instalaciones de medios de comunicación fueron intervenidos dando cuenta de nombres de agresores sexuales, pesquisas con los nombres de mujeres desaparecidas o feminicidas evadidos de la justicia, denuncias contra las instituciones omisas y consignas políticas contra múltiples formas de violencias y opresiones.

Cuando los mítines se encontraban en su culmen, la organización de uno de ellos alcanzó a leer que las condiciones de seguridad estaban por desbordarse lo que comprometía seriamente la integridad de las asistentes alcanzando a disuadirse; no corriendo con la misma suerte el que se apostaba frente a Palacio de Gobierno que tras reiteradas provocaciones lanzadas contra las manifestantes, desde el balcón de Duarte se comenzó a disparar bombas de gas lacrimógeno contra las asistentes siguiendo las bombas de humo; ante la provocación y la represión se incendiaron las puertas de palacio. 

Porque eso fue, represión.  

No hace falta el uso de tanquetas o de disparos letales para definir brutalidad, en una sociedad democrática que se sostiene por un orden basado en derechos humanos no tendrían que caber imágenes equiparables a las de un enfrentamiento bélico con mujeres corriendo entre llanto y angustia en medio de la confusión a proteger a niñas y sus pequeños en brazos.

La iconoclasia surtió sus efectos y este año no dejó pasar al Palacio Municipal, sus oficinas y al Congreso por su complicidad respecto al poco acceso a la justicia y su falta de procuración, denuncias contra el diputado Olson por su transmisoginia y a su bancada por su falta de voluntad política para sacar adelante la ley para convertir a la violencia vicaria en delito entre otros, fue que por fin, emblematizaron a los tres poderes del estado y al encargado de proveer seguridad pública como corresponsables de todas las violencias que padecen las mujeres y las niñas en la entidad que de por sí, alcanzan ya tasas inconcebibles que se elevan exponencialmente.

El fragor de la jornada no concluyó con las ventanas de palacio ardiendo y los despojos del Congreso y Palacio Municipal.

Dos días después el Colegio de Bachilleres que realizaba la clausura de su semana cultural vio interrumpido su evento por cientos de estudiantes que de forma organizada realizaron una protesta en ambos turnos que acompañaron de un mural con múltiples denuncias contra sus compañeros y maestros por acoso, abuso y hostigamiento sexual.

Y es que los delitos de esta naturaleza al interior de los planteles que le conforman se encuentran incontrolables y las autoridades educativas han sido del todo ineficientes para ofrecer medidas que puedan contener la grave problemática, mientras solapan a los docentes agresores, expulsan a los alumnos y siguen promoviendo programas educativos de carácter religioso como “Saber Amar”, sustituto de “Formando Corazones”, en vez de un modelo de educación sexual integral que favorezca la construcción de autonomía y la participación política del alumnado, que eventualmente habilitaría una respuesta más adecuada frente a la violencia sexual que se ejerce contra las alumnas dentro de sus instalaciones, algo más cercano a un enfoque de derechos humanos y cada vez más alejado a una lógica carcelaria.

La antesala de todos estos hechos fue el informe de actividades de la gobernadora, en el que textualmente declaró: “yo cuido de las mujeres” cuidando en realidad que las tasas por los índices de delitos en relación al género y las infancias no se incrementen reclasificándolos por otros de menor gravedad, haciendo desistirse a las víctimas de la denuncia o tomando las denuncias y retrasándolas lo más posible para hacerles caer en inactividad procesal. 

Todo como parte de una estrategia planeada para cuidar su imagen y que no se vean empañadas sus aspiraciones en la carrera por la candidatura presidencial; de ahí su calculada y cautelosa respuesta de responsabilizar a “personas ajenas a nuestra comunidad” para dibujar amenazas externas que no le representen costos electorales, ni daño a su imagen por la fuerte represión que impuso a miles de mujeres, niñas, niños y periodistas que cubrían la jornada.

Negar las acciones orquestadas como respuesta contra la movilización sería dispararse en el pie, pues denotaría un profundo vacío de poder ya que reflejaría a sus subordinados tomando decisiones sin su conocimiento o consentimiento. 

Aunque no sería descabellado considerar que ella no es realmente quien gobierna la entidad, pues la oligarquía habló acusando de “terrorismo” y exigiendo detenciones, puestas a disposición y sanciones para las supuestas responsables. 

Nuevamente un disparo en el pie: la responsable es su gobernadora por no procurarles a las mujeres y las niñas ni seguridad ni justicia.

De esta élite empresarial resaltan Pablo Cuarón Galindo, ex secretario de Educación de Javier Corral que autorizó la entrada de programas religiosos a las escuelas públicas, Jorge Cruz Russek y Jorge Cruz Camberos, esposo e hijo respectivamente, de Luisa Camberos, ex titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y filántropos que ostentan asociaciones civiles con objeto social relacionados al género.

Andrés Elías Madero, empresario inmobiliario, hermano de Federico, socio de Alberto Espino para el fraude millonario de la Golondrina y su príncipe; Eugenio Baeza, ex alcalde municipal, del que se presume se quedó con el centro histórico a través de un fideicomiso manejado por su empresa y el resto, que conforman un grupo de 41 firmantes, todos dueños de empresas como Cementos de Chihuahua, distribuidoras de autos, Alsuper y operadora Futurama, CTU, Interceramic, BAFAR, entre otras que en su totalidad se benefician de la mano de obra de las mujeres y sin excepción, ofrecen a sus hijas y esposas guardaespaldas y choferes que les permiten jamás experimentar el miedo que se siente siendo mujer en este estado del que consideran ser dueños.

Por otro lado, tanto son ellos quienes mandan por encima de la señora Campos que, tras su costosa inserción pagada, el fiscal de distrito de la zona centro Francisco Martínez Valle, declaró: “No me voy a tentar el corazón por razones de género, se iniciará proceso en contra de quien resulte responsable de daños al Palacio” y aquí cabe preguntarse, ¿por qué ellas y no los cientos de nombres exhibidos en las paredes del mismo edificio que buscan proteger? 

De las denuncias es pertinente decir que en el avance de la toma de conciencia de las mujeres respecto a sus derechos, muchas han acudido a denunciar formalmente sin que las autoridades las tomen en serio o se realice algún avance en sus casos para luego de un par de meses archivar la causa.

Esa fue la constante esta jornada.

Autoridades que les procuran justicia a las paredes en vez de a las mujeres.

Y en tanto las mujeres no consigan justicia, las paredes, incluso, tendrán que caer.

@MarieLouSalomé