Chihuahua, Chih.
Mal termina la semana el gobierno de López Obrador.
La liberación negociada por la 4T del Gral. Salvador Cienfuegos y el arribo a las 100 mil víctimas fatales de la pandemia no son, precisamente, de los mejores logros del gobierno del tabasqueño.
Le ocurren tales acontecimientos cuando enfrenta el descontento y la desilusión generalizada en la entidad natal del mandatario. Nunca esperó el morenista que pasaran tales desgracias, mucho menos en la zona de la que emergió como dirigente social, la Chontalpa, una de las regiones más pobres del país, la que enfrenta todos los años, sin falta, las inundaciones, algunas originadas no precisamente por los cataclismos naturales, sino como ahora, de la decisión de desfogar las presas.
Sin duda, la liberación de Cienfuegos es el tema más sensible, más complejo y más trascendente. Sus consecuencias afectarán el desarrollo de la 4T.
Indefectiblemente la retrata.
Señala el rumbo del gobierno de AMLO, y no sólo en lo que se refiere a la seguridad, sino también en la relación con los EU, independientemente del gobernante de allá.
Estableció, también, el lugar que ocupan las fuerzas armadas en el gobierno.
Y esto va en contrasentido a lo planteado por él a lo largo de más de dos décadas. Más importante que esto, a lo planteado -y soñado- por las izquierdas mexicanas.
López Obrador dio increíbles bandazos en el tema; pasó de la más absoluta aquiescencia a la detención del militar y la amenaza de la investigación y actuación judicial en contra de quienes hubiesen formado parte del equipo de Cienfuegos, a la de la más ácida crítica a la detención y a la acrítica defensa de las fuerzas armadas y a su institucionalidad.
A juzgar por las expresiones del presidente y de su Secretario de Relaciones Exteriores, las presiones de la cúpula militar fueron extremas. Los obligaron a presionar a las autoridades norteamericanas y amenazar con el cese de la colaboración en el combate al tráfico de drogas, además de que se puso en riesgo, argumentaron, la colaboración del ejército.
La conducta presidencial exhibió, nuevamente, la improvisación de AMLO en la celebración de las conferencias mañaneras. Evidenció palmariamente que no estaba al tanto, ni de las regulaciones existentes para casos como el comentado, ni de los acuerdos con los norteamericanos para las actuaciones de los organismos policiacos de EU en el país.
Pretendiendo tener el control de todo, dejó que le creciera, tanto en lo interno -las fuerzas armadas-, como en lo externo, el conflicto. Debió protestar desde el principio por el hecho de no haber sido informado de tan escandalosa detención, que puso al descubierto -oficialmente- la profunda desconfianza de las dependencias norteamericanas a las mexicanas, en especial a las fuerzas armadas.
De ahí la paradoja de que, luego de las presiones militares a López Obrador, y de éste a Donald Trump para liberarlo se argumentara que se le entregaba a las autoridades mexicanas, y especialmente a las de la Fiscalía General de la República, para que ésta lo encomendara, si hubiese cargos en contra del militar, al Poder Judicial de la Federación, con lo cual depositaba su plena confianza en el gobierno mexicano.
¿De la noche a la mañana cambió la perspectiva norteamericana y ahora los gobernantes mexicanos son confiables, o mejor dicho, el ejército?
Sorprende tal conducta, pues los relatos -tanto en los juicios, como fuera de ellos- de los principales narcotraficantes mexicanos detenidos en EU son extremadamente abundantes de la participación de no pocos jefes militares mexicanos en el tráfico de drogas.
Los juicios de Vicente Zambada y de Joaquín Loera son pródigos en ello. Implican no sólo a los más altos jefes del ejército, sino también a los mandatarios mexicanos. En los juicios, los relatos de los traficantes, han sido reforzados por las investigaciones de los agentes norteamericanos.
No están sacadas de la realidad tales expresiones.
Si la CIA, la DEA y el Pentágono estuvieron al mando del tráfico de drogas en la década de los 80’s, para agenciarse recursos en el combate a la Revolución Sandinista ¿Quién puede desestimar su participación en esa actividad en el momento actual?
Compleja situación la que libra el gobierno de México -y el país-.
Las autoridades norteamericanas detuvieron al jefe militar del gobierno más corrupto de las últimas décadas, lo hicieron bajo el sambenito de la extraterritorialidad decretada por el imperio, sin notificarle al presidente “amigo” López Obrador y éste se vio sometido a la presión extrema de las fuerzas armadas, las que a pesar de verse agraciadas con infinidad de tareas -las que han incrementado su poder-, mantienen una postura crítica -soterradamente- al gobierno de AMLO.
La molestia es por varias razones, entre ellas la de ordenarle la realización de tareas más allá de sus facultades, o por arriesgarlo en operaciones sin preparación alguna, o la de intentar someterlo a la conducción de un civil.
Destacan en esos dos casos, la decisión de convertir a la Guardia Nacional en la policía migratoria, encargada de concretar la exigencia del presidente Trump; por esa vía, se convirtieron, en los hechos, en el muro que tanto pregonó que construiría y que los mexicanos pagaríamos.
Pero si había un resentimiento militar, la reveló nítidamente el inusitado discurso del ex subsecretario de la Defensa Nacional con Felipe Calderón, Carlos Gaytán Ochoa, en un desayuno de la cúpula militar, pocos días después de la fallida detención de Ovidio Guzmán.
Entre los asistentes se encontraba el actual secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.
Esto dijo Gaytán: “Nos preocupa el México de hoy. Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”, en clara referencia al episodio de Culiacán. “Actualmente vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento”. (Nota de PATRICIA VÉLEZ SANTIAGO, Univisión Noticias, 4/XI/19).
La crítica iba a la cabeza: “Los frágiles mecanismos de contrapeso existentes, han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo, que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad”.
La respuesta de López Obrador no fue menos diplomática. Escribió un tuit, además de dedicarle muchos minutos de la conferencia mañanera:
“Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara. Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado”.
¿Qué cambió? ¿De veras es la defensa de la institución y de la soberanía nacional lo que llevó a López Obrador a exigir la devolución de Cienfuegos, con la promesa de someterlo al escrutinio de la justicia mexicana? ¿O fue, simplemente, la presión de los mílites?
Pues ahora tiene un problema mayor. Las pruebas en contra de Cienfuegos -sobre todo los videos y las llamadas- se obtuvieron sin el conocimiento del general, lo que las vuelve inelegibles en un proceso penal en México.
Deberá ser una investigación efectuada por la FGR, basándose en las pruebas de los norteamericanos, pero nada hace suponer tal, sino lo contrario.
Pero el desgaste público del gobierno de Morena, sean peras o manzanas, es inconmensurable, el escepticismo es creciente, dadas las altas posibilidades de que Cienfuegos no sea acusado, ni, por supuesto, detenido.
Otros casos son los que -además de los investigados por los norteamericanos- deberían investigar los fiscales de la 4T, entre ellos las matanzas de Tlataya y Apatzingán, además de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
Además, los de su participación en los hechos que motivaron la emisión de 21 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por actos cometidos durante el sexenio de Calderón, en el cual “las unidades operativas a cargo de 40 titulares de Regiones y Zonas Militares, entre ellos Cienfuegos, fueron señalados por crímenes diversos en 192 recomendaciones de la CNDH, según lo documentó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en su informe Entre la brutalidad y la impunidad”, quien registró que “las unidades adscritas a Cienfuegos, cuando estuvo al frente de la I y la VII Región Militar, recibieron siete recomendaciones de la CNDH, tres de ellas por crímenes cometidos en el marco del Operativo Conjunto de Chihuahua”. (Artículo de Laura Castellanos, The Washington Post, 9/XI/20).
Hoy está en su casa el general y la 4T se sume en el descrédito.
Pero si el caso del militar la llevó a esa condición, el arribo a las más de 100 mil muertes a causa del COVID 19 significa el fracaso de la estrategia para combatir la pandemia.
Opuesto, hasta el nivel del empecinamiento, a la puesta en vigor de las medidas que mostraron su eficacia temprana en Asia y Europa, el gobierno de AMLO desechó los llamados a efectuar un drástico confinamiento, junto con la sana distancia, la obligatoriedad del cubrebocas, la realización masiva de pruebas y la monitorización de los contagios; así como la puesta en vigor de un ambicioso plan económico que pusiera el acento en el apoyo a la población y el mantenimiento y rescate de las microempresas y hasta las de mediano tamaño.
Los resultados están a la vista. López Obrador le apostó a no endurecer las medidas, a desestimar el uso del cubrebocas; al ajuste presupuestario (cuando se requería lo contrario) y al no endeudamiento, cuando lo aconsejable es precisamente eso, adquirir los créditos necesarios para apoyar económicamente a los individuos y a las unidades económicas.
Bueno, pues todo lo contrario a lo efectuado por el gobierno federal es lo que está realizando el gobierno de la Ciudad de México, el que ha impulsado la aplicación de cientos de miles de pruebas, la obligatoriedad del cubrebocas, el confinamiento selectivo y ahora la monitorización de las personas en los espacios cerrados a través de una aplicación en los celulares.
¿Qué tanto le costaba hacer lo mismo?
Es que López Gatell… ay, López Gatell…
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