Chihuahua, Chih.

Inicia un año que será el preludio de lo que puede convertirse en una catástrofe democrática para el país.

En lugar de hacer un recuento de lo acontecido en el año que se fue, se hizo necesario -por lo menos para el escribiente- reflexionar sobre uno de los acontecimientos más regresivos de lo realizado por el gobierno de López Obrador, la reforma electoral.

El bloque oficialista logró la aprobación de dos de las leyes del Plan B, -las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas- que contienen un sinnúmero de inconstitucionalidades.

Constituyen la mayor regresión democrática desde el ya muy lejano año de 1977. Frente a ella, uno de los últimos ideólogos del priismo, Jesús Reyes Heroles, -autor de la reforma democrática de ese año- aparece como un adalid de la democracia.

Esas, y lo que logren aprobar en febrero o abril de este año, serán sometidas al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ahí la 4T cerrará la pinza. 

Basta con que 4 ministro(a)s de los 11 resuelvan que una buena cantidad de reformas no son inconstitucionales para que sean válidas, sin importar que se contrapongan abiertamente a las normas constitucionales.

Ahí radica la importancia de la designación de los actuales ministros de la Corte y la elección del nuevo titular de ella, cargo pretendido por la esposa del asesor constructor del presidente.

La develación del supuesto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel es, solamente, por desgracia, uno más de los numerosos incidentes en los que se aprecia la inexistencia del sentido ético de quien llegó a ostentar como uno de sus lemas el de “honestidad valiente”.

El plan estratégico de López Obrador, en materia político-electoral, estribaba en desprestigiar al INE, para luego, con absoluta impunidad, lanzar un descomunal ataque mediático-legislativo a fin de socavar a la institución, pero, sobre todo, el entramado electoral que hizo posible la alternancia partidaria en el poder, en todos los niveles de gobierno, hasta prácticamente desaparecer los conflictos electorales que marcaron la segunda parte del siglo XX, que culminaron, primero, con la derrota del PRI en la Cámara de Diputados en 1997 y, luego, en la presidencia de la república en el 2000.

Bajo el sambenito de “ahorrar” en el gasto electoral, teniendo como argumento -válido por todo lo demás- el de los insultantes salarios de los consejeros del INE, la mayoría morenista y sus satélites, aprobaron sendas reformas que afectarán severamente la certeza y legalidad de las elecciones del 2024.

Tema central de todas las reformas electorales en el pasado era darle equidad a la participación y evitar que el partido gobernante se sirviera del presupuesto y la estructura gubernamental, para asegurarse del triunfo de sus candidatos.

De ahí que en un largo proceso se llegara al fincamiento de severas sanciones a los partidos y candidatos que incurrieran en ilegalidades, que llegaban al grado de la cancelación de las candidaturas, y de la prohibición de que los funcionarios públicos efectuaran proselitismo electoral en las horas y días hábiles.

También se prohibió, a partir de la reforma electoral del 2008, la contratación por particulares, partidos y candidatos, de propaganda electoral.

Tema central lo constituía el del financiamiento privado y/o público a las campañas. 

Después de la experiencia presidencial del 2012, en la que se demostró el exceso del financiamiento privado en favor del candidato del régimen, Enrique Peña Nieto, se establecieron nuevas limitantes para ello y la creación de nuevas sanciones, que llegaban a la cancelación de la candidatura, a fin de impedir que el dinero lícito, o ilegal, financiara las campañas electorales.

Por ello se castigaba severamente la no presentación de los informes financieros de las precampañas y de las campañas.

Otro aspecto, igualmente señero, era el de darle toda la credibilidad a los resultados electorales, de ahí el nacimiento y mejoramiento constante del PREP, cuyos resultados deberían ser confirmados en las sesiones de cómputo de las asambleas distritales que se realizan el miércoles siguiente al de las elecciones.

La mayoría morenista aprobó -en el Plan B- limitar las facultades del INE en cuanto a la cancelación de candidaturas; en adelante ya no se podrán sancionar en ese extremo a los candidatos que viven el marco legal.

Además, se eliminó el PREP, un número muy importante de Juntas Distritales, el servicio profesional electoral, la Secretaría Ejecutiva, la Junta General Ejecutiva, la Oficialía Electoral y la Unidad técnica de lo Contencioso Electoral, lo que incidirá negativamente en la expedición de credenciales de elector, en la elaboración del padrón electoral, en la designación de los probables funcionarios de casilla y su capacitación, y en el litigio de los procesos electorales.

Del mismo modo, aprobaron que los partidos políticos -al contrario que todas las dependencias gubernamentales o entes privados que reciben recursos públicos- puedan hacer "guardaditos"  del presupuesto del año anterior, para gastarlos en una elección, lo que le añade elementos de inequidad a los procesos electorales.

Por si fuera poco, a tono con el discurso presidencial, se ponen limitantes a la paridad de género en las candidaturas, pues será opcional y no obligatorio.

Y la cereza en el pastel de la 4T: En consonancia con las  ilegalidades del día, -las declaraciones de diversos diputados federales morenistas en las que aceptan haber financiado la colocación de anuncios espectaculares en favor de Claudia Sheinbaum- las reformas establecen que no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones político-electorales de los servidores públicos, “… tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita”.

Es decir, que a partir de ahora, los servidores públicos podrán difundir logros, programas y obras de sus gobiernos en procesos electorales, sin que sean sancionados.

¡Órale, ni en los mejores tiempos del priato, es decir, los de la “presidencia imperial”!

Antes, desde los tiempos en que López Obrador ni siquiera era de la oposición, luchamos por evitar que los gobernantes hicieran propaganda de los “logros” de su gobierno, y ahora, desde la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha violado esas disposiciones en procesos electorales o durante la revocación de mandato.

Morena decidió suspender esa limitante en la legislación. 

Uno de sus ideólogos, Pedro Miguel, sostiene que “… En el año que está por terminar se inició también la lucha por la democratización y la racionalización de los organismos electorales y del régimen de partidos… la 4T ha debido jugar con las reglas del viejo régimen y para cambiarlas es necesario actuar dentro de sus límites. De poco sirve que las reformas propuestas por la presidencia de Andrés Manuel López Obrador tengan en las encuestas el respaldo de 70 o 80 por ciento de la ciudadanía, si una minoría legislativa es capaz de vetarlas”. (La Jornada, 30/XII/22).

Morena y López Obrador convocaron a los mexicanos a una elección, en un régimen que tenía las reglas electorales que les permitieron, incluso a ellos, competir y ganar; no los convocaron a una revolución, no a una revuelta; incluso juraron guardar la Constitución y el régimen legal existente.

También el mandato popular expresado en las urnas.

En las elecciones de mitad de sexenio, en 2021, descontando la votación de los partidos que no obtuvieron el 3%, entre los que estaban el PES, Fuerza México y Redes Sociales Progresistas, los partidos opositores obtuvieron 48%, por el 44% de Morena y sus aliados, votaciones que son las tomadas en cuenta para fijar el número de diputados por cada partido en la actual legislatura.

Sin descontar la votación de esos partidos, la oposición ganó 39.61% de la votación, (el PAN obtuvo el 18.24%, el PRI 17.73 y el PRD, 3.64%); más el 7.01% de Movimiento Ciudadano, un total de 46.61%.

A su vez, Morena con el 34.1%, más el 5.43 del PVEM; 3.25 del PT, (lo que hace el 42.78 de los aliados de Morena que alcanzaron el porcentaje requerido por la ley) más los votos de los que no alcanzaron registro, hicieron un total de 49.76% de la votación.

Estamos frente a un empate, pero, como resultado de la legislación todavía vigente, -la que quiere cambiar AMLO- Morena y sus aliados, tienen un mayor porcentaje de legisladores que el de la votación obtenida.

Y ese es el reto mayor, en materia democrática, para Morena ¿Será capaz de respetar la decisión popular?

Tal vez no, por ello quiere cambiar las reglas electorales. 

No le convienen, no porque sean incorrectas, sino porque no desea ser castigado por las ilegalidades que cometa.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)

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