Nunca, como en el año recién terminado, la clase política había sido tan cuestionada, toda; las redes sociales se convirtieron en el mejor vehículo para difundir, para fortuna nuestra, nítidamente sus defectos, errores, incapacidades, su voracidad sin límites, sus incongruencias y su enorme ineficacia para gobernar.

Si hubiese parámetros confiables para medir su desempeño al frente del gobierno, como los aplicados en una buena parte de los conglomerados internacionales, y relacionarlos con sus niveles salariales, seguramente que el despido sería la principal recomendación. No pasan los exámenes de confianza de la sociedad.

Ese, por desventura, sería el principal balance que podríamos efectuar del 2016.

También, el de la casi infinita capacidad de los mexicanos para regenerar -y de construir- la esperanza, para soñar que las cosas mejorarán, algún día, pero que sucederá, pueden ser otras de las personales recapitulaciones; que nos sobrepondremos a lo realizado por la actual clase política; que seremos capaces de construir, así, de elaborar, diseñar y construir, una nueva capa gobernante, capaz de emular las mejores y más extendidas cualidades de la sociedad mexicana.

Los gobernantes de hoy -claro está, con sus muy puntuales excepciones, que lo son, no en todos los momentos ni en todos los aspectos de la difícil tarea de gobernar- no merecen al pueblo que gobiernan.

Esa es la frase correcta, de ninguna manera la otra, la de que nos merecemos los gobernantes que tenemos; no, es al revés.

Si no, vean cómo defienden sus millonarios ingresos, cómo le impiden a los mexicanos de a pie acceder a los puestos de gobierno, cómo se gastan los recursos generados por todos; los cuantiosos y numerosos privilegios que incluyen ¡Hasta vales para comida, como si sus ingresos fueran insuficientes y debiéramos “ayudarles” a complementar sus requerimientos mínimos para vivir!

Cómo, en medio de una creciente ola de inconformidad, por el aumento a los combustibles, los diputados federales se reparten “discrecionalmente” otro bono navideño por más de 100 mil pesos; de qué modo los coordinadores y directivos parlamentarios defienden los niveles salariales de sus representados, en todos los congresos estatales.

Y de manera, hasta insultante, cómo se justifican, al momento de llegar al gobierno, luego de ser oposición, para no realizar lo prometido en las campañas electorales.

Por si fuera poco, en el caso de los priistas, la absoluta mayoría de sus gobernantes estatales culminaron sus gestiones en medio de un alud de corruptelas, conocidas y toleradas por prácticamente todos sus militantes y dirigentes de “medio pelo” pa’ arriba, porque para muchos su dependencia económica era vital, mayor a la de sus convicciones políticas o de su vocación “de servicio”.

Y si la red de corrupción -por lo menos, afectado gravemente de un serio “conflicto de interés- la encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, pocas posibilidades tiene el PRI de mantenerse mucho tiempo como la fuerza hegemónica en el país y en Chihuahua.

¿Cómo explicarle racionalmente a los mexicanos que el suministrador de los viajes aéreos de Peña Nieto en la campaña electoral era, al mismo tiempo, el principal receptor de las principales obras del gobierno del Estado de México cuando el mandatario era el hoy presidente? ¿Cómo justificar que luego apareciera como el “vendedor” de la casa blanca de la familia Peña-Rivera?

Del mismo modo ¿Cómo compaginar la lucha de Peña Nieto en contra de la corrupción si el fue uno de los impulsores de prácticamente todos los gobernadores señalados -y acusados penalmente- como corruptos, o por lo menos responsables de graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos, especialmente los federales bajo su custodia y administración, entre ellos especialmente lo referente a la deuda pública, legalmente bajo la fiscalización de la Secretaría de Hacienda y políticamente bajo la vigilancia y conocimiento del presidente Peña Nieto?

Por ello es que el 2016 fue el año de la encrucijada, por lo menos en Chihuahua para el escribiente -y quizá no nos falte razón en el resto de las entidades en las que candidatos postulados por el PAN obtuvieron el triunfo- pues ante un panorama tan ventajoso, política y electoralmente, los candidatos blanquiazules, y especialmente Javier Corral -que probablemente haya sido el revulsivo necesario para doblegar al PRI- tuvieron a su alcance una muy cómoda victoria, gracias a que recuperaron a buena parte de sus electores y se agenciaron la simpatía o, más bien, los candidatos del PRI se ganaron a pulso el rechazo de otra parte muy importante del electorado priista, y hasta de militantes de ese partido.

Pero su dilema apenas inicia, a pesar de que su gestión transita por su tercer mes, y en el que las cuentas no son tan positivas, frente a segmentos de la sociedad que votaron por una serie de aspectos más particulares que los del rechazo general al anterior grupo gobernante, aunque, por otra parte -no podía ser de otra manera- existen indudables hechos positivos en esos casi 90 días del gobierno del amanecer.

Enfrentados a una crisis financiera de proporciones mayores a la informada por los anteriores gobernantes, especialmente el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, pues no se trataba solamente del déficit presupuestario, sino de las incontables y millonarias deudas, que incluyen, sí, a proveedores, pero también a dependencias de gobierno, tanto estatal como federal, además de adeudos a trabajadores y maestros de distintos niveles de educación, los nuevos gobernantes han recurrido al aumento de algunos impuestos y derechos, a los que se habían opuesto cuando eran la principal fuerza de oposición en la entidad, entre las cuales ocupan un lugar preponderante los cobros de las fotomultas.

Por congruencia, -por poquita, ni siquiera mucha- están obligados a condonarlas, porque su partido, el mismo que los postuló, y no pueden alegar que fue una ú otra instancia, fue el que promovió y solicitó el amparo de la justicia federal para oponerse a ellas, por inconstitucionales y por tener un “afán recaudatorio”.

Y no se trata de justificar el exceso de velocidad de quienes incurrieron en esa irregularidad.

Lo peor son las justificaciones usadas, semejantes a las empleadas por sus antecesores.

Materia económica para demostrarle a los chihuahuenses que llegaron al gobierno con una actitud distinta a la de los predecesores hay más que suficiente.

Por ejemplo, la disminución a la mitad de los salarios de los funcionarios de los 3 primeros niveles, incluidos magistrados, magistrados electorales, consejeros electorales, los del Ichitaip, de la CEDH, de la Junta de Aguas; los presidentes municipales de las 6-8 más importantes ciudades; los regidores de esas mismas ciudades.

La desaparición -o si quieren, la renuncia- de las prebendas de los diputados, como la de ganar 40 días de aguinaldo para disminuirlo a 20, las “ayudas” parlamentarias, los vales de gasolina o para la despensa; los ingresos extras de los presidentes de las comisiones, etc.

Por otra parte, lo peor es que actúen, con las instancias de gobierno, como los anteriores; empiezan a aparecer los reportes acerca de la inveterada costumbre de promover en numerosos puestos de trabajo a quienes demuestran militancia partidaria y ya no solamente en los puestos de mando, lo cual es totalmente justificado.

Igualmente, y esta era la oportunidad de oro, -porque ahora los panistas son los gobernantes en el estado, en la capital del estado y en casi todos los municipios mayores, además del Congreso del Estado- la vieja consigna electoral de devolverle a los municipios la dirección de tránsito, así como el de la administración del agua, se ha desechado, por lo menos hasta ahora, y sin que se conozca la intención, de, por lo menos, elaborar un diagnóstico y una ruta crítica para la entrega de tales direcciones a los municipios y avanzar en el desarrollo de la gestión administrativa de ellos.

Si hubiera una materia que debieran aprobar quienes ahora gobiernan, sin duda alguna, será la congruencia política, no tienen mucho tiempo para demostrarlo, si acaso el año que inicia bajo condiciones extremadamente preocupantes pues las movilizaciones, generadas por la elevada irritación popular por el incremento a los precios de los combustibles los llevarán a enfrentarlas, ahora desde el lado de quienes gobiernan.

Obligados están a dejar de lado la triste experiencia de haber ordenado la presencia de policías antimotines en el interior del Salón de Sesiones del Congreso del Estado, cuando las organizaciones campesinas decidieron protestar por las evidentes fallas del presupuesto estatal. Y si las movilizaciones adquieren proporciones mayores, deberán mostrarnos la cara de mesurados y comprensivos gobernantes.

Eso esperamos, y eso merecemos los chihuahuenses en el 2017, y en los años venideros también.

¡Feliz Año Nuevo a todos!

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